Donald Trump ganó su segunda presidencia en buena parte por una promesa de mano dura con la inmigración y poner en marcha lo que definía como “el mayor programa de deportación de la historia”. En sus primeras horas de vuelta en el poder, ha entregado incluso más: un puño de hierro.
Con más vigor y preparación que hace ocho años, cuando su agenda inmigrante ya estaba incrustada en su ADN político, y con su asesor y ahora jefe adjunto de gabinete Stephen Miller como cerebro de la embestida, el republicano ha arrancado su segundo mandato con una avalancha de órdenes, proclamaciones y acciones ejecutivas. Estas abarcan desde la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur o la movilización del Ejército para «defender la soberanía e integridad» ante una “invasion» hasta un atrevido intento (inmediatamente retado en los tribunales) de quitar el derecho de ciudadania por nacimiento en el país, reconocido en la Constitución.
La potencia de las acciones de la primeras horas se ha reforzado con medidas administrativas que empezaron a aplicarse cuando aún estaba en su ceremonia de inauguración, con decisiones de personal y con las primeras operaciones policiales de agentes de ICE (la agencia policial de inmigración y fronteras) que confirmaba en CNN el nuevo ‘zar’ de la frontera, Tom Homan..
De esa forma, Trump ha empezado no solo a cumplir la promesa de deportar a inmigrantes sin papeles sino a alzar un muro en Estados Unidos para inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo que va más allá de la barrera física con México en la que, por otra parte, reinicia la construcción también bajo una acción ejecutiva. Y sienta las bases para alterar de forma radical y duradera la relación con la inmigración de EEUU.
Derecho de ciudadanía y Ejército
El giro más profundo es el intento de retirar el derecho a la ciudadanía que en 1867 se selló en la Constitución, en la Decimocuarta Enmienda, para prácticamente cualquiera nacido en el país (hay alguna excepción como los hijos de diplomáticos). La orden ejecutiva de Trump establece que, empezando el 19 de febrero, no se otorguen documentos estadounidenses a los bebés nacidos de parejas donde al menos uno de los progenitores (el padre o la madre) no sea residente legal o ciudadano. Afecta tanto a hijos de personas sin documentos como de quienes están con permisos temporales legales en EEUU como visados de trabajo o estudios.
Varios grupos de derechos civiles interpusieron una demanda el mismo lunes por la noche y este martes lo han hecho los fiscales generales de 18 estados. Y aunque sobre el papel el precedente judicial y legal va contra Trump, pues cualquier cambio constitucional requiere un voto de supermayoría en las cámaras del Congreso y ratificación de tres cuartas partes de los estados, se anticipa una intensa batalla en tribunales.
Pueden topar también con retos legales otras acciones que pone en marcha Trump como la movilización del Ejército para “sellar la frontera” o la asignación a las fuerzas armadas de un papel en tareas policiales de inmigración, pues ese paso chocan con la ley Posse Comitatus, que desde finales del siglo XIX prohibe esas funciones en suelo nacional. Y su designación de carteles de narcotráfico y otros grupos criminales como organizaciones terroristas abre posibilidades de conflicto con otros países.
Efecto inmediato
Los efectos de las determinadas acciones de Trump, no obstante, son inmediatos y profundos. En el torrente de medidas se incluye una suspensión, supuestamente temporal pero por ahora indefinida, del programa de asentamiento de refugiados. Y el mismo lunes al mediodía dejó de funcionar la aplicación CPB One, que la Administración de Joe Biden había puesto en marcha para ordenar las peticiones de asilo en los puntos de entrada legales. Decenas de miles de personas que ya habían cerrado sus citas para esas solicitudes y esperaban en México las vieron anuladas.
Trump, ademas, pone en marcha la reinstauración de la política “Quedarse en México”, que obliga a quienes buscan asilo a esperar allí para tener una cita con los tribunales, y anula formalmente la política de “capturar y liberar”, que permitía a inmigrantes detenidos en la frontera esperar en EEUU mientras se resolvían sus casos de asilo. Su Departamento de Justicia, además, retiró de sus cargos a las cuatro más alta responsables de la agencia encargada de los tribunales de inmigración, un embudo donde en octubre quedaban 3,5 millones de casos por resolverse..
Las operaciones de deportación supuestamente van a centrarse de forma prioritaria en inmigrantes con historiales criminales, pero en la red de operaciones policiales puede caer cualquier indocumentado, como admitía en CNN Homan. Y FoxNews desvelaba este martes que entre políticas implementadas por la Administración de Joe Biden que Trump ha anulado está la que prohibía redadas en lugares como escuelas, hospitales, iglesias, establecimientos de servicios sociales o “lugares donde se congregan niños”, una de las decisiones que ha disparado el miedo en las comunidades de inmigrantes. Trump también ha desmantelado el grupo de trabajo creado por Biden para buscar la reunificación de familias que fueron separadas en la frontera.
