La gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, está judicializada. La Fiscalía ha abierto investigación después de atender la macrodenuncia de 109 personas capitaneada por las organizaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia -cuyos integrantes comparecieron en sede judicial- que familiares de las víctimas pusieron en octubre de 2024.
Entre los nombres que aparecen en los 165 folios a los que ha tenido acceso ElPlural.com destaca el de Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales por Ciudadanos, y que dimitió tras la aprobación de los conocidos como protocolos de la vergüenza que evitaron el traslado de internos de centros de mayores a hospitales para ser tratados o, al menos, fallecer en condiciones dignas.
«Siempre
Quienes piden reparación y justicia para las víctimas recuerdan las múltiples veces que Reyero intentó advertir a la región de la situación y trató de poner negro sobre blanco respecto de lo que estaba ocurriendo en Madrid -los mencionados protocolos, la falta de medicalización, etc-, un modus operandi al que él se opuso frontalmente y que plasmó en su libro –Morirán de forma indigna– y en sede parlamentaria, entre otros espacios. Ahora, los firmantes de la macrodenuncia piden que testifique en sede judicial si así lo considera oportuno a quien competa; y éste no se opone.
“Siempre he estado dispuesto a dar las explicaciones que haga falta”, emite en declaraciones a este periódico. Y añade: «Además, en caso de que el tema se judicialice y me lo pidieran un juez, no me podría negar (…) Pero en cualquier caso, nunca me negaría».
La administración Sol destinó solo el 3% del personal sanitario a centros de mayores
Fueron varias las ocasiones, tal y como aparece en la extensa denuncia, en las que Reyero envió mensajes a la Consejería de Sanidad pidiendo la medicalización de las residencias, pero sin éxito. Los números del documento muestran que el Gobierno regional destinó apenas un 3% del personal sanitario disponible a estos lugares, mientras que el resto (97%) fue a parar a recursos sanitarios donde se vetó la entrada de residentes.
De forma más detallada, atendiendo a las cifras que manejan los denunciantes, de 1.826 médicos y enfermeras disponibles, la Consejería de Sanidad destinó casi su totalidad a dos recursos “creados ad hoc”: el hospital de campaña de Ifema y los hoteles medicalizados. Aquí, además, recuerdan el entorno de las víctimas, “también se discriminó a las personas enfermas y dependientes de las residencias, ya que sólo se atendió a 23 con síntomas leves durante un periodo en el que fallecieron 7.122 residentes sin derivación hospitalaria”.
«Disponían de la información casi en tiempo real»
Los denunciantes se basan en los mails de Reyero y otras comunicaciones para acreditar todo esto, y hacen el siguiente veredicto: “La Consejería de Sanidad fue consciente en todo momento del personal sanitario y los recursos materiales que había en cada residencia. O lo que es lo mismo, en la Consejería de Sanidad supieron en todo momento que no existían residencias medicalizadas y que una inmensa mayoría estaban en una situación de desamparo casi absoluto. Y dispusieron de esa información casi en tiempo real, actualizada cada 24 horas”.
Decisiones “alejadas de toda lógica”
Los firmantes aseguran que las decisiones sobre las que piden que se depuren responsabilidades estuvieron “alejadas de toda lógica”. Y van un paso más allá que, si bien pudiera resultar baladí, no es menor a la hora de lamentar la falta de empatía de la presidenta madrileña, aspecto que tampoco pasan por alto las persona que perdieron a un ser querido en estas circunstancias hace ya casi cinco años.
“Aunque no se conozcan los motivos de esa decisiones inexplicables, sí es preciso señalar un hecho llamativo: la presidenta madrileña realizó hasta tres visitas al hospital de Ifema, que fue bautizado por el Gobierno madrileño como el “hospital milagro” y difundió ampliamente la puesta en marcha de los hoteles medicalizados. (Sin embargo) no hubo entonces ninguna visita a una residencia madrileña”.
“La mera observación de los hechos parece mostrar que las decisiones sobre el reparto de profesionales sanitarios disponibles respondieron a intereses propagandísticos del Gobierno regional, y no a las necesidades objetivas de las personas enfermas”, dejan claro.
Puntos principales de la denuncia
La denuncia fue presentada por la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el pasado 10 de octubre y lleva la rúbrica de 109 denunciantes, familiares de 115 personas que vivían en estos centros en marzo de 2020, repartidas en 72 geriátricos diferentes del mapa madrileño. Entienden todas ellas que se cometió un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios que queda tipificado en el artículo 511 del Código Penal, aunque apuntan a otros documentos sacados de Europa y otras instituciones.
El documento está dirigido a cuatro antiguos altos cargo del entonces equipo de la presidenta –Carlos Mur y Francisco Javier Martínez como directores de Coordinación Sociosanitaria; Pablo Busca como director gerente del SUMMA 112 y Antonio Burgueño como asesor sanitario de la lideresa de Sol- y a un total de 29 personas (el resto son geriatras de referencia de varios centros hospitalarios).
Los denunciantes hacen alusión en su escrito a la discriminación que sufrieron sus familiares en cinco aspectos, pero lo que más destacan es la falta de medicalización de las residencias y la prohibición de trasladar a los residentes a hospitales. Las otras aristas llegan al veto a la atención de los residentes en hospitales privados, a no ser que tuvieran seguro privado; en el hospital de Ifema y en los hoteles medicalizadas.
La Consejería de Familia, juventud y Asuntos Sociales mantiene que hasta ahora la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas sobre este asunto, y acusa a la izquierda de un “uso partidista” del tema.
