Buenas intenciones de inicio, pero ningún resultado prácticos. Este es el resumen que hace el Gobierno de Canarias sobre la existencia del llamado ‘mando único’ para la gestión de la crisis migratoria en las Islas en el marco de la creación, hace justo un año, de la Comisión Interministerial sobre Inmigración (CII). Ese ‘mando único’ lo asumió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como coordinador de ese órgano gubernamental de gestión migratoria, precisamente por su conocimiento de la situación en Canarias tras haber presidido la comunidad entre 2019 y 2023, aunque en esos años la dimensión de la emergencia humanitaria en Canarias no era la de ahora.
El Ejecutivo canario de Fernando Clavijo considera, sin embargo, que el año de funcionamiento de este nuevo operativo orgánico por parte del Estado en esta materia no ha dado los resultados concretos, y evita hacer una valoración formal del mismo hasta que no los haya. Sin duda, el Gobierno regional pone el peso de la balanza en el hecho de que ni Torres ni la CII han conseguido hasta el momento frenar la llegada de migrantes a Canarias desde las costas africanas en la ruta más mortífera del planeta, ni tampoco, y esto es esencial, conseguir un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde las Islas, que en la actualidad acoge a más de 5.800, hacia el resto de comunidades autónomas.
En medio de una negociación entre ambas partes para posibilitar un reparto extraordinario de 4.000 menores desde las Islas, y otros 400 desde Ceuta, con el que al menos se aliviaría el colapso de los recursos de acogidas de los dos territorios tras el fracaso en la reforma de la ley de extranjería en julio pasado, Canarias prefiere evitar por ahora hacer un balance oficial del papel jugado por Torres como coordinador de la política migratoria, y como interlocutor casi único con el Ejecutivo de Clavijo. Aunque el presidente regional y todo su gabinete aplaudió la llegada de Torres al puesto, tras muchos meses de reclamar a Pedro Sánchez un nombramiento de este tipo para mejorar la coordinación entre ambas administraciones en la crisis migratoria, no cree que hasta ahora puedan apreciarse avances significativos en el objetivo que se perseguía. “No vamos a hacer valoraciones sobre el ‘mando único’ ni sobre la comisión de inmigración hasta no tener resultados concretos”, insisten desde el Ejecutivo regional.
Lo cierto es que Clavijo y la parte nacionalista del Gobierno canario han expresado en distintas ocasiones valoraciones contradictorias sobre el papel de Torres en función de la marcha de las varias negociaciones que se han mantenido en el año que desempeña esa función. Para el PP canario y de sus representantes en el Ejecutivo regional, Torres solo ‘trabaja’ para romper el pacto de Gobierno en las Islas, un argumento que nació en la sede nacional del partido, y que se repite aún con todo desparpajo en ruedas de prensa e intervenciones parlamentarias en el Congreso.
“Todo de su parte”
Hace solo una semana el presidente canario reprochó la actitud del ministro en relación con su propuesta sobre el real decreto de reparto extraordinario de menores. Sin embargo, tras la reunión entre ambos el pasado jueves en Madrid para abordar esta cuestión aseguró que Torres “está poniendo de su parte todo lo posible”, al tiempo que reclamaba al Gobierno central ser “más proactivo y más contundente» en la búsqueda de una solución. En definitiva, el Gobierno de Canarias reconoce que la interlocución con el Estado para abordar la crisis migratoria es mucho más fluida y eficaz que cuando Clavijo tenía que entrevistarse con varios ministros para abordar las distintas cuestiones que entraban en sus respectivas competencias, pero en todo caso considera toda esa mejora de la comunicación no está teniendo consecuencias prácticas en la toma de decisiones que resuelvan el problema.
La llegada de Torres al ‘mando único’ se produjo el 30 enero de 2024 con la constitución de la mencionada CII. Dos semanas antes, el 16, el Consejo de Ministros ya había aprobado la creación de este órgano, mediante el decreto ley 48/2024, en el que se integrarían los siete ministerios que de una manera u otra tienen que ver con la política migratoria: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia. Entre otras, la comisión tiene asignadas las funciones de “impulso y coordinación de las medidas que haya de adoptar la Administración estatal” en materia migratoria; seguimiento de las propuestas y actuaciones de los departamentos ministeriales, así como de sus organismos y entidades dependientes; e impulso y seguimiento de medidas de atención en relación con niñas, niños y adolescentes migrantes y, en especial, con las personas menores de edad migrantes no acompañadas, en el ámbito de las competencias estatales.
Ministros ‘desaparecidos’
Lo cierto es que muchos de los ministros implicados están pasando muy inadvertidos en la gestión migratoria y, además de Torres, solo la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, está teniendo un papel destacado en las negociaciones sobre la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores entre todas las comunidades autónomas. También la ministra responsable de Migraciones, Elma Saiz, participa en las decisiones, aunque con mucha menor presencia pública, mientras que otros ministros como Grande-Marlaska (Interior) o José Manuel Albares (Exteriores), están pasando totalmente inadvertidos. Desde su constitución, la comisión se ha reunido en tres ocasiones, siempre en el complejo de La Moncloa tras un Consejo de Ministros. La ausencia de una solución sobre el reparto de menores que acoge Canarias lastra el primer año de funcionamiento del equipo de Moncloa en materia migratoria.
En su sesión constitutiva, la CII se centró en analizar la situación en Canarias en ese momento, hace ahora un año, e inicio el debate sobre cómo afrontar el reparto de menores. En su segunda reunión, en abril, se aprobó ya el texto de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que había elaborado el Gobierno de Canarias y que Clavijo y Torres tenían pactado en sus aspectos básicos. Ese texto se trasladó al Congreso como proposición de ley y fue rechazada con los votos del PP, Vox y Junts. En la tercera, celebrada en septiembre, la comisión contó con la presencia del propio Clavijo, quien conminó al Gobierno a abrir un nuevo proceso negociador con el PP. En la última en octubre, el órgano aprobó remitir una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, reclamando la ayuda que exigían los populares como condición para sentarse de nuevo a negociar el reparto de menores. La carta no surtió efecto porque el partido que lidera Núñez Feijóo se retiró definitivamente de la negociación el 5 de diciembre.
El Gobierno central menciona la existencia de este grupo de coordinación en gestión migratoria como prueba de que sí tiene política al respecto, rechazando el argumento en sentido contrario utilizado por parte del PP, desde donde se asegura que el hecho de que sea Torres la cabeza visible en esta materia en lugar de Saiz, la titular de Migraciones, demuestra esa ausencia de una política migratoria. De facto, los populares obvian en todas sus comparecencias y declaraciones la existencia de esta comisión e insisten en su teoría de que Sánchez ha colocado a Torres como negociador con Canarias de la crisis migratoria con el único fin de romper el pacto de Gobierno en las Islas entre CC y el PP canario.
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