El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón aprobará en las próximas semanas la modificación de la Ley de la Huerta para que los proyectos para encauzar el barranco del Poyo y de La Saleta puedan llevarse a cabo.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Ejecutivo ultima una reforma que quitará al Consejo de la Huerta las competencias urbanísticas y de territorio que actualmente tiene atribuidas. De manera que, a partir de su modificación, el organismo solo podrá pronunciarse sobre cuestiones agrarias.
Si lo hiciera sobre cuestiones urbanísticas, sus informes tendrán un mero carácter consultivo, pues estos dejarán de ser preceptivos y vinculantes al no encontrarse estos asuntos entre sus cometidos.
A partir de entonces, será la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus la responsable de emitir cualquier tipo de dictamen en este sentido. «Y habrá una voluntad clara de evitar cualquier impedimento para que se realicen estas obras», explican fuentes del Gobierno valenciano.
La intención en el seno del Consell es reformar esta ley vía decreto ley para poder «agilizar los plazos», según explican fuentes consultadas por este diario. Una fórmula en la que se aplican menos controles y que sortea la tramitación ordinaria en Les Corts, pero que justifican en la «urgencia» que merecen las obras.
Ahora bien, a pesar de que lo apruebe el Gobierno en un pleno, necesitarán a Vox para poder sacarla adelante, dado que el decreto ley debe ser convalidado en el Parlamento para tramitarse como tal y no como proyecto de ley.
Por ello, y para que no peligre la reforma del texto legal, el PP ya habría negociado el respaldo de Vox, que fue su socio en el Consell hace menos de un año. Con los votos a favor de sus 13 diputados, el decreto-ley quedará aprobado tal y como lo redacte el Gobierno valenciano con 53 apoyos.
Carlos Mazón y José María Llanos (Vox) en Les Corts Valencianes. EP / Jorge Gil
La Ley frenó las obras
Cabe recordar que la Ley de la Huerta frenó en su día las obras que hubieran contribuido a minimizar el impacto de las inundaciones causadas el pasado 29 de octubre por la dana que azotó la provincia de Valencia.
En 2021, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, reconoció en una respuesta parlamentaria en el Senado haber elaborado ya un estudio para calcular el llamado coste-beneficio de las actuaciones en las dos ramblas.
«No siendo definitivos los resultados del citado estudio, sí se muestra que ambas actuaciones son viables desde el punto de vista económico, social y ambiental», explicaba en su respuesta el Ejecutivo a una pregunta del senador Carles Mulet.
Actuaciones previstas en el barranco del Poyo y sus localidades adyacentes desde 1994. Diseño: Arte EE
Se refería, en concreto, al acondicionamiento del barranco de la Saleta en el tramo de Aldaia y la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a l’Albufera. Y proseguía: «Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar va a impulsar la redacción de dos proyectos que se corresponden con las actuaciones estudiadas».
Así, la CHJ se comprometía a mantener «reuniones de trabajo con las Administraciones afectadas, en especial con los ayuntamientos más directamente afectados como Aldaia» para que la solución fuera lo «más consensuada posible».
«La Confederación Hidrográfica del Júcar, dentro de sus competencias, está trabajando para adoptar medidas que minimicen el riesgo de inundación en los municipios de la traza y entorno de los barrancos de la Saleta y Poyo, en sus tramos bajos», concluía la respuesta al senador de Compromís.
Sin embargo, los proyectos acabaron paralizados «por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales». Concretamente, por su «incompatibilidad» con la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de Valencia, aprobada en marzo de 2018 por el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig.
Esta normativa creó el denominado Consejo de la Huerta. El organismo emitió informes desfavorables sobre la mejora a realizar en el barranco del Poyo y de La Saleta, pese a que los técnicos reconocieron en su momento que las obras eran urgentes para evitar inundaciones. Por lo que el Ministerio de Transición Ecológica acabó bloqueando las obras.
«Sin excusas»
Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus lamentan que el Botánico y Ximo Puig aprobaran en su día esta ley sin la que se hubieran podido minimizar el impacto de las inundaciones y realizar las obras que avalaron en su día los técnicos.
El objetivo con esta reforma es que se puedan llevar a cabo los proyectos por parte del Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar. «Ya no habrá más excusas para acometerlos».
«De hecho, serán fundamentales para el desarrollo urbanístico, ya que desde la Generalitat se han suspendido los procedimientos en suelo rural afectado por las inundaciones hasta que exista una relación programada de obras hidráulicas para que no se puedan llevar a cabo reclasificaciones mientras no se garantice la seguridad», zanjan desde el Ejecutivo.
