Si la Seguridad Social fuera un barco, estaría perdiendo agua a través por distintos agujeros abiertos en su casco. A 30 de noviembre, última fecha disponible, las prestaciones económicas a familias e instituciones por parte de la Seguridad Social alcanzaron los 182.582 millones de euros, un 8,1% más que en el mismo periodo de 2023.
La cifra representa un 93,5% del gasto total realizado en el sistema y contiene los 167.337 millones de euros que corresponden a pensiones y prestaciones contributivas, un aumento del 7,8% con respecto a hace un año. A ello se puede añadir el gasto en pensiones y prestaciones no contributivas, que ascendió en un 11,3% en el mismo periodo, hasta los 15.245 millones de euros.
Hay que recordar que desde que el Gobierno introdujo como referencia el IPC para elevar las pensiones y evitar así la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, estas han subido en los últimos años hasta situarse en diciembre de 2024 en los 12.974 millones de euros mensuales, un 7% más que en diciembre de 2023. Para este 2025, está previsto que el Gobierno gaste 7.300 millones de euros más en revalorizarlas de nuevo.
También aumentaron las partidas de gasto las prestaciones por incapacidad temporal, que subieron un 15,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 14.637 millones de euros.
Ni siquiera una cifra récord de cotizaciones a la Seguridad Social, que supusieron durante el mismo periodo unos ingresos de 151.606 millones de euros a cuenta del Estado, impide un agujero en las arcas públicas que lleva tiempo preocupando a los expertos y que incluso está condicionando la relación entre Gobierno y oposición. Porque en mitad de una legislatura en la que PSOE y PP no se dan tregua, este martes Alberto Núñez Feijoo, líder de los populares, ha abierto una puerta a un mínimo entendimiento. El motivo, la reforma de las pensiones para introducir mecanismos que permitan su flexibilización, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal el pasado verano.
«No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo», aseguró, antes de añadir: «Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar, en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese real decreto ley».
Esto abre de par en par las puertas de la aprobación parlamentaria a un acuerdo que lleva meses esperando para ver la luz. Este fomenta lo que define como jubilación activa, es decir, un periodo durante el cual el trabajador compatibiliza el cobro de un porcentaje menor de su pensión con su trabajo y su salario mientras poco a poco se le va reduciendo la jornada.
Entre otras muchas medidas, esta reforma elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa para acceder a este tipo de jubilación al tiempo que reconoce la compatibilidad de la jubilación activa con los incentivos de demora, es decir, precisamente con el cobro de una parte de la pensión de jubilación, que se sumaría al salario del trabajador. En concreto, si el trabajador demora la jubilación durante un año, cobraría mientras tanto el 45% de pensión, en dos años cobraría el 55%, en tres años cobraría el 65%, en cuatro el 80% y en cinco el 100%.
Bajo la vigilancia de una AiRef preocupada
Como ocurrió con las reformas del sistema de pensiones de 2021 y 2023, será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo independiente encargado de controlar las cuentas públicas, quien se encargará llegado el momento de evaluar esta reforma de las pensiones si finalmente sale adelante.
Hay que recordar que en sus últimas revisiones del sistema, el ente no quedó demasiado satisfecho. «El sector público en España parte de una situación de vulnerabilidad por la persistencia del déficit estructural y el elevado nivel de deuda heredado de las sucesivas crisis. Además, el proceso de envejecimiento de la población impone una elevada presión sobre las finanzas públicas que podría situar la ratio de deuda en un hipotético escenario base sin medidas en el 186% del PIB en 2070», comentó entonces la AiRef en su informe de opinión, inquieta por «la presión que ejercerá el envejecimiento sobre las cuentas públicas y, en particular, sobre el gasto en pensiones y el gasto sanitario.
Finalmente, aquella opinión trajo consigo incluso una queja clara: «La nueva regla de gasto en pensiones presenta debilidades de diseño entre las que destaca la falta de justificación de los límites cuantitativos escogidos, la ausencia de coherencia con el marco fiscal y las restricciones impuestas a la supervisión independiente por la AIReF».
Esta vez, parece que al menos el ente será tenido más en cuenta toda vez que fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien recordó recientemente a la oposición que serán el organismo quien ponga nota este año a la reforma del sistema. «Le compete a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el año 2025, hacer una evaluación de la reforma de pensiones y es en el marco de la evaluación de la AIReF donde se verá si se tienen o no que tomar medidas adicionales», comentó Cuerpo en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. En términos parecidos se ha expresado también el pasado mes de noviembre el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá: «La ley de pensiones establece claramente que será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la que, a lo largo del año que viene, hará una evaluación de si se dan las condiciones de sostenibilidad, que yo creo que están garantizadas por la cláusula de salvaguarda».
