El Gobierno ha anunciado este lunes doce medidas en materia de vivienda para tratar de atajar la crisis de precios que se vive tanto en alquiler como en compra. El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de desgranar las propuestas que quiere llevar a cabo durante los próximos meses.

  1. En primer lugar, ha anunciado la transferencia de viviendas y suelo a una nueva Empresa Pública de Vivienda que quiere poner en marcha. La Administración General del Estado ha transferido más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas del denominado ‘banco malo’ (Sareb) de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente.
  2. Según ha dicho, la nueva Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las Comunidades Autónomas.
  3. Por otro lado, el Gobierno quiere blindar la vivienda protegida del Estado. Garantizará por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
  4. Además, también ha anunciado la puesta en marcha de un Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España. El objetivo es que se puedan construir casas en menos tiempo y con menos costes. Tendrá una ubicación geográfica concreta en la provincia de Valencia para que pueda contribuir a la reconstrucción del tejido económico tras la DANA.
  5. El Gobierno también creará un sistema de garantías públicas con el objetivo de proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Según Moncloa, «asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso«. La medida ya implementada en Francia entrará en vigor este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años.
  6. En paralelo, el Gobierno diseñará un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible mediante el que se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos cinco años.
  7. El Gobierno también propondrá al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia creado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a instancias del Gobierno para sustituir al IPC. No será necesario que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
  8. El Ejecutivo también elaborará un proyecto de ley que presentará al Congreso para que las viviendas turísticas «sean consideradas un negocio» y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.
  9. Sánchez también ha anunciado su intención de condicionar las ventajas fiscales de las que disfrutan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi) a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
  10. El Gobierno limitará también la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Tras eliminar las golden visa, elevará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una casa. De esta forma, el Ejecutivo pretende que las viviendas disponibles sean prioritariamente para los residentes.
  11. Además, también proseguirá con el endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada anunciado hace unos meses. También ha desvelado la creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.
  12. El Gobierno también creará un nuevo Plan de Estatal de Vivienda. Sus planes son que pueda entrar en vigor en 2026 y permita aumentar los programas de ayuda hoy vigentes y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas.

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