El Gobierno ha dado por sorpresa un golpe de mano en Telefónica para tomar el control del grupo, impulsando la sustitución exprés del presidente para nombrar a un nuevo primer espada afín. Moncloa ordenó hace un año al holding estatal SEPI la compra de una participación del 10% en la teleco en respuesta a la inesperada irrupción de Arabia Saudí en el capital del grupo español a través de su operadora Saudi Telecom (con la que se hará con un 9,97% de la empresa). Era un movimiento histórico que suponía el regreso del Estado español a la antigua teleco pública, pero más de un cuarto de siglo después de su privatización total y tras invertir 2.285 millones.
El Ejecutivo ha conformado un nuevo núcleo duro de accionistas nacionales para blindar Telefónica junto a Criteria, el brazo inversor de la Fundación la Caixa (que también ha elevado su participación hasta el 10%), y junto a BBVA (con algo menos del 5%). Moncloa ha hecho valer su nueva posición como accionista de referencia y ha ejecutado la destitución fulminante del que ha sido presidente de Telefónica durante casi nueve años, José María Álvarez-Pallete, al que se le comunicó el cese el viernes en el Palacio de la Moncloa y que fue cesado el sábado en un consejo de administración urgente convocado de manera atropellada con apenas unas horas de antelación.
El Gobierno, con el aval fundamental de Criteria, ha colocado como sustituto a Marc Murtra, un ejecutivo con línea directa con el ala socialista del Gobierno central y con la nueva Generalitat de Salvador Illa por sus vinculaciones con el PSC, y que hasta ahora era el presidente de Indra, también controlada por SEPI y en la que el holding estatal ha colonizado el poder ejecutivo como parte de su estrategia de convertir el grupo en un campeón nacional del sector de la defensa. El Ejecutivo replica así en Telefónica la fórmula ya ejecutada en Indra en los años previos.
Moncloa decidió hace tres años disparar el peso estatal en el accionariado de Indra, elevando la participación de SEPI del 18 al 28%, como parte su estrategia de convertir el grupo en un nuevo campeón nacional del sector de la defensa, en un momento en que la realidad geopolítica global está empujando a todos los países a reforzarse en este área y con el objetivo de que la industria española participe de manera creciente en los grandes programas militares europeos.
Una estrategia que ha estado comandada hasta ahora por el propio Murtra, que ha conseguido conformar un nuevo núcleo estable de accionistas, con el fondo Amber -comandado por Joseph Ourghoulian- y los grupos industriales de defensa Escribano y SAPA, y que finalmente había logrado cumplir su objetivo de asumir parte de las funciones ejecutivas en la compañía repartidas con el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.
Por el camino, los nuevos accionistas de la compañía promovieron hace tres años el cese de cinco de los ocho consejeros ejecutivos en un golpe de timón y han acabado conformando un nuevo consejo acorde con el nuevo juego de poderes. El nuevo presidente en sustitución de Murtra, de hecho, será Ángel Escribano, cofundador del Griupo Escribano, que se ha erigido en el segundo mayor accionista de Indra con un 14,3% de las acciones.
Tras la renovación en la cúpula de Telefónica, el Gobierno planea crear un campeón nacional de las telecomunicaciones y la tecnología mediante un gran movimiento corporativo conjunto de la propia Telefónia y de Indra, haciendo valer que SEPI tiene posiciones accionariales de peso en ambos grupos. Los planes del Ejecutivo pasan por que Telefónica tome el control de toda o parte de la filial tecnológica de Indra, Minsait.
Indra tiene ya activada la venta del negocio de pagos de Minsait, pero no consigue un comprador al precio que desea (de entre 500 y 600 millones de euros) y también había dejado la puerta abierta a vender una participación mayoritaria de las acciones de toda de la filial tecnológica como parte de su plan estratégico. Un plan que contempla que Indra gane peso en el sector de la tecnología defensa mediante compras tras hacer caja desprendiéndose de otras partes de su negocio. Indra reconoce que tiene en el radar de las adquisiciones, entre otras candidatas, al grupo de satélites Hispasat, que tiene como accionista a la estatal y que está controlada por el grupo Redeia, en el que la propia SEPI también tiene un 20% del capital.
Un escudo para empresas estratégicas
El Gobierno ha ido levantado un escudo con el que blindar sectores estratégicos de la industria española. Agarrándose a la nueva doctrina de “autonomía estratégica abierta” que reina ahora en la Unión Europea, Moncloa ha ido diseñando una política bañada por un proteccionismo sin complejos que vale tanto para acorazar empresas clave frente a la entrada de inversores extranjeros no deseados como para impulsar grupos en sectores que se consideran cruciales para la economía y la seguridad nacionales.
Una política que Moncloa ha ido conformando con instrumentos variados, de la compra de participaciones accionariales directas (como en Indra o Telefónica), a mantener el ‘escudo antiopas’ levantado en pandemia para vetar operaciones (como el freno a la entrada de la húngara Magyar Vangon en Talgo) o a alianzas con grupos privados nacionales para salvaguardar la españolidad de grandes grupos (con Criteria o con Escribano y SAPA, o ahora con Sidenor para controlar Talgo)
El instrumento ejecutor de las operaciones en Indra y en Telefónica ha sido la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente de Hacienda y que es el brazo inversor con el que se controla multitud de empresas total o mayoritariamente públicas (Correos, Navantia, RTVE, Agencia Efe, Tragsa o Enusa) y que también cuenta con paquetes minoritarios en grupos de sectores estratégicos, tanto cotizados como no cotizados, como el grupo aeronáutico Airbus (4,12%), Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), la empresa de residuos nucleares Enresa (20%), el grupo de satélites Hispasat (7,41%), el grupo aéreo IAG (2,53%) o el gestor del sistema eléctrico Redeia (20%).
