El Gobierno no se muerde la lengua con los jueces. Desde hace mucho tiempo. Pero esa estrategia ha ido a más conforme se han ido multiplicando los frentes judiciales que afectan al Ejecutivo o al entorno del presidente y se ha apuntalado entre los socialistas la sensación de «cacería» y «acoso». Este martes volvió a comprobarse: la ministra portavoz, Pilar Alegría, se expresó en términos muy duros contra el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: le señala sin «pruebas», sin base suficiente. Y defendió que inferir, como hace el juez Ángel Hurtado, que el ministerio público filtró el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Moncloa, es una mera «elucubración».
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