El ya ex presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, recibirá una indemnización de 35 millones de euros por su salida de la compañía. Su contrato prevé una compensación económica por extinción de la relación laboral de cuatro anualidades, incluyendo la retribución fija y variable, que alcanzan algo más de 23 millones. A esta cifra se le añaden cerca de otros 12 millones de euros del plan de pensiones. Pallete será sustituido por Marc Murtra, actual presidente de Indra, después de la aprobación de este movimiento por parte del consejo de administración de Telefónica en una convocatoria ‘exprés’ liderada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding estatal.
Tanto el contrato de Pallete como el de su consejero delegado, Ángel Vilá, contemplan una indemnización económica pactada por extinción de la relación laboral que puede llegar hasta las cuatro anualidades como máximo. Cada anualidad contempla la última retribución fija y la media aritmética de la suma de las dos últimas retribuciones variables anuales percibidas según el contrato, tal y como se especifica en el último informe anual de gobierno corporativo de 2023, publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En base a este documento, el presidente de Telefónica cobró 1,92 millones de euros en 2023 a los que se suma la retribución variable de 3,71 millones. En total, Pallete se percibió 5,64 millones, una cifra inferior a los 6,12 millones cobrados el año anterior, según el informe anual de remuneraciones de consejeros. En el caso de que se acuerde el pago de estas cuatro anualidades, Pallete recibiría cerca de 24 millones de euros. En paralelo, cuenta con un plan de previsión social de directivos mediante el cual tendría derecho a percibir 11,4 millones de euros, según lo fijado a 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, según este mismo informe, «cualquier indemnización derivada del cese de la relación laboral será incompatible con el reconocimiento de derecho económico alguno vinculado a este plan».
Maniobra de la SEPI
El Estado, a través de la SEPI, cuenta con un 10% del accionariado en Telefónica tras el plan para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí a través de STC en la compañía y el 28% en Indra. Además del movimiento de directivos en la teleco, los planes del Ejecutivo pasan por que Telefónica controle parte de la filial tecnológica de Indra, Minsait, o al menos una parte de ella. Por el momento, Indra mantiene activa la venta del negocio de pagos de Minsait por valor de entre 500 y 600 millones de euros.
Entre otras opciones, el Gobierno ha estudiado la posibilidad de una operación completa entre Telefónica e Indra. Así, la alternativa a entrar en Minsait es que Telefónica compre íntegramente Indra, pero supondría un problema para los intereses estratégicos españoles por sus planes de crecimiento en el sector de la defensa y la presencia de Arabia Saudí como uno de los mayores accionistas de la teleco.
