Málaga está ante la evidente necesidad de incrementar el actual ritmo de construcción de vivienda. La existencia de una demanda sensiblemente superior a la oferta disponible en el mercado afecta de lleno al crecimiento que en los últimos años sufren los precios, ya sea en compra o alquiler. Y, como consecuencia, se produce un impacto directo sobre buena parte de la población local, incapaz de afrontar los varios cientos de miles de euros que ya, sea cual sea el barrio, cuesta una casa.
Este es el escenario en el que se mueve el Ayuntamiento y su alcalde, Francisco de la Torre, quien afronta el que puede ser su último mandato con la obligación de plantear soluciones para el corto y medio plazo.
Una presión real que marcó este martes buena parte de su discurso en el Debate del Estado de la Ciudad. El regidor, que en el último año ha sido testigo de dos grandes manifestaciones ciudadanas por el asunto de la vivienda, entre otras razones, acudió al Salón de Plenos con la lección aprendida y con su particular receta para afrontar el asunto.
En concreto, con un decálogo de acciones, del que destacó, por encima de las demás, la sustitución del actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) (en vigor desde mediados de 2011) por un nuevo documento adaptado a la vigente ley urbanística de Andalucía. Este movimiento estratégico busca abrir la puerta a permitir el desarrollo de viviendas asequibles o protegidas sobre suelo rústico; es decir, sobre el que no se permite construcción alguna.
El problema que tiene esta acción del «plan de choque» desvelado por el veterano regidor es que sus efectos no serán inmediatos, ya que como él mismo precisó, se estiman del orden de tres años antes de que ese ajuste del planeamiento esté en vigor.
La propuesta municipal cuenta, de inicio, con el aval de los promotores, que, sin embargo, insisten en la necesidad de acortar los extensos plazos administrativos que requiere cualquier trámite.
En este sentido, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón, valora la decisión de empezar a trabajar en nuevos desarrollos a futuro, si bien recordó la existencia de numerosos sectores ya contemplados en el planeamiento que se encuentran atascados y sin poder ser desarrollados.
Ante esta situación, De la Torre habló, justamente, de acelerar al máximo la maquinaria administrativa para permitir que los suelos ya dibujados, que pueden tener capacidad para unas 15.000 viviendas, se pongan en carga cuanto antes.
Ese es el número dos de los objetivos: «desbloquear suelos urbanos consolidados y no consolidados». Sobre estos últimos, la LISTA rebaja las exigencias, de manera que no es necesario redactar planes parciales, sino planes de reforma interior para los que bastan evaluaciones ambientales simplificadas, recortando los plazos.
Desarrollos en Campanillas, Santa Rosalía y litoral Este
De la Torre asumió también el compromiso de poner en marcha planes parciales en Campanillas, Santa Rosalía y el litoral Este, facilitando su desarrollo y allanando el camino para incrementar a medio plazo la oferta de vivienda asequible.
A modo de ejemplo, citó el caso de Vega de los Martínez y Vega San Ginés, en Campanillas, donde se permiten 4.140 viviendas protegidas y 3.199 libres. El condicionante que pesa sobre estos proyectos es que antes han de ser acometidas importantes obras para eliminar el riesgo de inundabilidad que pesa sobre los suelos. Una inversión que parecen dispuestos a asumir los promotores.
Otra de las medidas es la de incluir promociones concretas en la unidad aceleradora municipal de proyectos, «dándoles trámite de urgencia para acortar los plazos a la mitad aprovechando las disposiciones de la LISTA cuando el porcentaje de vivienda protegida sea igual o superior al 30% en un sector concreto».
Pero no todo recae en manos de los privados. En este escenario inmediato, la Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar en su próximo consejo el borrador del convenio de adquisición del sector Soliva Oeste, con capacidad para un millar de viviendas protegidas.
Y en esa misma sesión va a acordar la licitación para seleccionar mediante concurso un agente urbanizador que se ocupe de desarrollar el sector Ferrocarril del Puerto, una de las grandes joyas inmobiliarias de la capital de la Costa del Sol.
Del mismo modo, se subraya la necesidad de reducir los plazos de la gestión urbanística, mediante nuevos modelo de estatutos y bases para las juntas de compensación, lo que se va a dejar sentir, por ejemplo, en el impulso definitivo de las dos unidades de Lagar de Oliveros, con suelo para 2.580 viviendas protegidas y 1.390 libres.
Las dos últimas medidas pretenden reducir las cargas en los suelos urbanizables donde el porcentaje de vivienda protegida sea superior al mínimo legal, con bonificaciones de hasta el 70% e incrementando la densidad y edificabilidad cuando el suelo se destine a vivienda protegida o asequible en un planeamiento detallado.
Todo ello con el fin de allanar el camino para elevar el ritmo de construcción de viviendas a un mínimo de 3.000 anuales. En lo que llevamos de mandato, la Gerencia de Urbanismo ha concedido 1.827 licencias para casi 4.000 viviendas, a las que se añaden 11.054 declaraciones responsables de obras. Todas ellas suman 857 millones de euros en presupuesto de ejecución material.
