Cuenta atrás para conocer qué decidirán DKV y ASISA sobre su participación en la segunda licitación de Muface. Tras la espantada de Adeslas en vísperas de acabar 2024, el futuro de la asistencia sanitaria de 1,5 millones de personas (titulares y beneficiarios) pende más de un hilo que nunca a la espera de saber si las dos compañías aceptan la segunda oferta del Gobierno o, por el contrario, vuelven a dejar desierto el concierto. Apenas quedan unos días para que finalice el plazo dado por el Ejecutivo para que respondan -vence el 15 de enero- y la incertidumbre sobre la supervivencia del modelo es mayor que nunca.
El último mensaje de calma por parte del Gobierno llegó en vísperas de Reyes. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, pedía «tranquilidad» a los mutualistas y resaltaba los «esfuerzos sin precedentes» que está haciendo el Ejecutivo. «Estamos hablando de 4.500 millones de euros en tres años, de una subida superior al 30%, estamos hablando de casi mil millones más que el último concierto«, señalaba.
El titular de Función Pública recordaba que se ha prorrogado el servicio en base a la Ley de Contratos del Sector Público -que se activó a finales de año- y, además, que las aseguradoras están «en plazo todavía» para el nuevo concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios.
Una semana
Esta es la última semana para que ASISA y DKV tomen la decisión de presentarse (o no) a la segunda licitación y todo son dudas. El Gobierno confiaba en la renovación del concierto a partir del mes de marzo. Así se comunicó a los sindicatos en el último Consejo General de Muface, a finales de diciembre, tras el primer gran cataclismo del 5 de noviembre, cuando las tres compañías declinaron una primera oferta.
El Consejo de Ministros autorizaba el 17 de diciembre la nueva licitación del concierto con una subida de un 33,5 % en los próximos tres años, frente al 17% que ofertó en la primera (para dos años) que las aseguradoras dejaron desierta. Para Adeslas no fue bastante.
La marcha de Adeslas -que la compañía ya dejaba entrever en los últimos meses- ha supuesto un nuevo golpe y ha acentuado una crisis que ha dinamitado los cimientos de una mutualidad que este año celebra su 50 aniversario. La compañía elegida por el 47% de los mutualistas ya dejó claro sus motivos para decir no: seguir supondría asumir unos 250 millones de pérdidas en tres años. No están dispuestos a ello, pese a que seguirán prestando servicio tanto a la Mutualidad General Judicial (Mugeju) como al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).
¿Qué hará DKV?
En el aire también, la decisión de DKV, que cubre al 18% del funcionariado, y también ha deslizado que podría no interesarle presentarse a la nueva licitación. Aunque, a finales de año, aseguraban que todavía no tenían una respuesta y seguían analizando los pliegos. Este martes, repetían a este periódico que, al menos ese día, no tenían una decisión que comunicar.
Motivo de especial preocupación para los mutualistas en el exterior, a los que cubre esta aseguradora. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mostraba recientemente su recelo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por quién atendería a esos funcionarios si las compañías no aceptaban la nueva oferta del Gobierno. Días después, con Adeslas ya fuera, desde la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) insistían en esa zozobra.
Si DKV también abandona, el escenario se torna más oscuro que nunca porque, para hacer frente a la atención de los funcionarios, solo quedaría ASISA. FEDECA ha exigido al Gobierno que «actúe con verdadera eficacia, diligencia y voluntad política» para alcanzar una rápida renovación y que resuelva la actual situación de incertidumbre sobre la cobertura sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, quienes, aseguran, ya están siendo desatendidos en la actualidad.
Reunión con el Gobierno
Algo que vienen denunciando desde hace meses sindicatos como CSIF que, tras conocer la decisión de Adeslas de dejar el concierto, ha pedido al Gobierno una reunión «al más alto nivel» y le ha instado a que haga público «con total transparencia» los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto, así como la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface.
Concentración de CSIF por Muface. / EPE
Un informe que, desde diciembre, ya está en manos del Gobierno. Para conocer su contenido, habrá que esperar a la fecha de publicación, que podría ser a principios de año. El estudio fue un encargo del Ejecutivo y, en los plazos previstos, ha sido remitido al Ministerio de Hacienda.
«Irresponsabilidad corporativa»
El sindicato ANPE también ha lamentado que la posible retirada de aseguradoras del nuevo concierto sanitario de Muface podría constituir «un acto de irresponsabilidad corporativa». Un 60% de los funcionarios de Muface son profesores no universitarios. La organización sindical considera que el modelo ha demostrado ser una solución «eficaz y sostenible» y que la retirada de grandes aseguradoras «no puede explicarse únicamente por razones económicas».
ANPE ha advertido que si las aseguradoras continúan «anteponiendo sus intereses a su responsabilidad social» el modelo de Muface podría colapsar obligando a más de un millón de mutualistas a pasar al Sistema Nacional de Salud. Una situación que, a su juicio, tendría consecuencias «desastrosas» para un sistema público «ya tensionado» como el aumento de las listas de espera o la reducción de la calidad de la atención sanitaria en todo el país. Además, han apuntado que las comunidades autónomas son las que sufrirían directamente al ser «incapaces» de absorber esta carga adicional.
Comunidades que, como Madrid, ya han afirmado que llevan tiempo trabajando en distintos escenarios por si tuvieran que absorber a la población de Muface si finalmente Gobierno y aseguradoras no llegan a un acuerdo. La consejera de Sanidad de la región, Fátima Matute, ha asegurado que el fin del modelo supondría pasar a su sistema sanitario a 240.000 ciudadanos y un «coste efectivo mínimo» de 400 millones de euros.
