UPA denuncia la» injustificable denegación» de ayudas por parte de la Junta a titulares de explotaciones regadas con aguas subterráneas con concesión legal. Considera «inconcebible» que agricultores con sus regadíos en regla y cumpliendo con la normativa se hayan visto obligados a declarar en su PAC parcelas como secano, y ahora se ven sin opción de acogerse a las ayudas de la propia Junta como consecuencia la guerra en Ucrania.
El conflicto bélico en Ucrania, que ha supuesto graves perjuicios al sector agrario por el incremento de costes de producción, fue el motivo por el que las administraciones sacaron en su día, entre otras, una Orden de ayudas para la concesión directa a los titulares de explotaciones agrícolas con cultivos de remolacha, patata y otros cultivos hortícolas de regadío.
A estas ayudas, que ascendían a 300 euros por hectárea, podía acceder los titulares de superficies de regadío con agua subterráneas que hubieran cultivado esos cultivos, con una superficie máxima subvencionable de 50 hectáreas.
Pues bien, UPA Castilla y León denuncia que muchos agricultores de la región se encuentran con la denegación de dichas ayudas por parte de la Junta de Castilla y León por una decisión incongruente e irresponsable de la propia Administración regional.
Y es que muchos agricultores de nuestra región, teniendo sus regadíos en regla y cumpliendo con la normativa se han visto obligados a declarar en su PAC las parcelas como secano, por no haber articulado la propia Junta de Castilla y León un instrumento ágil para adaptar la superficie de riego Sigpac a cada campaña. Este problema se podría haber solventado con un simple cotejo de datos de la propia Junta con la Confederación Hidrográfica del Duero, que dispone de las declaraciones anuales de las CUAS (Comunidades de Usuarios de Agus Subterráneas) para riego por parcelas.
Para UPA resulta lamentable e incomprensible que los agricultores hayan hecho un esfuerzo extraordinario en conformar las CUAS, siguiendo las instrucciones de las propias administraciones para lograr a través de ellas una mejora en la gestión del uso de aguas subterráneas, y sin embargo después debido a la incompetente actuación, en este caso de la Junta, se “penalice” con denegaciones de ayudas a los agricultores que han cumplido con toda la legalidad vigente.
UPA considera inconcebible que esta mala praxis de la Junta obligue ahora a los agricultores que injustamente se han visto perjudicados a acogerse a la vía legal y de recurso contencioso-administrativo, con todo lo que ello implica, para ver resuelta una injusticia como es tener derecho a las ayudas para superficie regable, y que parcelas amparadas por un título concesional de la propia CHD se hayan quedado fuera de la citada subvención.
