El exministro de Transportes y ahora diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha alertado en su escrito de alegaciones que ha presentado ante la Comisión del Estatuto de los Diputados y la Mesa del Congreso que el juez que inició la investigación de la operación Delorme o caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó investigar material de su propiedad que fue hallado por la Guardia Civil en la vivienda de su antiguo asistente en el Ministerio, Koldo García Izaguirre. Y lo habría hecho, insiste el ex secretario de Organización del PSOE, sin autorización del Tribunal Supremo, el órgano judicial competente: «Ello contraviene todo lo establecido en la práctica habitual y nuevamente estamos hablando de un material propiedad de un diputado aforado«, dice el escrito, adelantado por este diario.
Para llegar a esta conclusión Ábalos resalta que el juez Moreno dictó el pasado 7 de agosto de 2024 una providencia, que no le fue notificada en la dirección que presentó en la Audiencia Nacional, en concreto en el Congreso de los Diputados, en la que se le advertía de que el contenido de este material, dos discos duros que asegura son de su propiedad, iba a ser investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Koldo García sale del Tribunal Supremo después de declarar. / José Luis Roca
«Tras las detenciones de febrero de 2024 y los registros practicados a las personas investigadas, tuve conocimiento de que se habían intervenido dos memorias digitales – discos duros extraíbles- de mi propiedad en el domicilio de Koldo García. La razón de que estuvieran en posesión del señor García tiene que ver con la mudanza de despacho con motivo de mi salida del Ministerio de Transportes y que por olvido o negligencia el García no me había devuelto», informa Ábalos al Congreso.
Álbumes familiares
Y el contenido de estos discos duros, prosigue el escrito de alegaciones, son archivos personales, «álbumes fotográficos familiares (toda la historia gráfica de mis hijos menores), documentos personales y laborales, fotografías de actos públicos, etc., contenido absolutamente privado y personalísimo», cuya divulgación, explica, vulneraría «gravemente» su intimidad. Y por eso, reclamó al juez Moreno que se le devolvieran estos dispositivos, una decisión que no ha autorizado el magistrado, que en la citada providencia avanzó que tomaría una decisión «una vez sean analizados los documentos, elementos y dispositivos electrónicos ocupados a los investigados en la presente causa» y tras el informe que presente la Guardia Civil sobre el contenido de los discos duros.
En las alegaciones Ábalos también asegura que la Fiscalía Anticorrupción «utilizó la vía de Koldo García para invadir el ámbito» de su «intimidad personal y actividad política e institucional. Ello permite hacerse con la agenda, los contactos, los movimientos, etc. afectantes a la vida personal de algunos señalados y en concreto del que fuera mi asistente personal y sobre mí mismo, que en ese momento era diputado aforado y presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados», completa.
José Luis Ábalos a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca
En el escrito se reitera, además, la supuesta vulneración del secreto de sus comunicaciones por parte de la UCO «sin amparo judicial». En concreto, explica que la Guardia Civil estableció «un operativo para hacerse con un envío de un alto cargo del gobierno dirigido a un diputado del Congreso de los Diputados. Si ya de por sí estamos ante un presunto delito de interceptación de correspondencia, ello se agrava en la medida en que afecta a un diputado aforado que ve de este modo perturbada su representación popular».
No obstante, hace siete días el magistrado encargado del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, concluyó que «en modo alguno» resulta que el sobre cuyo contenido fue fotografiado se encontrase cerrado y tampoco que el mismo estuviera nominalmente dirigido a Ábalos. «Al contrario, se afirma por los agentes que se trataba de un sobre abierto y sin destinatario aparente que portaba en su vehículo el referido a Joseba García. Si así fuera, desde luego, no se trataría de correspondencia postal cuyo secreto protege el artículo 18.3 de la Constitución española», indica el auto, que descartaba anular la causa contra el exministro, al que animaba a «interponer una denuncia, si considera que los agentes pudieran haber incurrido en una conducta delictiva en tanto hubieran podido vulnerar su derecho al secreto de las comunicaciones».
Inmunidad parlamentaria
Precisamente, Ábalos hizo referencia este lunes a sus “derechos” como diputado. La Constitución, en su artículo 71.2, establece que los diputados “gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito” y que en ningún caso podrán ser “inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara”. Además, el reglamento del Congreso incide en este aforamiento. “Sigo teniendo derechos como diputado y estoy plenamente convencido de mi inocencia”, aseveró el exministro, antes de comparecer en la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Las más de 80 páginas de alegaciones presentadas por Ábalos, así como sus explicaciones a puerta cerrada, llevaron este lunes a la Comisión del Estatuto de los Diputados a darse un plazo de 24 horas para analizar toda la información antes de elaborar un informe sobre el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. La intención inicial era haber dejado resuelto este asunto en la misma tarde del lunes, pero la amplitud del texto remitido por Ábalos hizo que aplazaran la decisión. “Un poquito de decoro”, había pedido minutos antes el propio exministro al criticar que todos los partidos tuvieran ya tomada una decisión sin haberle escuchado.
José Luis Ábalos a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca
La Comisión del Estatuto de los Diputados deberá elevar un informe que, después, será remitido al pleno del Congreso. En el próximo pleno se votará a puerta cerrada. En el caso de que se dé el visto bueno, como es de esperar a la vista de la posición de la mayoría de partidos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá comunicar esta decisión al alto tribunal que, solo entonces, podrá investigar al exministro.
Por otra parte, Ábalos ha recurrido por «arbitraria» e injustificada la decisión del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid de archivar la investigación que abrió en 2024 para indagar en si el ahora diputado del Grupo Mixto fue víctima de una presunta revelación de secretos tras las filtraciones a medios de informaciones reservadas que se investigan en el marco del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, según informa Europa Press.
