El Gobierno central y el canario han acercado este jueves un acuerdo para llevar al Congreso una nueva iniciativa legislativa que desbloquee la distribución obligatoria a las comunidades autónomas de los menores migrantes. Ante las diferencias que mantienen sobre la fórmula más adecuada, se ha tomado la decisión de consultar a los servicios jurídicos y seguir sus recomendaciones. Para ello, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han dado un plazo de diez días en los que tener un texto cerrado y someterlo a consulta de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado.
El presidente de Canarias apuesta por un decreto ley para una distribución extraordinaria de alrededor 4.000 menores migrantes, una vía más coyuntural y de urgencia, mientras que el Ejecutivo defiende una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Torres entiende que esta fórmula representa una mayor seguridad jurídica, pues la tutela de menores es competencia de las comunidades autónomas, además de ser más estructural.
Pese a las diferencias, Torres ha avanzado que en aras de un acuerdo «se hará lo que los informes jurídicos digan que es lo más viable» y «a partir de ahí se buscarán los acuerdos parlamentarios». Tanto si se presenta un decreto como una propuesta de ley requiere la aprobación del Congreso.
Otro temor que expresan fuentes del Ejecutivo es que alguna comunidad autónoma gobernada por los populares recurra al Tribunal Constitucional para paralizarla. De ahí que se priorice una iniciativa legislativa a través de una proposición de ley, promovida por los grupos parlamentarios, en lugar de un decreto como reclama el ejecutivo de Canarias. Una tramitación que, según argumentan, ofrecería más garantías.
En las próximas semanas se convocará a las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial de Infancia en la que se trasladará tanto la propuesta que defiende Clavijo como la del Ejecutivo para valorar ambas.
Después de las tensiones durante las últimas semanas, Torres y Clavijo han mostrado una mayor sintonía este jueves durante una reunión en Madrid. Lo que ambos han asumido es que sea cual sea la vía elegida para desbloquear el reparto de menores migrantes llegados a las costas canarias deberá salir adelante sin el PP. Por ello se sigue negociando con Junts con el objetivo de sacar adelante este acuerdo con los socios de investidura. El titular de Política Territorial se ha mostrado optimista en este sentido ante la posibilidad de “llegar a acuerdos en distintos aspectos con Junts”.
Fuentes del Ejecutivo trasladan que negocian con Junts “diversos asuntos” para conseguir su apoyo y sumarlos al bloque de investidura para sacar esta reforma adelante. Los posconvergentes votaron en contra de la reforma en el Congreso, junto a PP y Vox, el pasado mes de julio. Su apoyo, como ya manifestaron en su día, estaría condicionado a que hubiese una transferencia de las competencias “integrales” en inmigración. Uno de los compromisos pendientes que exigen materializar antes de abordar la negociación de los Presupuestos.
Entre los últimos gestos a Junts, relacionados con el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña, está en transferir a los Mossos la seguridad de puertos y aeropuertos. Este mismo mes de enero está prevista la celebración de una Junta de Seguridad entre la Generalitat y el Ministerio del Interior.
