El de Abidjan, en Costa de Marfil, es uno de los puertos de referencia para la flota atunera. No solo a efectos de descargas, sino también para aprovisionamientos o pequeñas reparaciones. Allí fue desembarcada hace escasos días una observadora científica después de haber denunciado acoso por razón de sexo a bordo de un pesquero español, como trasladó a distintas instancias del Instituto Español de Oceanografía (IEO), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
La trabajadora tiene un contrato fijo-discontinuo con la empresa Investigación, Planificación y Desarrollo (IPD), que es la que presta servicios de asistencia técnica para muestreo de datos para el IEO. Tal y como ha advertido esta investigadora, su desembarque se produjo como consecuencia de su denuncia y pese a mostrar su disconformidad con la medida, toda vez que tenía previsto continuar en el buque para una siguiente marea. Con su modalidad de contrato, en los periodos en los que no está embarcada no tiene ingresos. Aseguró haber sufrido reiteradas vejaciones verbales a bordo de varios miembros de la oficialidad de la tripulación, que no han sido desmentidas por IPD.
A preguntas de Faro de Vigo, desde la empresa aseguran que el caso está «en investigación, escuchando a todas las partes». Indican además que adoptó la medida de desembarcar a la observadora —y no acciones contra los presuntos acosadores— «porque el barco va a puerto a descargar y con avería, por lo que se da por finalizada la campaña al haberse cumplido los objetivos de la misma».
Los datos de posicionamiento AIS del buque —sistema de identificación automática o ‘automatic identification system’, que emite señal vía satélite de posicionamiento y es obligatorio para todos los buques con un arqueo superior a los 500 GT— muestran una salida hacia caladero del pesquero con fecha del 9 de este mes. La compañía IPD abunda, cuestionada al respecto, que estuvo «en contacto permanente» con el IEO por este caso.
Tal y como ha constatado este periódico, tanto la dirección del Instituto de Oceanografía como la máxima responsable del Comisionado para Promover un Entorno Laboral Sano y Seguro (Comse), Carmen Artuñedo, han sido informadas de la situación de esta trabajadora. El Comse fue concebido para ser la «unidad de referencia para las cuestiones relacionadas con el acoso sexual o por razón de sexo» en el nuevo protocolo del CSIC, lanzado en abril del año pasado. Supuso la revisión completa del anterior documento, motivada por el caso de la desaparición de la tripulante María del Carmen Fernández Vázquez a bordo del oceanográfico ‘García del Cid’.
Amparo
«No quería bajar del buque [porque] entiende que es una represalia» tras haber denunciado los comportamientos presuntamente vejatorios de varios miembros de la tripulación, indican desde el entorno de la empleada. Consideran que se le ha castigado a ella y no a los supuestos acosadores y reprueban que, hasta la fecha, no se le haya facilitado apoyo psicológico. De acuerdo al nuevo protocolo del CSIC, el personal externo a la institución, aunque trabaje en buques que no estén adscritos a la misma, goza de ‘protección’.
«En los buques ajenos al CSIC, si la persona denunciada pertenece a otra organización (tripulación, personal técnico o investigadores/as externos) y la denunciante pertenece al CSIC, el responsable del equipo del CSIC a bordo comunicará los hechos, tan pronto como sea posible, a la Dirección del centro de origen, para proceder a la preceptiva comunicación en el ámbito de la coordinación de actividades a la institución o empresa a la que pertenezcan las personas denunciadas, instando en su caso la aplicación del protocolo correspondiente», refiere textualmente.
Un portavoz de IPD ha constatado que la empresa sí cuenta con un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, al que ha tenido acceso Faro de Vigo. Tiene fecha del 10 de enero de 2025.
Durante una comparecencia en el Senado en diciembre y para responder por el caso de Carmen Fernández, la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno, cifró en 12 las veces que se ha activado el nuevo protocolo antiacoso en 2024 en el conjunto del CSIC. Dos de ellos fueron por casos denunciados a bordo de buques.
La investigación sobre la desaparición de Carmen (Cangas, 1980), madre de tres hijos, fue instruida por un juzgado de Gandía, que la cerró al considerar que no había elementos indiciarios de la comisión de un delito. La Audiencia Provincial de Valencia ratificó esta decisión. No consta que el CSIC haya promovido una investigación interna al respecto —Ortega-Paíno no respondió a este cuestión, preguntada por el diputado Néstor Rego (BNG). El oceanográfico ‘García del Cid’, de 1979, será desguazado; lleva desde el pasado ab
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