Todas las asociaciaciones de jueces y magistrados están en contra de la reforma anunciada por el grupo parlamentario socialista para restringir las acusaciones populares, porque consideran que puede generar espacios de impunidad. Pero cada una ha decidido combatirla de una forma distinta. Así mientras la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha decidido denunciarla ante Europa, la segunda en número de afiliados, Francisco de Vitoria, y la más pequeña, Foro Judicial Independiente, han decidido iniciar una ronda de encuentros con portavoces parlamentarios para explicarles los riesgos que conlleva.
Por su parte, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achutegui, considera «un acierto la derogación delito ofensa a sentimientos religiosos», para «garantizar la plena libertad de expresión», pero considera que la regulación de la acusación popular debiera realizarse en en la reforma que se prepara de la ley de enjuiciamiento criminal, para dar «un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir», pero ve «desacertado excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, limitándose al juicio oral», para que tenga plenos derechos procesales.
JJpD tampoco comparte la «nueva causa de abstención y recusación de la judicatura por realizar públicamente declaraciones a favor o en contra de partidos, sindicatos o asociaciones», porque los jueces tienen libertad de opinión, aunque deban hacerlo con prudencia, para evitar comprometer la imagen de imparcialidad judicial.
Por su parte, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria, que representan a cerca de 1.300 jueces de los 5.416 que hay en España, han optado por solicitar reuniones con los portavoces de justicia de los grupos parlamentarios «para explicar las gravísimas consecuencias que la aprobación de la Ley puede suponer para nuestro Estado de Derecho». Destacan que al tratarse de una proposición de ley se eluden los informes de órganos consultivos como son el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Ambas asociaciones recuerdan que la acción popular está prevista en el artículo 125 de la Constitución como derecho de los ciudadanos e implica la posibilidad de formular acusación distinta e independiente de la posible acusación pública del ministerio fiscal y la acusación particular de las personas o entidades perjudicadas por la comisión de un ilícito penal. Y su restricción «supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados y tribunales», sobre todo, si un gobierno quiere aprovechar la falta de independencia de la fiscalía.
Además, que se restrinja su práctica a las asociaciones profesionales de jueces consideran que «supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera, así como para la promoción y defensa del Estado de Derecho».
También denuncian que «pretender que las manifestaciones públicas hechas por un juez, al margen de la responsabilidad disciplinaria» en la que puedan incurrir, «tengan como efecto su limitación en el conocimiento de determinados asuntos, no puede tener más efecto que el de coartar o limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión, ya de por sí fuertemente limitado en virtud de la ley».
