Entre los funcionarios europeos circula una broma que asegura que los trabajadores de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), ubicada en Alicante, no creen en Dios, porque ya están en el cielo. Una anécdota que ilustra el enorme atractivo que tiene la provincia para la mayoría de ciudadanos europeos, acostumbrados a pasar meses sin ver el sol en sus países de origen y que se quedan atónitos ante la luz de la Costa Blanca.
Un filón que las inmobiliarias y los promotores alicantinos descubrieron hace décadas y que han sabido explotar como nadie, hasta convertir a la provincia en la mayor potencia en turismo residencial de toda España. Si se toman los 12 meses transcurridos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, Alicante concentró 28.239 de las 125.857 compraventas de viviendas que protagonizaron los extranjeros en España en ese periodo, lo que supone el 22,4% del total y más del doble que las contabilizadas en la segunda provincia de la lista, Málaga, con 14.094 operaciones, según un reciente informe CaixaBank Research.
Una actividad que deja cada año miles de millones de euros en la zona, pero que también ha disparado el coste de la vivienda en la mayoría de los municipios costeros, dificultando el acceso a un hogar en condiciones a buena parte de los residentes. Una situación que esta semana ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a proponer un gravamen especial para desincentivar este negocio. Un impuesto que, según dejó claro el dirigente socialista, sólo se podría aplicar a los extranjeros extracomunitarios que no fueran residentes en la UE, ya que lo contrario contravendría la normativa europea.
Desde el sector empresarial no han dudado en calificar la medida como una «ocurrencia», que ayudaría muy poco a reducir los precios generales de la vivienda -los promotores destaca que las casas que se construyen para segunda residencia y las que buscan las parejas jóvenes para emanciparse son dos mercados completamente distintos-, pero que sí podría hacer un importante roto en las cuentas de muchas compañías del sector.
Sin embargo, los expertos no se atreven a ser tan contundentes. «En el conjunto de España creo que no habrá apenas efecto, porque hablamos de un 8% de las transacciones, pero en Alicante, donde los extranjeros suponen la mitad del mercado, no me atrevería a decirlo», asegura la catedrática de Economía Aplicada de la UA y una de las mayores expertas en el sector inmobiliario en la provincia, Paloma Taltavull.
Es decir, que el enorme porcentaje que representa este negocio sobre el sector de la vivienda en Alicante sí que provoca que se produzca un efecto de transmisión de las alzas de precio entre estos dos segmentos aparentemente estancos del mercado.
Peaje
En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que la riqueza que aporta ser una zona turística implica pagar también un importante peaje, en forma de sobrecoste en muchos bienes y servicios, incluida la vivienda. Basta ver las importantes diferencias que se dan entre los distintos municipios dentro de la propia provincia. En estos momentos, según datos de Fotocasa, comprar una vivienda en Calp implica pagar una media de 4.190 euros por metro cuadrado, casi seis veces más que en Redován, donde solo se pagan 734 euros, por poner los ejemplos más extremos.
Bloques de apartamentos en Benidorm. / David Revenga
Así, mientras la lista de los diez municipios más caros para residir -todos ellos con precios por encima de los 3.000 euros por metro- está copada por poblaciones costeras, la mayoría de la Marina Alta y la Marina Baixa; las más baratas se corresponden con municipios de las zonas del interior de la Vega Baja, el Vinalopó o la zona de la montaña, con un coste que no supera en ningún caso los 1.000 euros por metro.
«Es una cuestión de oferta y demanda», corrobora el presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo, que apunta a otro motivo para el actual boom que vive la Costa Blanca. Y es que, a pesar de la subida de los últimos años y de las cifras antes mencionadas, el precio medio de los inmuebles en la provincia (2.456 euros, según Fotocasa), sigue muy alejado del que registran otros destinos competidores, como Baleares (4.597 euros por metro) o Málaga (3.836). «En Alicante aún había cierto recorrido de precios», señala el experto.
Vicedo, al igual que Taltavull, considera que será muy difícil que el actual interés de los extranjeros en la provincia disminuya. «El aeropuerto es el mejor termómetro y los datos no dejan de subir. Tenemos el mejor clima y una buena calidad de vida», recuerda el arquitecto, que destaca las posibilidades que ha abierto el teletrabajo para que muchos europeos pasen largas temporadas en la zona a edades mucho más tempranas que antes, cuando la mayoría de los que compraban un apartamento en la playa eran jubilados.
También madrileños y vascos
A ello hay que añadir que los extranjeros no son los únicos que miran con ojos de deseo los chalets y las viviendas en primera o segunda línea de playa. La demanda procedente de otras provincias también aporta un importante caudal de clientes al sector inmobiliario alicantino, con casi 5.000 operaciones anuales, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. «Estamos hablando de compradores que vienen principalmente de Madrid y el País Vasco, donde el nivel de renta también es mayor que en Alicante», apunta la catedrática de la UA.
Y es que la máxima económica señala que «los precios de la vivienda en el mercado se adaptan a la capacidad de pago de los compradores», como recuerda la también profesora universitaria, lo que significa que en zonas como los municipios costeros de la provincia el metro cuadrado no lo establecen los sueldos de los locales, sino la riqueza de los turistas, ya sean extranjeros o nacionales, que es mucho más elevada.
Un negocio que mueve miles de millones al año en la Costa Blanca
Como suele ocurrir, también en este tema será muy difícil conciliar los intereses de todas las partes. La presión de la demanda turística ha disparado los precios de la vivienda en la provincia y ha elevado el grado de esfuerzo que deben realizar los jóvenes que desean independizarse, por lo que ya son necesarios 6,3 años de salario íntegro para pagar una casa en la Comunidad Valenciana, según Sociedad de Tasación. Sin embargo, el turismo residencial y la actividad inmobiliaria también suponen uno de los principales motores económicos de la provincia, es decir, una de sus principales fuentes de empleo. Así, según los datos del Colegio Notarial de València, en 2023 la compraventa de viviendas a extranjeros movió 5.339 millones de euros en el conjunto de la provincia, lo que supera los ingresos de cualquier otra exportación de la zona. Pero, además, la existencia de este importante parque de viviendas en manos de extranjeros también supone una fuente de ingresos en la medida en que es el alojamiento que escogen gran parte de los turistas que vienen a pasar sus vacaciones a la zona. En concreto, de los 10,5 millones de extranjeros que recibió la Comunidad Valenciana en 2023, hasta 4,2 millones se alojaron en casas de su propiedad o bien en la vivienda de algún amigo o familiar. Una cifra similar a la que escogió alojarse en un hotel. Unos turistas que, además, también son vitales para mantener los comercios de la zona. Así, de acuerdo con el Pateco, los turistas alojados en segundas residencias se dejaron 1.631 millones en las tiendas de la autonomía, frente a los 506 millones de los que estuvieron en hoteles.
En realidad, no deja de ser algo que ha ocurrido toda la vida, aunque se haya acentuado con la multiplicación de los vuelos baratos. El problema, como apuntan todos los consultados, es que no ha habido nada que haga de contrapeso a esa tendencia, como ocurría antes del estallido de la burbuja inmobiliaria con el fomento de las viviendas de protección oficial.
«En los últimos años ha habido una auténtica dejación de las políticas de vivienda, lo que ha provocado que no haya oferta», denuncia el presidente de los arquitectos alicantinos. Emilio Vicedo señala, por ejemplo, la práctica desaparición de la figura del pequeño promotor-constructor local, que antes de la crisis atendía buena parte de esa demanda de primera vivienda. Ahora son las grandes promotoras propiedad de fondos de inversión, junto con alguna firma local especializada en segundas residencias, las que dominan el mercado y se enfocan al producto más rentable: el dirigido a los turistas.
Vivienda y turismo residencial. / Información
«Hay que incentivar la oferta, sacar más suelo al mercado en ubicaciones donde exista demanda y quitar cortapisas», corrobora también Paloma Taltavull. «Hay que recordar que antes de 2007 se construían 400.000 viviendas anuales en España, y ahora estamos en cifras de 80.000 o 90.000 unidades al año. No son suficientes y, además, la mayoría de lo que se construye es a un precio elevado», ratifica también Gumersindo Ruiz, consejero de la tasadora alicantina Euroval.
La consecuencia ha sido la expulsión a zonas cada vez más alejadas del centro urbano o de los barrios donde se produce la actividad económica de los residentes locales. Es decir, de los trabajadores que deben atender a los turistas, que ahora se ven obligados a perder mucho más tiempo en sus desplazamientos.
Impacto negativo
Por lo que respecta a la limitación propuesta por Pedro Sánchez, además de dudar de su efectividad, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, advierte de las consecuencias que puede tener «en la economía local, como una menor generación de empleo en actividades vinculadas con el mercado inmobiliario, como la construcción, las reformas o los servicios». Además, restaría competitividad a España frente a otros países «que compiten por atraer inversión extranjera en bienes raíces, especialmente si no ofrecen restricciones similares».
Con todo, como apunta el presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, las zonas turísticas como la Costa Blanca deberían hacer una «reflexión» para decidir «dónde está el punto de equilibrio que permita compatibilizar actividades como la construcción y el turismo, con un desarrollo económico sostenible, social y medioambientalmente».
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