El PP de Canarias fuerza a los barones del partido a abordar el problema migratorio del Archipiélago, con especial atención a la derivación extraordinaria de menores. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y sus presidentes autonómicos se encierran este fin de semana en un hotel de Asturias para fijar la hoja de ruta de la formación de cara a este año, con el problema de la vivienda como uno de los temas clave. Aunque no estaba contemplado inicialmente, el vicepresidente de Canarias y máximo representante del PP en las Islas, Manuel Domínguez, ha colado en el orden del día el reparto de los más de 5.800 niños migrantes llegados a las Islas a bordo de cayucos sin el respaldo de un familiar adulto y que están bajo la tutela del Gobierno canario.
No es la primera vez que Domínguez presiona a su formación para atender la emergencia humanitaria que viven las Islas. En noviembre, insistió a la cúpula de Génova para que retomara las conversaciones con PSOE y CC sobre la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que haría obligatorio el reparto de los menores por todo el territorio nacional. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, elogió entonces su actuación por haberse «fajado» con la dirección nacional de su partido para conseguir el regreso a la negociación.
Canarias está a la espera de que los servicios jurídicos del Gobierno de España analicen el texto propuesto por los gobiernos de Canarias y del País Vasco para forzar un reparto extraordinario de unos 4.000 menores a través de un real decreto ley. Tras la reunión mantenida el miércoles entre Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que se fijó un plazo de diez días para estudiar esta nueva vía, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, rechazó cualquier reparto de menores si no existe un consenso y la medida no cuenta con presupuesto suficiente. Por esto, la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, le pidió que antes de rehusar la propuesta la conozca y hable «con sus compañeros de Canarias», que gobiernan con CC, para que «hable con conocimiento de causa antes de posicionarse».
«Marear la perdiz»
El secretario general del PP en Canarias, Poli Suárez, defiende que su formación no rechaza el reparto de menores, pero que desde el principio han planteado unas condiciones –entre ellas una ficha financiera que cubra los gastos derivados de la atención de los niños– que el Gobierno de España no acepta. «Vamos a esperar a que se cumpla el plazo de diez días para saber qué pasa con la propuesta de Canarias para el reparto extraordinario. Cuando tengamos el texto final lo analizaremos, porque no sabemos por dónde va a salir el Estado. Lo que no se puede es seguir mareando la perdiz», explicó Suárez.
Ya hay comunidades gobernadas por el PP, como Baleares o Madrid, que ya han mostrado discrepancias con la derivación de menores. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, considera que lo que hace el Gobierno de España es «trasladar el problema a las comunidades autónomas, en esta ocasión además de manera forzosa y sin contar con las partes».
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