«Cesan por tener una discapacidad a la titular de una plaza para personas con discapacidad». Es, para Uxía García, el titular que debería tener esta información. Esta joven de Miño de 28 años ha visto truncado el sueño al que dedicó cinco años de estudio y que hizo realidad el pasado año al aprobar una oposición de especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) en Canarias. Consiguió una de las plazas reservadas para personas con discapacidad tras presentar los informes médicos que certificaban que padece una retinosis pigmentaria que le ocasiona una discapacidad visual del 66%: «Mi problema es de noche, de día solo tengo limitada la visión periférica, la central está intacta. Si el trabajo fuese para servir copas en una discoteca, ya te digo yo que no valgo», apunta esta maestra, que solo pudo ejercer unos meses la docencia en un centro de Tenerife antes de ser cesada tras ser declarada «no apta» por un tribunal médico.
«Me dijeron que estaban preocupados por mi baja visión, que tenían miedo a se lanzase por la ventana un niño y no me diese tiempo a reaccionar por no verlo. Me quedé helada, mi cabeza hizo cataplún, no me lo podía creer, yo tengo un niño de 2 años y lo crio yo», defiende esta miñesa, que lamenta que el Gobierno de Canarias no haya tenido en cuenta los informes de la Xunta de Galicia, el Sergas y de la Universidad que avalan su capacitación y falta de limitaciones para el trabajo. Esta docente cuestiona además que el departamento de Función Pública dependiente de la Conserjería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad haya adoptado esta resolución sin esperar a conocer la evaluación del centro y de la Inspección Educativa sobre su periodo en prácticas que, incide, emitieron informes que avalarían su capacitación para el puesto.
Desde noviembre su aventura profesional en Canarias se tornó en pesadilla: «Mi marido se tuvo que pedir una excedencia para que yo cumpliese mi sueño y ahora estamos sin ingresos y con un niño de dos años a nuestro cargo. Ingresos, cero; paro, cero», lamenta esta miñesa que tiene claro que no tirará la toalla y que dará la batalla hasta el final. «Hay leyes e informes que me amparan. A mí nadie me regaló nada. Aprobé una oposición que estuve preparando durante cinco años y obtuve una plaza reservada a personas con discapacidad. Ellos ya sabían mi discapacidad y el grado». subraya Uxía, que cuenta con el apoyo del Consejo Territorial de la ONCE de Canarias, que ve en este caso un claro ejemplo de discriminación.
Respuesta de la Administración
A consulta de este diario, la Conserjería de Presidencia recalca que no se trata de una decisión política. «Es la decisión de un tribunal médico independiente, adoptada por personal cualificado», subraya un portavoz del departamento, que recuerda que se trata de una resolución recurrible.
La Conserjería de Educación ha convocado a Uxía García a una reunión este lunes para «intentar buscar una solución provisional hasta que haya una resolución definitiva». Un portavoz del departamento precisa con todo que la legislación establece qe los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo deben superar una evaluación clínica y que no podrán ser incluidos en la resolución definitiva de seleccionados si son evaluados negativamente por la Comisión de Evaluación Médica.
La respuesta no convence a esta maestra que dará la batalla judicial ante un caso que, denuncia, vulnera leyes de rango superior y la propia Constitución. Uxía García considera además que la resolución del Gobierno canario adolece de una total falta de rigor: «No han venido a evalurame en el centro, no han esperado al informe de la dirección y de la Inspección Educativa, que son favorables. Y han hecho comentarios muy desfortunados y sin base, como el de que se pueda lanzar un niño por la ventana, ni siquiera saben que en el centro las ventanas tienen barrotes», ironiza esta miñesa.
