Si lo piensan con detenimiento, el caso Dani Olmo se parece al empeño de Pedro Sánchez en blanquear los excesos del catalanismo secesionista. La “cautelarísima” concedida al Barça por el Consejo Superior de Deportes, contraviniendo las normas de la Liga y la Federación y las decisiones de los tribunales de Justicia, se asemeja mucho a la repudiable ley de amnistía, cuyo soporte jurídico resulta inexistente. Y su aplicación, inaceptable.
Como también el proyecto de enjugar la deuda de Cataluña. Se ve que los de aquella región, políticos y dirigentes deportivos, son personajes manirrotos a los que hay que condonar los excesos de sus hábitos gastizos. De esa forma se autorizan distingos que en el caso futbolístico adulteran la competición y en el ámbito de la política quiebran el principio de igualdad.
A Laporta le ha quitado la soga del cuello el alargado brazo del poder político, después de que los tribunales ordinarios no le dieran la razón en la inscripción fraudulenta de dos jugadores que, en este caso, son las víctimas propiciatorias de la huida hacia delante de un Barça en quiebra, al que apenas le queda nada por vender de su pasado y que ha empeñado, a lo loco, buena parte de su futuro.
Nadie piense que el Consejo Superior de Deportes es un ente independiente: se trata de un organismo satélite del Gobierno, que es quien elige, a dedo, a su presidente. Se trata del mismo organismo que estuvo durante meses mirando hacia otro lado pese a los fraudulentos tejemanejes de Rubiales, al que se llevó por delante un brote agudo de testosterona, pero no que se llenara los bolsillos a trampas.
Ya tiene Laporta su ley de amnistía a la carta, que es la ley de embudo: ancho para el Barça, estrecho para el resto. ¡Viva el “fair play”!
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