El Gobierno trabaja para poner en marcha un mecanismo con el que garantizar la total seguridad del suministro eléctrico en todo momento y evitar apagones en el futuro. Un sistema que servirá para repartir ayudas millonarias a las compañías energéticas que puedan garantizar inyecciones de electricidad extra cuando sea necesaria y también a la gran industria u otros grandes consumidores dispuestos a reducir su consumo de luz para evitar desajustes. Las compañías energéticas llevan años reclamando el lanzamiento de este sistema de ayudas, pero ahora se lanzan a exigir mejoras a la propuesta del Ejecutivo y piden cambios sustanciales al diseño del mecanismo antes de su puesta en marcha.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado ahora por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha abierto un proceso de consulta pública para recabar las propuestas del sector energético sobre el mecanismo diseñado de manera inicial. Las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola o Naturgy) y las patronales energéticas (tanto las de las eléctricas Aelec como las del sector gasista Sedigás) preparan sus escritos de alegaciones que deben presentar antes del próximo 29 de enero.
El objetivo es crear un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas planas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente.
El plan pasa por lanzar subastas para determinar cuánto pagar (el mínimo posible) a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico.
Las compañías y las asociaciones empresariales aún trabajan en sus propuestas y no tienen cerrada su posición final para presentar en la consulta pública. Pero algunas de las peticiones serán coincidentes de manera generalizada en gran parte del sector energético. En las alegaciones que compañías y patronales presentarán al Ministerio para la Transición Ecológica se solicitará de manera generalizada que el futuro mecanismo recoja la posibilidad de que las centrales eléctricas (especialmente las centrales de gas) que se queden sin ayudas tras la celebración de las subastas puedan cerrar o puedan hibernar su actividad, según apuntan varias fuentes del sector energético a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Las decenas de centrales de gas activas en España llevan años reclamando un sistema de retribución sólo por estar disponibles para funcionar cuando lo necesita el mercado eléctrico. Durante muchas horas las centrales térmicas (con una potencia conjunta de más de 26.000 megavatios, MW, en total) no son necesarias para cubrir el consumo previsto y no entran en funcionamiento, pero están obligadas a estar disponibles sólo por si la producción del resto de tecnologías no es suficiente para cubrir la demanda.
El nuevo mecanismo que prepara el Gobierno pretende solucionar este problema, pero tal y como está diseñado actualmente no se da la posibilidad de que las plantas que no reciban estas ayudas puedan dejar de funcionar. Una exigencia que ahora pretende reivindicar el sector. Desde el sector eléctrico se lleva años reclamando ayudas de entre 400 y 500 millones de euros al año para asegurar la viabilidad de las centrales de gas y no cerrarlas.
Las grandes eléctricas quieren tener libertad para poder clausurar o paralizar la producción de sus centrales de gas en caso de no recibir esa retribución. Las compañías no pueden cerrar libremente sus instalaciones hasta recibir el permiso del Gobierno, después de que Red Eléctrica -el gestor del sistema eléctrico- garantice formalmente que el cierre de las plantas no supone un riesgo para la seguridad de suministro.
Seguro contra apagones
El objetivo del Gobierno es contar con una suerte de ‘seguro’ que evite apagones y hacerlo con un mecanismo que sea más barato para los consumidores que otras opciones. Un sistema que, a la espera de la autorización de la Comisión Europea y de toda la tramitación legal, estará activo de manera transitoria a partir de 2026 y se desplegará de manera íntegra a partir de 2030. El mecanismo propuesto apuesta por crear un mercado en el que participen las instalaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía).
Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica de España (REE). La prestación del servicio y la cuantía de los pagos se establecerá mediante un sistema de subastas de potencia firme (medida en megavatios que se consideren necesarios) y por precio (medido en euros por cada MW y por año).
La participación en la subasta tiene condiciones. Sólo podrán participar instalaciones existentes generadoras de electricidad cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de los 550 gramos por kilovatio hora producido (lo que permite que entren las centrales de gas, las grandes candidatas para recibir pagos y poder así mantener su actividad), las plantas de producción aún no activas sólo podrán ser de energías renovables o sistemas de almacenamiento, se exige un mínimo de flexibilidad de las plantas en arranque y parada de su producción (lo que en la práctica impide que reciban las ayudas las centrales nucleares), y quedarán fuera las plantas que ya reciban otros tipos de retribución regulada (sean las primas a renovables del Recore, los antiguos pagos de capacidad que mantienen algunas centrales de gas o hidroeléctricas de bombeo, o los pagos para la gran industria que participa del actual sistema de respuesta activa de la demanda).
