La asociación SOS Desaparecidos cuenta con el respaldo de 140 familias para presentar la querella criminal por homicidio imprudente contra la Generalitat Valenciana que presentará a principios de febrero ante la Audiencia Nacional. Así lo confirmó ayer su presidente, Joaquín Amills, a Levante-EMV, quien aseguró que el «número sigue subiendo cada día». Justo este martes se unió un núcleo familiar integrado por cuatro hermanos.
Antes de presentar la querella ante la justicia, la plataforma tiene pensado reunirse con los familiares de las personas fallecidas el próximo 26 de enero para realizar una exposición técnica con todos los datos sobre «todo aquello que no se hizo» por parte de las administraciones públicas y que, aún así, se incluye en los protocolos de actuación estipulados por ley. El encuentro se realizará en la intimidad para respetar el «duelo de las víctimas« y, en principio, no se piensa realizar un acto de cara a los medios de comunicación para informar sobre el mismo.
La intención inicial de SOS Desaparecidos era dirigir la acusación contra los tres niveles de la Administración implicados: los ayuntamientos, entes locales; la Generalitat Valenciana, ente autonómico; y el Gobierno central, como responsable en el ámbito nacional. Sin embargo, Amills no descarta ampliar la causa a otros organismos que podrían «haber omitido sus responsabilidades», como la Diputación de Valencia, aunque la decisión no es aún en firme.
Cabe recordar que el ente provincial es el responsable de gestionar el Consorcio Provincial de Bomberos. Parte del personal del mismo, a través de UGT, denunció en diciembre la «falta de personal y medios» ante la riada —destacaron la existencia de 125 plazas vacantes, son el 16 % de la plantilla, y la carencia de botas de agua, neoprenos, barcas inestables, sistemas de comunicación o walkies o, incluso, camiones y vehículos en óptimas condiciones— en una rueda de prensa en la que reclamaron la creación de un cuerpo de bomberos único a nivel autonómico con la integración de los seis existentes en la actualidad.
Si se mantienen los plazos previstos, la querella criminal se presentará en febrero ante la Audiencia Nacional. Amills considera ese punto «solo como el inicio» para esclarecer lo ocurrido y avanza que la entidad reclamará «los datos borrados de las páginas web de los organismos públicos».
La plataforma ha señalado a las administraciones públicas desde el primer momento porque «la DANA no mató a nadie, lo hizo la riada». En este sentido, recalca que los técnicos «ya sabían que venía una dana 48 horas antes» y la primera alerta se envió a las 20.11 horas. Y añade: «Solo hay que seguir los protocolos, lo que marca la ley y lo que dicen los técnicos».
