La figura de Francina Armengol afloró en una posición comprometida, durante la declaración de Víctor de Aldama como imputado ante el Tribunal Supremo. El comisionista que confiesa haber ganado cinco millones y medio de euros con la venta de mascarillas a instituciones de disciplina socialista incluido el Govern. El empresario señaló a la actual presidenta del Congreso como destinataria de las presiones directas del entonces ministro José Luis Ábalos. La intervención pretendía que el PSOE no reclamara las mascarillas fraudulentas, servidas en plena pandemia por la presunta trama corrupta.
Aunque el interrogatorio llevado a cabo por el magistrado Leopoldo Puente incluye un desfase temporal, el ministro Ábalos se habría dirigido a la presidenta Armengol para frenar la reclamación, cuando ambos ejercían sus respectivos cargos al frente del ministerio de Fomento y del Govern. Aunque el crédito del testigo puede ser cuestionado, en este caso se pronuncia sobre hechos en los que intervino personalmente y que no afectan a su situación penal.
El instructor del Supremo, que investiga a Ábalos, Koldo y el propio Aldama, planteó la cuestión que desembocaría en Armengol:
-Mire, ya cesado como ministro el señor Ábalos, en diciembre de 2023 y en enero de 2024, parece que usted se dirigió al señor (Koldo) García, para que este a su vez hiciera gestión con el señor Ábalos a fin de que actuara en beneficio de la empresa Soluciones frente a una deuda que reclamaba la Administración balear. ¿Esto es así?
A bote pronto, Aldama se defiende esgrimiendo que se trataba de unas mascarillas acusadas de ser «fake, cuando en realidad no era así y se pasaba control de calidad tanto en origen como en destino». El juez reconduce el interrogatorio a su objetivo:
-La Administración balear dice que había una parte del material que estaba defectuoso y quería recuperar el dinero que pagó.
A lo cual responde Aldama con un escueto «Sí». En este punto se produce el abrupto viraje del interrogatorio, porque el comisionista y presunto cabecilla de la organización criminal asume el protagonismo personal en las presiones al Govern Armengol. «Esa gestión no se hizo con el señor (Koldo) García, esa gestión se hizo con Ábalos».
El magistrado, que asume en primera persona el interrogatorio de los imputados, se había referido a una genérica «Administración balear». En su respuesta, Aldama involucra directamente a la presidenta del Congreso, sin que en su tono pueda advertirse una animadversión especial:
-El señor Ábalos llamó a Armengol, en este caso la presidenta de Balears en aquel momento, como en su momento hizo con el señor Ángel Víctor Torres.
La diferencia con el entonces presidente canario y hoy ministro es que su ejecutivo autónomo protestó a la trama, hasta obtener una devolución. En cambio, el Govern Armengol no efectuó la mínima reclamación a la trama en tres años. Al margen de las razones, el calendario no se aparta de la versión ofrecida por Aldama. Según consta en el vídeo del interrogatorio, el juez quiso afianzar la gestión directa del ministro, a quien el empresario también aseguró que le pagaba una asignación mensual. Puente reafirma:
-El señor Ábalos fue quien llamó a la señora Armengol.
Aldama insiste en anular la intermediación de Koldo porque «en ese momento teníamos premura o prisa», de modo que «le pedí al señor Ábalos que hablara directamente con la presidenta de Balears. El juez remacha:
-¿Se lo pidió usted con algún mensaje o se lo pidió personalmente?
-No, no, se lo pedí en el despacho.
-En el despacho personalmente a él?
-Sí
-Muy bien.
Así se cierra el episodio que complica a Armengol en la trama. La ubicación de la solicitud de mediación o presión de Aldama en el despacho ministerial de Ábalos contribuye a fijar el lapso en que se produjo la intervención revelada por el imputado. Dado que el ministro fue destituido en julio de 2021, esa presión se produce entre la confirmación de la falsedad de las mascarillas en junio de 2020 y la fecha en que Pedro Sánchez cesa a su lugarteniente.
Durante todo el periodo citado, Armengol fue presidenta de Balears y no efectuó gestión alguna para conseguir una devolución. Fue la única institución que no actuó, hasta el propio ministerio de Fomento reclamó a la trama. El desarrollo del interrogatorio choca con la fecha planteada inicialmente por el juez. En «diciembre de 2023 y enero de 2024», el Govern correspondía a Marga Prohens, que también permitió que caducara el plazo sin activar la reclamación. Tras un año de investigación, ni la Audiencia Nacional ni el Supremo parece al tanto del cambio radical en el Consolat, que supone la connivencia solidaria de PSOE y PP con la presunta organización criminal.
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