Lo que vale para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, debe valer para la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es la teoría que defiende la Fiscalía de Madrid en el escrito que presentó esta semana ante la Audiencia Provincial para defender que la investigación abierta a Alberto González Amador no quede limitada a los dos delitos fiscales y de falsificación de documentos por los que el empresario ha sido citado a declarar el próximo 7 de febrero ante la jueza de Madrid Inmaculada Iglesias.
Esta semana, la Fiscalía apuntó a la existencia de un posible delito de corrupción en los negocios relacionada con lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros por parte del consultor sanitario a la mujer del presidente de Quirón Prevención, a cambio de una empresa sin aparente valor comercial.
Para fundamentar que se amplíen las pesquisas, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía madrileña no duda en hacer suyos los argumentos que redactó la Audiencia Provincial de Madrid para rechazar el pasado mes de octubre el archivo del caso Begoña dando vía libre al titular Juzgado de Instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, con respecto a nuevas vías de investigación que acababan de iniciarse, como la relativa al software de la Cátedra de la mujer del presidente en la Universidad Complutense. En dicho auto, la Audiencia señalaba que una causa judicial es un «proceso vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos».
De hecho, este fundamento del auto dictado por la Audiencia el pasado 7 de octubre con ocasión de la investigación a Begoña Gómez es reproducido de forma íntegra en el escrito del fiscal. Pretende con ello defender la decisión que adoptó el pasado mes de octubre la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para ampliar las investigaciones a raíz de lo señalado en un informe de la Agencia Tributaria, abriendo pieza separada para indagar sobre utilización de la sociedad Masterman& Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L –el nombre que se dio a la compañía sin apenas activos adquirida a la esposa del directivo de Quirón–para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona, también propiedad de González Amador.
«Persona con notoriedad»
El fiscal Diego Lucas Álvarez dice expresamente en su escrito que «en un procedimiento actualmente también en fase instructora -en la que se investiga a una persona con notoriedad pero que no desempeña un cargo público-y que también ha recibido una notable atención de la opinión pública»–que no es otra que Begoña Gómez– la Sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ilustra «sobre cuál es la función de la acusación popular, cómo el objeto del procedimiento puede ir cambiando según progresa la instrucción y el estándar de sospecha sobre el que puede partir una investigación sin ser considerada prospectiva».
En relación con este último punto, el Ministerio Público defiende que no ve rastro de ninguna investigación prospectiva contra González Amador por el hecho de que se amplíen las pesquisas en relación con la actividad de sus empresas y recuerda que ésta no se inició por «informaciones más o menos contrastadas, mas o menos creíbles, más o menos interesadas», sino por un informe de la Inspección tributaria.
Este informe considera «claro» González Amador buscó «un verdadero ahorro fiscal» al utilizar una sociedad interpuesta -Masterman SL- para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa -Maxwell Cremona-, y para emitir asimismo «facturas ficticias de gasto». Un «actuar simulado y ficticio» con el que consiguió decidir en cuál de sus empresas quiso tributar por los beneficios obtenidos, agrega.
Sobre estos extremos, destacan que González Amador no ha dado explicación alguna en el recurso en el que se opone a la ampliación de las investigaciones. Por ello, de decidirse el archivo de la pieza separada ello sería «muy lesivo para la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la justicia y en el sometimiento de todos los ciudadanos al imperio de la ley».
Por último, la Fiscalía se refiere a la figura de la acusación popular, recientemente cuestionada por el propio PSOE al haber presentado una proposición de ley dirigida a prohibir, entre otras cuestiones la participación de partidos políticos. En este caso están personados el PSOE en Madrid y Más Madrid, y según la fiscalía «como el bien jurídico protegido ese el mercado, el orden socioeconómico, que es un bien jurídico de naturaleza difusa, «la acusación popular está legitimada para su persecución».
