la industria militar, cabreada por la protección del Gobierno

El nombramiento de Ángel Escribano como nuevo presidente de Indra ha provocado enfado y «cabreo» entre la industria militar española. El crecimiento de él, de su hermano Javier (también consejero en la tecnológica) como de su empresa, Escribano Mechanical & Engineering, suscita recelos entre el resto de operadores.

«En 2019 no eran nadie», apunta un empresario del sector. «Todo se disparó en 2020, con la pandemia y los respiradores». En marzo de ese año, en el inicio de la pandemia de la Covid, varios ministerios se pusieron en contacto con Escribano para que fabricase los deseados respiradores. Antes, se licitó un contrato para adquirir 5.000 de estas máquinas a la empresa Hersill SA por 36 millones de euros. Posteriormente se incluyó a la compañía del ahora presidente de Indra.

Hersill sabía el cómo hacerlo, pero carecía de la capacidad para sacar el contrato adelante. Es por eso que se incluyó a Escribano, especialziada en repuestos de material militar y sin experiencia en el mundo sanitario. Según publicó El Debate, la Policía investiga un posible sobrecoste de 21,1 millones de euros. Una denuncia de otro empresario que participó en el trato inicial señala que Hersill vendió los respiradores a Escribano por 1.724,35 euros más IVA, y los hermanos ahora en Indra al Gobierno por 5.959,34 euros más impuestos.

Al conseguir el contrato de los respiradores, el Ministerio de Defensa dió un impulso a la empresa, que «hasta entonces era de segunda», señala otro empresario del sector militar. El 13 de mayo de 2020 se anunció que entraban a formar parte del programa VCR 8×8. El departamento de Margarita Robles ha licitado un presupuesto de 2.100 millones para construir 348 vehículos de combate que jubilen a los BMR. En la ecuación ya estaban Indra, Santa Bárbara (General Dynamics) y Sapa Placencia.

El programa 8×8 está siendo un desastre. Los retrasos son continuos, los blindados no llegan y no hay fecha para que lo hagan. Además, en mitad de diciembre del año pasado, dimitió el coronel Vicente Infante, que estaba al frente del plan en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa. Los VCR son clave para modernizar el Ejército español.

Silam, SIVE, antidrones…

En el sector de la defensa el malestar es grande. Han visto como en los últimos años «le han dado todo» a Escribano. Incluso algunos apuntan a que los contratos están diseñados «a dedo» para que los hermanos se lo puedan llevar. Esto, claro, ha disparado su facturación desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa y Margarita Robles al Ministerio.

Uno de los grandes contratos que ha conseguido Escribano es el SILAM, el programa lanzacohetes del Ejército. El contrato, que asciende a 700 millones, lo ganaron en una UTE con la alemana Rheinmetal Expal Munitions, aunque la tecnología es israelí. Las compañías esperan que a mediados de este año se hagan las primeras pruebas de fuego. El Grupo de Artillería Lanzacohetes de Campaña, que tendrá dos baterías con seis lanzadores cada una, estará operativo en tres años. Eso si no ocurre como con los 8×8.

Escribano también cuenta con los contratos del SIVE de la Guardia Civil. Este sistema es el empleado para controlar los movimientos de pateras y narcalonchas que intentan llegar a España. En el Portal de Contratación hay decenas de contratos, que siempre se lleva la empresa de los hermanos. También cuentan con el mantenimiento de las mismas. Fuentes de la Benemérita desplegadas en puntos calientes para estos asuntos, como la costa de Cádiz y las Islas Canarias, afirman que «están más tiempo en mantenimiento que operativos».

Otro contrato jugoso conseguido por la empresa es el de las torretas de la Armada, bautizado como sistema Sentinel 30. Defensa compró cuatro de estas estaciones a Escribano por 4,6 millones de euros. Con un cañón Mk44 Bushmaster II, usa munición de 30 y 40 milímetros. Es capaz de disparar hasta 200 veces por minuto.

Compra de robots, desembarco en Linares

En abril de 2024, Escribano compró la tecnológica Aunav a los japoneses de NTT Data (la antigua Everis). La línea empresarial de la compañía pasa por la fabricación de robot para las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad. El acuerdo se cerró en algo más de 6,8 millones de euros.

El negocio de la defensa es estratégico y clave para cualquier país. Cualquier tipo de adquisición o absorción tiene que tener el visto bueno del Gobierno. También para exportar material a otros países. La compra de Aunav es una prueba más de que Escribano cuenta con el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, recientemente, la minsitra de Hacienda, María Jesús Montero, en su faceta de candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, anunció que la compañía se instalará en Linares (Jaén). Lo hará en las antiguas instalaciones de Santana Motor. El Gobierno pretende crear de este municipio jienense un lugar referente en materia militar. Tras una disputa política, allí se está construyendo el Centro Tecnológico de la Defensa, el Cetedex, del que Escribano seguro tendrá mucho que decir. Y ganar.