El 23 de julio del año pasado el Tribunal Supremo anulaba la sentencia del primer proceso de la operación Brugal, en el que se enjuiciaron las supuestas irregularidades en la adjudicación de la recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela, devolviendo a la condición de acusados a los 34 absueltos (los exalcaldes populares de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente entre otros) tras invalidar el tribunal de la Audiencia de Alicante que enjuició el caso registros y pinchazos telefónicos que consideró contrarios a los derechos fundamentales.
No lo vio así el Alto Tribunal, que validó las pruebas en su totalidad ordenando a los tres magistrados de Alicante que dictaron la sentencia absolutoria, José Teófilo Jiménez, Gracia Serrano y Manel Martínez Aroca, que volvieran a dictar un nuevo fallo teniendo en cuenta en esta ocasión las escuchas y los registros que obviaron en la vista oral.
Seis meses después el mandato del Supremo sigue sin cumplirse sin que a estas alturas se pueda vislumbrar tan siquiera cuándo podrían quedar sentenciados unos hechos datan de principios de siglo (entre los años 2000 y 2008), que se juzgaron en 2019 y que la sentencia, después anulada, se dictó en el 20. Estamos en 2025.
Escritos de Anticorrupción instando la sentencia
Ya son dos los escritos que, vista la demora en el cumplimiento de la resolución de la Sala Segunda del Supremo, han presentado ante la sección VII de la Audiencia Provincial los dos fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, sin que nada se haya movido.
La situación de baja por enfermedad en que se encuentra Martínez Aroca, que ejerció de ponente, no ayuda. Destinado desde mayo del año pasado en un juzgado de Murcia, al que no se ha llegado a incorporar, el magistrado viene renovando mensualmente la baja.
Tanto es así que, ante la insistencia del Ministerio Público urgiendo la sentencia, desde la sección VII se ha comunicado al CGPJ la imposibilidad de constituir sala para hacerlo por esta circunstancia al tiempo que reclama información de la situación en que se encuentra el juez y si podría darse el caso de una jubilación por incapacidad permanente y los plazos que eso conllevaría.
Alternativas
Pero ante la previsión de que este contratiempo no se solvente a corto o medio plazo, como podría ocurrir, la acusación pública reclama alternativas. Una de ellas, barajada también por la propia sala, por la Audiencia e incluso por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, apunta a la posibilidad de que fueran los otros dos miembros del tribunal (los magistrados Serrano y Jiménez, este último en calidad de ponente) quienes se encargaran de redactar la nueva sentencia siempre y cuando, claro está, coincidieran en el fallo.
Un tercer magistrado
Otra pasaría por la incorporación de un tercer magistrado de esa misma sección VII, pero quien tendría que ver previamente las grabaciones de las 58 sesiones en las que se desarrolló el juicio. Grabaciones en las que, por decisión del tribunal frente al criterio que Anticorrupción defendió en la fase de cuestiones previas, no aparecen las pruebas (grabaciones telefónicas y resultados de registros) que ahora el Supremo ha ordenado tener en cuenta. Una circunstancia sobre el que los fiscales y los abogados de los 34 acusados algo tendrán que decir.
Un horizonte complicado que, salvo con una buena dosis de voluntad para poner en marcha el mecanismo capaz de dar a luz la nueva sentencia, o la intervención de órganos superiores, podría llevar a la repetición del juicio que, a estas alturas, nadie quiere. Y, entre tanto, 34 personas sigue a la espera de sentencia.
