la segunda criba de la vergüenza en las residencias de Ayuso para evitar derivaciones

Los protocolos de no derivación que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firmó durante la primera ola de la pandemia del Covid, también conocidos como “protocolos de la vergüenza” y que en la práctica privaron de la asistencia sanitaria a casi la totalidad de las personas internas en residencias, estuvieron complementados por otro documento que facilitaron aquella criba que terminó acelerando la muerte de 7.291 personas.

Aquel texto, a lo mejor menos conocido, fue el Protocolo de actuación en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19, cuyo nombre informal fue Protocolo clínico o Protocolo técnico.

«Absolutamente complementarios»

El documento vuelve a estar sobre la mesa gracias a la macrodenuncia de 109 familiares de víctimas que fallecieron en los centros de la tercera edad en las primeras semanas de coronavirus y que han logrado recientemente -aunque la redacción de los folios date del año pasado- que la Fiscalía reabra la causa. Así lo explican en su escrito:

“Junto a al Protocolo de no derivación, existió un segundo documento clave a la hora de discriminar a los residentes, conocidos como el ‘Protocolo clínico’ o ‘Protocolo técnico’. Su título oficial era “Protocolo de actuación en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19. Era un documento de 28 páginas, frente a las cinco del ‘Protocolo de no derivación’, donde de especificaban medidas para limitar la transmisión del virus (…) Ambos documentos eran absolutamente complementarios. Si se nos permie el símil, el Protocolo de no derivación era la ley y el Protocolo clínico el reglamento”.

Dos «criterios discriminatorios por discapacidad»

La parte denunciante adjunta un extracto de aquel ‘anexo’ -si se permite la licencia- que muestra las preguntas sobre los pacientes a las que debían responder las residencias antes de llamar al geriatra hospitalario. El ‘formulario’ preguntaba sobre los síntomas de las personas de quienes se pedía su derivación, su comorbilidad, si tenían cáncer y el estado del mismo en caso afirmativo, así como alguna neumopatía, cardiopatía, insuficiencia avanzada, párkinson, ELA o derivadas etc.

Dentro de las preguntas a las que debía responder el personal de los centros de la tercera edad destacan dos “criterios discriminatorios por discapacidad”, según apuntan quienes rubrican la macrodenuncia: el índice de Barthel y la escala GDS. El primero obedece a un instrumento que mide la capacidad de una persona de realizar una decena de actividades de la vida diaria, consideradas como básicas para, a partir de ahí, obtener una estimación cuantitativa de su grado de independencia. Por su parte, el GDS, siglas que atienden a Global Deteriorarion Scale, consiste en la descripción clínica de siete fases diferenciadas desde un estado inalterado hasta los grados más severos de la demencia de enfermedad de Alzheimer.

El autor de este segundo protocolo fue Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los 22 doctores que decidieron en aquellos días qué enfermos tenían derecho al hospital. En su caso, tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del hospital de Móstoles Rey Juan Carlos. Así lo confirmó a preguntas del diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, en marzo de 2021. “Podríamos decirlo así”, respondió a la pregunta de si era el “coordinador del protocolo”.

Su firmante: “No me parece lo parece en absoluto”

El vis a vis entre el médico y el político durante aquella jornada fue uno de los más tensos de la investigación impulsada por la izquierda y que, a día de hoy, no ha encontrado una respuesta penal firme. Sí una contestación social, con innumerables protestas contra la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid al principio de la pandemia. Este fue el intercambio dialéctico al que hacen referencia estas líneas.

+Emilio Delgado: “¿No era discriminatorio negarle ese auxilio a mayores se residencias?”.

-Francisco Javier Martínez Peromingo: “No me parece en absoluto discriminatorio”.

Carlos Mur habló de “fallecimientos evitables”

Los protocolos clínicos se enviaron por correo adjuntos a los de no derivación. En los mensajes, llegados a altos cargos de la región se indica expresamente que la comunicación “debe hacerse extensiva” a los gerentes y los directores médicos de los hospitales de la autonomía.

Su texto se limita a una explicación de los documentos que aparecen en ellos, a excepción de uno enviado por Carlos Mur -quien firma los de “la vergüenza”- en el que reconoce “fallecimientos evitables”.

“En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIS en residencias debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales. El objetivo principal en este momento es disminuir fallecimientos evitables en determinados centros”, emplaza el mail. Hasta 18 personas eran destinatarias de estos correos, pero solamente ocho recibieron las cuatro versiones del protocolo.

Se empezaron a aplicar antes

Los bautizados como protocolos de la vergüenza se firmaron al menos entre el 18 y el 25 de marzo de 2020, aunque su aplicación se empezó a acometer antes.

Así lo confirman informes clínicos a los que tuvo acceso en exclusiva este periódico correspondientes a un paciente que falleció en la residencia Monte Hermoso: “El día 8 de marzo se inicia control de temperatura diario de todos los residentes por parte del departamento médico y de enfermería y las medidas de aislamiento indicadas por el Ministerio de Sanidad (…) Presenta antecedentes epidemiológicos de contacto directo y estrecho con personas positivas sospechosas de Covid-19. El día 8 de marzo inicia cuadro de decaimiento y deterioro del estado general manteniéndose afebril sin hallazgo de patología respiratoria agua. Se intenta derivar al hospital dada la situación sin éxito”.