Orihuela, junto a Santa Pola, Vall d’Ebo, Ibi y Benigembla, estaban en la «lista negra» del Tribunal de Cuentas por ser los cinco municipios de la provincia que aún no habían presentado la cuenta general de 2023, algo que se debería haber hecho antes de que concluyera el año pasado.
Después de aprobarla el pasado diciembre en comisión sin el visto bueno de la tesorera, el Ayuntamiento oriolano ha solventado este incumplimiento ante el órgano fiscalizador en un pleno extraordinario que despachó el asunto este martes en apenas 15 minutos, con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos y con la abstención de PSOE y Cambiemos.
Lo hizo por la vía de urgencia, algo que contó con el rechazo de los socialistas y la abstención de Ciudadanos y Cambiemos. Pese a que la formación naranja dio el visto bueno a este documento que recoge gastos, ingresos, beneficios, pérdidas, ejecución del presupuesto, financiación, deudas, préstamos y cuentas de las sociedades municipales para su fiscalización, su portavoz, José Aix, quiso meter el dedo en la llaga. Al igual que ocurrió en el pleno para la aprobación inicial de los presupuestos de este año, cuatro días atrás, el juicio al alcalde, Pepe Vegara, este miércoles, sirvió como azote de la oposición.
Al igual que con los presupuestos, fue el concejal Víctor Valverde (PP) el encargado de defender la cuenta general, y no el edil de Hacienda, el propio Vegara. «Entendemos que tenga dificultades para hablar de números, y más en estas fechas», le espetó Aix al regidor tan solo 24 horas antes de que se tenga que sentar en el banquillo de los acusados, junto a otros miembros del consejo de administración de la entidad ITV Vega Baja SA y de otras dos empresas, por un delito de falsedad en documento mercantil y dos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto de Sociedades y el IVA del ejercicio 2005.
Juicio
La Fiscalía, que pide en su escrito de acusación pide una pena de siete años de cárcel, sostiene que Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las «maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación de Inspección Técnica de Vehículos», de la que Vegara era consejero delegado y apoderado general, 760.539 euros del impuesto de sociedades y otros 157.396 euros de IVA.
Todo, según el Ministerio Público, a través de un plan mediante el que la empresa presentaba supuestas facturas falsas ante Hacienda por la compra a un proveedor de 100.000 agendas publicitarias al objeto de deducir impuestos.
El escrito señala que Vegara, junto al resto de acusados, «movidos por la común intención de ocasionar perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública, urdieron y orquestaron» un plan «ilícito», a fin de crear unos gastos deducibles a favor de la mercantil ITV, con sede en Redován, en el ejercicio de 2005 para el caso del impuesto de sociedades y unas cuotas de IVA «ficticias y falaces».
Reproches
«Nos parece irrespetuosa su actitud como concejal de Hacienda de no haber dado ni una sola explicación en cuanto a contabilidad», continuó Aix, que le reclamó que tuviera la portavocía en estos asuntos. Nos preocupa su silencio. «¿No habrá aquí también alguna factura extraña?», se preguntó, aunque a renglón seguido reculó: «Entendemos que no, y por eso vamos a votar a favor».
Manuel Mestre (Vox), que en el caso de los presupuestos salió en defensa de la lealtad hacia su socio de gobierno, se hizo eco de las observaciones que han hecho Intervención y Tesorería a la cuenta general, con discrepancias que existen en las contabilizaciones pendientes, las regularizaciones necesarias y los pagos duplicados o erróneos, para añadir que «no solo responsabilidad del actual equipo de gobierno, sino también del anterior, que dejó contratos vencidos y sin licitar, deudas sin abonar, pagos duplicados y un inventario municipal desactualizado e incoherente con el activo sin un reflejo real de amortizaciones». También aludió a que hay operaciones sin contabilizar de los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, e incluso echó para atrás hasta 2014 para insistir en que «de este galimatías contable no solo es responsable este equipo». «No es una cuestión de sacar rédito político de esta anómala situación, que es responsabilidad de todos, sino de trabajar juntos en beneficio de los ciudadanos», concluyó.
Llega tarde
Por alusiones, María García (PSOE) pidió a Mestre que dé a cada uno lo que le corresponde, porque los socialistas, recordó, estuvieron gobernando en 2023 solo un semestre. A continuación, explicó la abstención de su grupo por la falta de la firma de la tesorera y porque llega tarde -debía llegar antes de que finalizase el año-, con consecuencias negativas como la pérdida de subvenciones, una información a la que no han tenido acceso pese a que la pidieron en diciembre.
Ahora sí, fue cuando Vegara, en el turno del PP, hizo uso de la palabra para pedir disculpas y hasta perdón por no haber trasladado antes esta información y dejar claro que «ninguna subvención se ha perdido». En este sentido, explicó que hubo un primer informe de Secretaría que advertía de que la cuenta general no se había podido presentar en tiempo porque «había una funcionaria que había hecho dejación de sus funciones», en referencia a la tesorera, con la que Vegara mantuvo un pulso durante todo el año pasado, después de que la funcionará, al igual que la interventora, pidieran una equiparación salarial a la del secretario, tras conocerse la creación de cuatro nuevos altos cargos que serían designados a dedo y que costarían 400.000 euros.
Reconoció que «hubo subvenciones en riesgo por la inacción de esta funcionaria», pero que «Secretaría evitó su pérdida» con un escrito a los estamentos que tenían que otorgar las ayudas, retrasando el plazo de presentación, que ahora se cumple con la aprobación de la cuenta general en este pleno. Aix preguntó cómo va a depurar responsabilidades con esta funcionaria, aunque no hubo respuesta.
Rendición de cuentas
Las administraciones públicas que incumplan la obligación de rendir cuentas se enfrentan a importantes consecuencias, como el hecho de no poder recibir subvenciones. Además, aunque la normativa de Haciendas Locales no prevé sanciones, el órgano fiscalizador puede poner multas de 7.000 a 100.000 euros. El portal de Rendición de Cuentas es una iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas y cuenta con la participación de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, para facilitar el acceso ciudadano a la transparencia de las administraciones más pequeñas y cercanas.
