La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la jueza de Instrucción número 19 de la capital, Inmaculada Iglesias, que cite a declarar ya como investigado a Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso- en la causa en la que se le investiga por dos delitos de fraude a Hacienda y otro de falsificación de documentos.
La petición se produce antes de que la Audiencia Provincial de Madrid haya resuelto el recurso presentado por el defensa del empresario después de que, a finales del pasado mes de octubre, la jueza ampliara la investigación inicial abriendo una pieza separada por posibles nuevos delitos, aún no concretados, para indagar sobre utilización de una sociedad interpuesta (Masterman& Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering SL) para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona, propiedad de González Amador. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, la Fiscalía argumenta que el hecho de que se haya abierto una investigación en pieza separada no puede suponer una paralización del procedimiento principal.
La decisión del Juzgado de ampliar la investigación al novio de Ayuso supuso estimar el recurso presentado por PSOE y Más Madrid contra su decisión inicial de rechazar determinadas diligencias que supondrían ampliar exponencialmente la investigación inicial, referida a un fraude tributario. Se basaban en un un informe de inspección de la Agencia Tributaria que apunta a que la conducta del empresario podría no limitarse a un fraude fiscal y una falsificación documental. Las pesquisas se dirigen a la compraventa de participaciones de empresas vinculadas al empresario con Quirón Prevención.
«La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no sólo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada», alegaba en su recurso ante la Audiencia la defensa de González Amador.
La comparecencia inicial de González Amador se fijó inicialmente el pasado 24 de junio pero entonces fue aplazada a petición de de acusación popular tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento. Desde entonces, y tras ampliarse los posibles delitos a investigar, el empresario no ha sido aún llamado a declarar, mientras que su denuncia sobre una supuesta revelación de datos referidos al pacto que su defensa propuso al Ministerio Fiscal ha originado la apertura de una causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general.
