La primera sesión del juicio por la rama murciana del caso Púnica se ha desarrollado este lunes con un intenso tira y afloja por las fechas previstas para las sesiones de las vistas, y ha estado marcado también por las críticas de los abogados de los acusados a la Fiscalía por introducir en sus conclusiones hechos que, consideran, no se están juzgando en este procedimiento.
El juicio, que está previsto que se prolongue al menos hasta mediados del mes de marzo, ha arrancado este lunes en la Sala 1 de la Audiencia Nacional con una sesión dedicada a las cuestiones previas, en la que buena parte de los abogados de los acusados han planteado la suspensión de parte de las 16 sesiones fijadas por coincidencia con otros procedimientos penales.
Por el momento, se han suspendido las sesiones previstas para este martes y miércoles, y el juicio se reanudará el jueves 16 de enero con la declaración de cuatro testigos, puesto que los acusados intervendrán al final del procedimiento, tal como se acordó con sus abogados.
Se han suspendido las sesiones previstas para este martes y miércoles y el juicio se reanudará el jueves 16 de enero
En este procedimiento, que es la pieza número 3 de las 12 que componen el caso Púnica, destapado en 2014, se investiga si el que fuera consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia durante el mandato del popular Ramón Luis Valcárcel, Juan Carlos Ruiz, y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, contrataron de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online a través del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, considerados el vínculo con los cabecillas de la trama, los madrileños Francisco Granados y David Marjaliza.
Están investigados también en esta pieza la ex directora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez; el secretario de la Consejería de Industria, Jesús Galindo; el hermano del exalcalde de Cartagena, Agustín Alonso; la empleada de Alejandro de Pedro Sara Gargallo, y el empleado de la empresa Eico Francisco Javier Bueno; además de la empresa Duravita, contra la que la Fiscalía no presenta acusación.
El Ministerio Público pide penas de prisión para los acusados que en su conjunto suman 23 años de prisión y más de 96 años de inhabilitación, penas que la acusación popular eleva a más de 95 años de prisión.
El Ministerio Público pide penas de prisión para los acusados que en su conjunto suman 23 años de prisión y más de 96 años de inhabilitación
En el marco de las cuestiones previas de esta primera sesión del juicio, las defensas de siete de los nueve acusados han coincidido en apelar a la vulneración de la tutela judicial de sus representados al considerar que los escritos de acusación contradicen el auto de apertura de juicio oral de febrero de 2020.
Este auto, según ha explicado en reiteradas ocasiones los abogados, limitaba el objeto a enjuiciar en este procedimiento al posible fraude cometido por los acusados en su vinculación con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, pero excluía otros organismos regionales como el Instituto de Fomento, la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Cartagena o el de Molina de Segura.
Sin embargo, tanto en las conclusiones de la Fiscalía, como en las de la acusación popular, que ejercen la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el PSOE, se alude constantemente a esos organismos en lo que las defensas de los acusados consideran «hechos ajenos» a lo que en este procedimiento se juzga bajo la premisa de «contextualizar» los hechos.
Al respecto, el Ministerio Fiscal ha convenido que la sala debe fijar el objeto de enjuiciamiento, pero ha subrayado los numerosos autos dictados a lo largo del procedimiento en los que se han mencionado los posibles vínculos de la trama con todas esas entidades regionales, como parte de una misma trama en la que los investigados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso tenían relación directa con otras ramas de la trama y con sus supuestos cabecillas.
Fiscalía y acusación han solicitado completar las pruebas practicadas en la instrucción con nuevos informes e incorporar más documentación
Además, ha negado categóricamente que los acusados hayan visto vulnerados sus derechos a la defensa, puesto que han participado en todo el procedimiento desde la fase de instrucción, con todos los pasos pertinentemente notificados, y ha descartado también la «acusación sorpresiva» y el desconocimiento de los delitos que se les imputaban.
En el mismo sentido, la acusación popular ha insistido en que hay que conocer todos los hechos para poderlos juzgar en su conjunto y en un correcto contexto.
Fiscalía y acusación han solicitado también completar las pruebas practicadas en la instrucción con nuevos informes que ya constan en otras actuaciones de este caso, así como incorporar diversa documentación relacionada con el procedimiento, a lo que se han opuesto la práctica totalidad de los investigados.
El presidente de la sala, el magistrado Ricardo de Prada, ha señalado que resolverá sobre estas cuestiones en posteriores sesiones del juicio, y ha hecho un llamamiento a los abogados para llegar a un acuerdo sobre las próximas fechas en las que tendrán lugar las sesiones a partir del próximo jueves.
