La Administración General del Estado tiene previsto convocar durante el mes de marzo 1.000 plazas de funcionarios habilitados nacionales, categoría que engloba a secretarios, tesoreros e interventores de los ayuntamientos. Un proceso con el que el Gobierno quiere reducir la temporalidad y cubrir las vacantes existentes en estas posiciones.
En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explica que con esta convocatoria pública se cumple con lo previsto en la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad. También con el artículo 66 del Real Decreto Ley 20/2022, que habilitó esta convocatoria extraordinaria territorializada.
«Con esta medida se paliará la situación de temporalidad en los puestos de trabajo cubiertos de forma interina y se contribuirá a dar cobertura a vacantes existentes, con la correspondiente mejora en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía», incide el Ministerio.
Entre las funciones reservadas al personal funcionario de administración local con habilitación nacional se encuentran las de secretaría, comprensiva de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación, y el asesoramiento legal.
Las comunidades autónomas que así lo soliciten podrán realizar en sus territorios los procesos de selección, pruebas de acceso y el curso selectivo de los aspirantes a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional, a través de un convenio de colaboración con la Administración General del Estado.
