El Gobierno prepara un golpe de efecto también a su nueva empresa pública y a las socimis, según las medidas planteadas este lunes por el presidente Pedro Sánchez. Por un lado, dejará al ‘banco malo’ Sareb sin viviendas, ya que todas serán transferidas en los próximos meses a Sepes, mientras impulsa en el Congreso de los Diputados un retoque técnico del régimen fiscal de las socimis, con el fin de dejar sin ventajas fiscales a aquellas que no alquilen sus inmuebles residenciales a precios asequibles, una normativa que no afectará a las grandes inmobiliarias del Ibex-35.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido una revolución total en Sareb, el ‘banco malo’ creado para rescatar a las quebradas cajas de ahorros tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria. La intención es que todo inmueble residencial, construido o no, acabe tarde o temprano en la empresa estatal de suelo Sepes, embrión de la nueva empresa pública de vivienda. Para ello, los ministerios de Economía y Vivienda han diseñado un plan que consiga mantener viabilidad de la empresa pública mientras se transfieren las viviendas, además de que esta recibirá una «compensación» por los inmuebles, según explican fuentes de Moncloa.
En primera instancia, esta empresa pública recibirá de forma casi inmediata la titularidad de 13.000 inmuebles, la mayoría de ellos alquilados a personas vulnerables que pagan una renta ínfima a cambio de participar en programas de inserción laboral. En los siguientes meses, el Gobierno quiere trasferir otras 15.000 viviendas, que están pendientes de alguna reforma o rehabilitación, según precisan fuentes de Moncloa. Adicionalmente, habría otras casi 10.000 unidades cuya propiedad también pasará a Sepes, aunque esto no ocurrirá antes de 2026 o 2027. Según la información pública que ofrece Sareb en su página web, la entidad es propietaria de 38.300 casas, cada una en un estado diferente.
Los suelos de Sareb también se trasferirán a Sepes
Además de los inmuebles ya construidos, el Ejecutivo quiere la propiedad de los suelos residenciales en manos del ‘banco malo’. Además de reservarse un derecho de tanteo y retracto en el caso de que alguna administración decida vender algún terreno o vivienda, la intención del Gobierno es que la titularidad del Plan Viena pase a manos de Sepes. El Plan Viena es un programa de colaboración público-privada en el que se cederán parcelas para construir hasta 15.000 pisos en diferentes fases a inversores privados, que las edificarán y arrendarán a precios por debajo de mercado. Por el momento, Sareb solo ha sacado a licitación pública la primera fase, que se limita a suelo donde desarrollar hasta 3.770 viviendas. El plazo para enviar ofertas termina el próximo 20 de enero.
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda, cartera de la que depende Sepes, también quiere la propiedad de los terrenos de Árqura Homes, la promotora de Sareb. Esta compañía cuenta con parcelas para construir hasta 15.000 inmuebles y su venta ha sido paralizada hace apenas unas semanas. La idea es que estos suelos sean promovidos directamente en régimen de alquiler por la propia Sepes y no para su venta a particulares, como lleva haciendo la compañía en los últimos años.
Reforma quirúrgica del régimen fiscal de las socimis
La reforma del régimen fiscal de las socimis, con el fin de que solo disfruten de sus ventajas fiscales aquellas empresas que se dediquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible, no afectará a las grandes inmobiliarias del Ibex-35, Merlin Properties y Colonial.
A pesar de las dudas iniciales, la modificación solo subirá el tipo impositivo (por el momento se desconoce cuánto) de las socimis que alquilen viviendas a precios de mercado, solo beneficiando de la fiscalidad aquellas que lo hagan a precios asequibles y quedando exentas la mayor parte de las existentes, que son propietarias de edificios de oficinas, activos comerciales, naves logísticas o centros de datos.
Concretamente, esta medida solo aplica a algunas socimis, como Testa Home, Fidere y Albirana, propiedad de Blackstone; Tempore Properties, controlada por el TPG; Vivenio, en manos de APG, Aware y gestionada por Renta Corporación; o Macc 1×1, cuyo accionista es Cerberus. En total, las 117 socimis existentes en el mercado español son dueñas de alrededor de 25.000 viviendas, según los cálculos que hizo públicos hace varios meses por la patronal APRESCO.
