La reforma de los procesos judiciales propuesta por el PSOE para dar carpetazo a las causas abiertas contra el entorno del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se ha recibido con fuertes críticas en Podemos, que censura la «falta de ambición» de la norma y reclama limitar el papel de los jueces en la fase de instrucción e introducir «sanciones» a aquellos responsables de filtraciones durante la investigación.
Fuentes del partido morado creen ven «ineficaz la propuesta del PSOE contra el lawfare» y consideran que «no remedirá el error» que supuso el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, por el que a su juicio se entregó el control judicial «al PP y a los sectores más reaccionarios de la judicatura».
Una de las advertencias que hacen al PSOE es sobre los efectos de impedir presentarse a las administraciones públicas como acusación popular, algo que «puede poner en peligro su personación en casos de violencia machista» que están en curso, y que deberían ser archivados.
Además, consideran que «para acabar con las filtraciones debería delimitarse el poder de los jueces en la fase de instrucción«, a diferencia de la actual propuesta del PSOE, que da más peso al Ministerio Fiscal en la fase de instrucción pero sin limitar el papel de los jueces. En este sentido, desde Podemos ven «necesario» poner coto a las filtraciones de las investigaciones en causas judiciales y relcaman «estudiar inspecciones y sanciones a los operadores judiciales que incurran en ellas».
El partido fundado por Pablo Iglesias también critica el apartado por el que el PSOE plantea la inadmisión de las querellas basadas en recortes de prensa, asegurando que es una medida «completamente ineficaz» y «meramente cosmétiac», puesto que deja «un amplio margen de interpretación a los jueces» a la hora de admitir o inadmitir las querellas.
Tampoco está conforme Podemos con la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, y considera que la reforma es «muy limitanda», exigiendo la revisión de otros delitos «anacrónicos», como el de injurias a la corona, que a su juicio debe ser elminado, o la redorma de los delitos de odio, con el objetivo de que los delitos de odio protejan «únicamente a colectivos vulnerables», y no a delitos motivados por ejemplo en razones religiosas.
Fuentes de Podemos azuza el discurso del lawfare y la prevaricación de la judicatura, atribuyendo fines políticos a las decisiones judiciales, e insisten en que «la reforma del PSOE no servirá para afrontar el problema principal, que es la existencia de un sector reaccionario de la judicatura que hace política, ajeno a todo control democrático, desde los juzgados». Continúa además reprochando que «esos jueces recibieron el pasado junio el visto bueno de los socialistas, que optaron por perpetuar el control del PP sobre el CGPJ en lugar de democratizar la justicia». «Mientras no se corrija ese error, el resto de reformas caerán en saco roto», zanjan.
Con esta posición inicial, desde Podemos ya elevan su precio para permitir la aprobación de esta medida, que sólo saldría adelante con los cuatro votos morados. La formación continúa así su estrategia de oposición dura al Gobierno para situarse como alternativa en la izquierda, y tratarán de forzar una negociación con los socialistas para arrancar cambios en la norma y lograr alguna victoria política que vender a su electorado. Todo ello, ante la ya habitual amenaza de tumbar las iniciativas del Gobierno en caso de no cumplir sus expectativas.
