«Lo que estamos viendo es devastador: pueblos enteros cubiertos con lodo, gente buscando refugio en los árboles y coches arrastrados por la furia de las aguas. Decenas de personas han perdido sus vidas. Miles han sido desplazadas». Apenas habían llegado a Bruselas las primeras imágenes de la DANA y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se mostraba consternada. «Europa está lista para ayudar«, anunciaba.
Pasados 75 días, la ayuda económica se está desplegando desde diferentes ámbitos, pero Europa se ha dejado ver poco en la zona cero. Ni la comisaria española, Teresa Ribera, ni ninguno de sus colegas. Una distancia que contrasta con otras situaciones similares. Von der Leyen se subió a un helicóptero en mayo de 2023, junto a Giorgia Meloni, para comprobar los daños de las inundaciones en Emilia-Romaña (Italia). También estuvo en julio de 2021 en Bélgica, con el barro en las calles. Imágenes similares hubo en Polonia. A La Palma acudió el comisario de Agricultura, tres meses después de la erupción. Sin embargo, parece que en Bruselas tomaron nota del cabreo contra el rey y Pedro Sánchez. Es «normal que las personas expresen sus sentimientos» de «dolor» e «ira», dijo el portavoz de la Comisión tras la lluvia de barro, que llegó a las portadas europeas.
Bruselas, presente en 2019
Esta semana, por primera vez, una misión de eurodiputados del grupo ‘Greens’ ha venido a conocer las consecuencias de la DANA en los municipios afectados. El valenciano Vicent Marzà ha guiado por varias poblaciones a Bas Eickhout, presidente de los Verdes Europeos; Virginijus Sinkevičius, excomisario de Medio Ambiente, o Roccu Garoby, secretario general de la Alianza Libre Europa, entre otros. Por comparar, en 2019 el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, visitó la Vega Baja con Ximo Puig, apenas un mes después, para medir en persona el impacto de aquella DANA.
Existe una percepción de que se ha visto poco a la UE en las primeras semanas de esta crisis. Puede que no haya estado muy presente, pero sí ha estado observando. A las pocas horas de la catástrofe, la Comisión Europea activó el sistema de satélites Copérnico, encargado de la observación de la Tierra, para ayudar a coordinar a los equipos de rescate. Lo anunció el mismo día 30 Von der Leyen, al tiempo que ofrecía a España la activación del mecanismo comunitario de protección civil.
Desde la zona cero, los primeros movimientos se dilataron. No fue hasta el 8 de noviembre cuando el Gobierno, a petición de la Generalitat (responsable de la emergencia), reclamó la activación del mecanismo europeo de protección civil, un sistema de coordinación de los países miembros. Interior reclamó cien equipos de bombeo de alta capacidad (HCP) y cincuenta expertos de Asistencia Técnica y Apoyo (TAST). La petición de auxilio se ha traducido en equipos especializados en extracción y transporte de lodos y residuos procedentes, especialmente, de Portugal y Francia. También ha llegado apoyo desde Marruecos, con cerca de 40 vehículos cisterna y camiones, y más de un centenar de operarios que han estado en la zona cero hasta este miércoles.
Retraso en la petición
Marzà se ha mostrado estos días crítico con «la descoordinación e inacción» de las dos administraciones por ese retraso en pedir la ayuda, que debe ser concreta respecto a la maquinaria y efectivos solicitados. «Esperar hasta el 8 de noviembre para pedir ayuda a la UE es una negligencia más de Mazón. Incluso las autoridades del Centro de Coordinación de Emergencias Europeo se mostraban sorprendidas de que la petición de ayuda no llegara antes, cuando tenían el material preparado desde el día 1 de la tragedia. Hoy por hoy, nadie ha presentado a Europa una evaluación de daños para activar el fondo de solidaridad. Exigimos explicaciones», señala Marzà.
Ese Fondo de Solidaridad, un instrumento europeo diseñado para las catástrofes naturales, es esencial, pero su dotación, de apenas 1.500 millones para toda Europa, se antoja escasa para la magnitud de esta tragedia.
El Gobierno de Pedro Sánchez lo solicitó formalmente el 5 de noviembre. No se trata de una respuesta rápida sino de un instrumento más orientado a la recuperación y que se reparte una vez calculados los daños. Por ejemplo, la Comisión Europea no aprobó hasta mediados de noviembre las cantidades para Alemania e Italia por las inundaciones de mayo y junio. Ahora la Comisión debe evaluar la solicitud y proponer un importe.
En todo caso, de este fondo no llegará la solución para la provincia de Valencia. En 2019, la Generalitat apenas recibió 22,4 millones tras la DANA de la Vega Baja. Para toda España (Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía también se vieron afectadas), la ayuda ascendió a 56,7 millones, un 2,5 % del total de daños tasados en 2.270 millones. En los 20 años que lleva vigente el fondo, España lo ha pedido seis veces, desde el Prestige hasta el terremoto de Lorca o el volcán de La Palma. El importe acumulado recibido es de 100 millones. Poca cosa.
Restore y Plan Recuperación
En este contexto, el Gobierno está maniobrando para activar otros mecanismos más potentes para financiar los planes de reconstrucción. El fondo de referencia del que echar mano es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que salió de la pandemia. El ministro de Economía ha presentado a la Comisión una adenda al plan, para reasignar unos 1.500 millones y destinarlos a infraestructuras de transporte; hídricas; movilidad verde, e inclusión laboral y social.
En paralelo, en diciembre se consiguió también la aprobación por parte de Bruselas del reglamento Restore. En esencia, lo que permite es reprogramar fondos de los programas Feder y Fondo Social Europeo para destinarlos a la respuesta ante catástrofes, hasta un 10 %. Se calcula que eso permitirá destinar entre 3.000 y 5.000 millones.
Además de esto, se han activado otros mecanismos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue el primer organismo en activar un paquete de ayudas, anunciado el 6 de noviembre, para apoyar la reconstrucción de infraestructuras críticas. Fueron 900 millones, ampliados en 400 más para apoyar a las pymes a través de las entidades financieras.
Desde el Consell, el vicepresidente Francisco Gan Pampols reconocía esta semana que es el Gobierno quien lleva la iniciativa en el acceso a los fondos europeos. Con todo, está estudiando los nuevos fondos para emergencias en los que trabaja la Comisión Europea, en concreto, la comisaria belga de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, para comprobar si se puede acceder a ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
