En los últimos años, TikTok ha sido objeto de creciente escrutinio por parte de gobiernos de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde las preocupaciones sobre la seguridad de los datos han llevado a acciones concretas. En 2020, el expresidente Donald Trump intentó prohibir la aplicación bajo la premisa de que ByteDance, su empresa matriz, podría estar entregando datos al gobierno chino. Ahora, Trump ha cambiado de opinión, pero la tensión persiste.

La situación en Estados Unidos ha servido como catalizador para debates similares en otros países. Europa, por ejemplo, ha observado con atención cómo las preocupaciones sobre privacidad y manipulación algorítmica cruzan fronteras. Sin embargo, a diferencia de Washington, Bruselas no se centra exclusivamente en la propiedad china de la aplicación, sino en un marco regulatorio más amplio basado en la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta normativa exige que plataformas como TikTok cumplan con estrictas obligaciones en materia de transparencia y mitigación de riesgos, incluidas posibles injerencias extranjeras.

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