La Fiscalía de Madrid apunta en un reciente informe aportado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid a «lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros» por parte de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la mujer del presidente de Quirón Prevención por una empresa sin aparente valor comercial, lo que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.
Así se señala en el informe en el que el Ministerio Público responde al recurso presentado por el empresario contra la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias, de ampliar con otros posibles delitos la investigación que inició contra él en marzo pasado por fraude a Hacienda. Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado que se llame ya a declarar a González Amador por los delitos tributarios, ya que considera que la posible ampliación de responsabilidad penal corresponde a una pieza separada y no hay por qué esperar.
En cuanto al presunto soborno señalado por la Fiscalía en su informe, se trata de una operación por la que el empresario compró en 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL, Fernando Camino, la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por 499.836,92 euros. Según un informe de la Inspección Tributaria, esta sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil «sin valor» y tres aparatos de depilación y remodelación corporal. Es decir, subraya el fiscal, «carecía de valor».
Ampliación pendiente de la Audiencia Provincial
Esta sociedad que González Amador compró por medio millón de euros cambió más tarde su nombre y pasó a ser Masterman & Whitaker, empresa que -según las sospechas se apuntó ya en su día la jueza al ampliar la investigación al empresario, podría haber utilizado de forma interpuesta y simulada en la facturación de unos servicios a Quirón Prevención SL para conseguir un «ahorro fiscal». El posible uso interpuesto de esta sociedad para lograr dicho ahorro fiscal también es materia de las pesquisas que han sido recurridas por el empresario ante la Audiencia Provincial de Madrid, que está pendiente de resolver sobre esta ampliación de las actuaciones.
La Fiscalía incide en su informe, al que ha tenido acceso este diario, en que «no es una decisión irrazonable» pensar que la compra de la empresa a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL «en realidad encubría el pago encubierto de una comisión ilícita» del que la defensa «no ha dado explicación alguna». Agrega que aunque fuera claro que «el interés patrimonial» de Quirón Prevención SL «no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros, el bien que sí está afectado es «el orden socioeconómico», dice el fiscal. Es decir, «que los precios en el mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos», explica.
No hay investigación prospectiva
Por otra parte, La Fiscalía no ve rastro de ninguna investigación prospectiva contra González Amador por el hecho de que se amplíen las pesquisas en relación con la actividad de sus empresas y recuerda que ésta no se inició por «informaciones más o menos contrastadas, mas o menos creíbles, más o menos interesadas», sino por un informe de la Inspección tributaria.
Este informe consideró «claro», subraya en este punto, que González Amador buscó «un verdadero ahorro fiscal» al utilizar una sociedad interpuesta -Masterman SL- para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa -Maxwell Cremona-, y para emitir asimismo «facturas ficticias de gasto». Un «actuar simulado y ficticio» con el que consiguió decidir en cuál de sus empresas quiso tributar por los beneficios obtenidos, agrega.
La investigación se amplió en octubre
La jueza Inmaculada Iglesias ha estimado el recurso presentado por PSOE y Más Madrid contra su decisión inicial de rechazar determinadas diligencias que supondrían ampliar la investigación por fraude fiscal que ya se instruye contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se abre pieza separada para indagar sobre utilización de una sociedad interpuesta (Masterman& Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering SL) para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona, propiedad del empresario.
Las acusaciones populares recurrieron en reforma el rechazo inicial para la práctica de nuevas diligencias y la jueza ha estimado parcialmente su recurso. Las peticiones de la acusación popular se solicitaron en virtud de un informe de inspección de la Agencia Tributaria y que defiende que los hechos objeto del proceso penal podrían no limitarse a un fraude fiscal y una falsificación documental. Reclamaron que se investigue la compraventa de participaciones de empresas vinculadas al empresario con Quirón Prevención.
