El Gobierno ha arrancado el año con poniendo sobre la mesa dos iniciativas en vivienda y justicia sobre las que marca terreno al margen de sus socios. A pesar de estar en minoría parlamentaria, los socialistas se han lanzado con un paquete de medidas para facilitar el alquiler asequible y una polémica reforma de figura de la acusación popular sin consenso previo. Ni siquiera con Sumar, socios de la coalición de Gobierno, que ha respondido dando cuenta de sus discrepancias.
En lo que se refiere al plan de vivienda, los de Yolanda Díaz lo consideran insuficiente, al igual que otros socios del arco progresista. Algunas de las medidas incluso las tildan de contraproducentes, como es el caso de las bonificaciones fiscales dirigidas a los propietarios para fomentar la reducción del precio del alquiler. La limitación de la acusación popular, por otro lado, la rechazan de plano al considerar que se trata de una figura fundamental a preservar.
El Gobierno abre así dos nuevos frentes en los que no solo tiene mayorías aseguradas, sino que se aísla de sus socios. Un cambio en el método de negociación, que pasaba hasta ahora por buscar consensos previos, y que da cuenta del interés del PSOE por marcar un mayor perfil propio y hacerse con banderas ante una legislatura incierta. De hecho, ninguno de los ministros de Sumar acudieron al acto donde Pedro Sánchez presentó el paquete de vivienda, frente a once ministros socialistas que lo arroparon.
Fuentes del Ejecutivo justifican la necesidad de ambas medidas, que presumen transversales pese a las dudas de sus socios, y que comenzarán ahora a negociarlas. La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, iba más allá al responder a las críticas buscando retratarlos: “Veo difícil oponerse a esa medida tan importante, si decimos que hay un problema de precios y que se necesita movilizar vivienda, y que para ello estamos dispuestos a que el 100% de las rentas puedan ser bonificadas para bajar el precio a los inquilinos”. Sin medias tintas, concluía que “si alguien quiere boicotearlo no tendrá que responder ante el Gobierno, sino ante los ciudadanos”.
El Gobierno gira en su relación con el independentismo, buscando situar límites como en lo referente a su exigencia para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, pero también se aleja del espacio a su izquierda. Lo hace disputando la bandera en vivienda, por un lado, y tratando de visualizarse como una opción más transversal. A ello se suma el choque en la reducción de la jornada laboral.
De ahí que en Moncloa aduzcan que ni se someten al dictado de los independentistas, como los acusan desde la oposición, ni tampoco que no cumplan ninguno de sus compromisos, como critica Carles Puigdemont y por lo que ha decidido suspender negociaciones. “Son incompatibles” ambas a la vez, aducen.
Refuerzo electoral
El Gobierno aspira a devolver el foco “a lo importante” ante los múltiples frentes judiciales, mientras intenta imponer su sello a la agenda legislativa. En el Ejecutivo repiten su intención de agotar la legislatura hasta 2027, aunque deslizan un giro con más interés electoral, de relato, que puramente parlamentario por la complejidad de esta legislatura en armar mayorías electorales. De mensajes en clave de competición electoral se está plagando también el proceso de renovación territorial del PSOE, con la gira por las federaciones que arrancó Sánchez este fin de semana.
La reforma de la justicia que propone el Gobierno se ha defendido como respuesta a la “perversión” por parte de la “ultraderecha” del uso de la acusación popular en las causas que tienen abiertas. Solo el PNV ha mostrado su apoyo, aunque rechazando la disposición transitoria que serviría para cerrar casos en curso, como el de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Comienza a pesar la incertidumbre sobre el recorrido de la legislatura, con las cuentas públicas cada vez más lejos por los órdagos de Junts y el efecto contagio en el resto de grupos que apoyaron la investidura. La espiral competitiva entre sus socios, como es el caso de ERC y Junts, PNV y EH Bildu e, incluso, Sumar y Podemos, tampoco ayuda al tener como resultado que eleven sus posiciones de máximos.