El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun , situó en estos dos puntos las coordenadas de por dónde debería ir Telefónica. El relevo de su hasta ahora presidente, defendió el ministro, «tiene que servir sobre todo para los consumidores y ciudadanos de nuestro país, para acabar con la exclusión social en el acceso a servicios públicos esenciales , como el acceso a internet». Reclamó también «que sirva para que exista en nuestro país servicios de calidad públicos y asequibles para la mayoría social». Todo ello, después de criticar duramente la gestión de Álvarez-Pallete.
Uno de los principales reproches que le lanzó fue precisamente haber «subido los precios» de sus servicios de telecomunicaciones, después de encadenar varios años aumentando sus tarifas de telefonía móvil y televisión por cable. La última subida tuvo lugar el lunes de la semana pasada. Desde Sumar presionan públicamente para lograr estos objetivos que, en caso de cumplirse, no dudarán en atribuirse.
«Revertir la privatización» de Aznar
No son las únicas peticiones que lanzaron los de Yolanda Díaz, que este lunes también reclamaron aumentar la participación del Estado en Telefónica, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. El relevo exprés en la compañía se ha ejecutado siete meses después de que el Gobierno adquiriera el 10% de sus acciones, algo que hizo en respuesta a la entrada con otro 10% de la empresa pública de telecomunicaciones saudí, STC. Entre los motivos que argumentó el SEPI para su entrada estaba el de y aportar una «mayor estabilidad accionarial» a la compañía para la consecución de sus objetivos, y la «protección de sus capacidades estratégicas».
Para Sumar, el Gobierno debe ampliar su control de las empresas estratégicas, con la tesis de que «España es uno de los países con menor participación en empresas estratégicas de nuestro entorno», asegurando que esta circunstancia es fruto de un «proceso de privatización» durante la época del expresidente José María Aznar, cuando el Estado vendió en 1997 el 20% de las acciones que tenía en Telefónica. «Fue un gravísimo error que tenemos que revertir» , defendió este lunes Urtasun, llamando a que «el Estado vuelva a estas empresas».
Sumar también anunció su intención de impulsar una reforma para limitar las indemnizaciones de los altos directivos, tildando de «escandalosa» la cuantía que percibirá Álvarez-Pallete tras su salida de Telefónica, de más de 35 millones de euros, algo que «socialmente, nadie entiende». Una reforma legal que impulsarán próximamente, está por ver si a través del Congreso o si logran aprobarlo desde el Consejo de Ministros.
