Ni los anuncios lanzados por el Gobierno, los compromisos exigidos por los socios parlamentarios o el hecho de que figure como una de las principales preocupaciones de la sociedad española en todas las encuestas —con especial afectación en la población joven— ha provocado un debate a fondo sobre la vivienda. Tampoco los consensos se han abierto paso, como demostró el casi pacto entre PSOE y PP para impulsar la ley del suelo, que ni siquiera llegó a votarse en el Congreso. Sin embargo, en el arranque del nuevo año los dos grandes partidos vuelven a la pugna por liderar el relato con dos cónclaves de alto nivel casi sucesivos sobre esta materia.
El próximo lunes, el Ejecutivo celebrará un foro bajo el título de ‘Vivienda, el quinto pilar del Estado del bienestar’, al que acudirán varios empresarios del sector, con foco puesto en la colaboración público-privada, además de patronales. La clave de este evento organizado por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, es que contará con una gran implicación de Moncloa y la presencia del presidente Pedro Sánchez, que previsiblemente anunciará nuevas medidas para paliar el problema de la vivienda.
Justo el día de antes, Alberto Núñez Feijóo reunirá el fin de semana a todos sus presidentes autonómicos —la única excepción será la de la presidenta de Cantabria, que se encuentra de viaje en México— para exhibir una alternativa en materia de Vivienda a la política del Gobierno, con medidas específicas que integran el plan integral del PP muchas veces anunciado y que este año el líder de la formación pretende llevar por fin al Congreso de los Diputados.
Además de impugnar medidas estrella del Ejecutivo socialista, como la declaración de las zonas tensionadas, el PP pretende impulsar sus propuestas para aumentar la oferta de vivienda, también a precio asequible, —utilizando suelo en desuso— y un paquete fiscal (bonificaciones en donaciones dentro de familias que se vayan a destinar a adquirir un piso o incentivos concretos para menos de 35 años), además de un plan antiokupación. El objetivo es alumbrar, ya el domingo y tras una jornada completa de trabajo con todas las comunidades autónomas, una declaración conjunta que sirva de hoja de ruta en las autonomías. Algunas medidas ya se han puesto en marcha en esos territorios.
Por su parte, el acto del Ministerio de Vivienda del lunes está previsto desde hace varias semanas. Aunque por el momento se desconoce el anuncio que podría hacer Sánchez, girará en torno a la «gran alianza de país» que propone en cada acto la ministra Isabel Rodríguez —en contraposición al Pacto de Estado exigido por las empresas— y la nueva empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno en el último congreso del PSOE en diciembre.
Esta nueva sociedad «capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado» será la actual Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo. Los primeros pasos para su configuración fueron la reforma de su organigrama, situándola en el grupo uno de entidades públicas empresariales a la altura de otras como Adif, Renfe o Correos. Adicionalmente, el Consejo de Ministros aprobó en su última reunión de 2024 el traspaso a esta compañía las viviendas propiedad de MUFACE, INVIED, Adif y SIEPSE.
La jornada será inaugurada por la propia Rodríguez. Posteriormente, se celebrarán dos mesas redondas. La primera, sobre la ampliación del parque de vivienda asequible, en la que participará Leire Iglesias, directora general de Sepes; Gema Gallardo, directora de Provivienda; Santiago Novoa, director general de Pymes y Midcaps del ICO, y Manel Rodríguez, patrono de la Fundación Salas. La segunda girará la regulación y la movilización del alquiler residencial, en la que intervendrán Rocío Perteguer, directora de Medio Ambiente, Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores; María Sisternas, exdirectora del INCASÒL; Patricia Val, directora general de Alokavide, y Javier Burón, gerente de Nasuvinsa. El cierre institucional correrá a cargo de Pedro Sánchez.
Exigencias de los socios
La vivienda lleva en el debate público muchos años, pero en los meses más recientes se ha convertido en un asunto nuclear. El Gobierno, de hecho, ha protagonizado distintos anuncios enfocados a recuperar la iniciativa ante la sensación constatada de que la población (y muy especialmente los jóvenes) no ven realizadas políticas reales para atacar un problema que no parece tener techo. A eso se suman las distintas posiciones de los socios parlamentarios que sustentan al Ejecutivo.
Las formaciones de la izquierda son muy exigentes en este sentido y no comparten buena parte de la línea por la que apuesta el Ministerio. Tanto es así que la ley del suelo fue negociada prácticamente con el PP, asumiendo que sus socios habituales no entrarían en la ecuación. Los conservadores, que compartían la mayoría del plan, decidieron no apoyarla forzando a Rodríguez retirar la votación del orden del día. En la negociación de los Presupuestos de 2025 también será un asunto encima de la mesa. Podemos, por ejemplo, (cuyos votos necesita Sánchez para aprobar las cuentas) sigue exigiendo reducir por ley el precio del alquiler un 40%.