La vivienda cerró el pasado año con un incremento de los precios de entre el 10% y el 15%, en función del informe al que se acuda a consultar los datos, en comparación con el final de 2023. El tensionamiento del mercado es evidente no solo en las carteras de las familias o en los portales inmobiliarios, sino también en los estudios, y con esta tesitura las principales fuerzas políticas pugnan por diseñar una solución para el principal problema del país que la mayoría parlamentaria compre.
De un lado, las derechas apuestan por mantener la liberalización del mercado y evitar el intervencionismo público, a excepción de aunar las dos vías para liberar suelo de propiedad pública y cedérselo a las promotoras privadas, a modo de concesión, para construir. Del otro, los socialistas defienden la ampliación del parque público a través de la transformada Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y la colaboración público-privada. Ninguna de las dos vías plantea una intervención real en el mercado ni el freno a la especulación inmobiliaria.
El PP apuesta por regalar suelo público a capital privado
Los de Alberto Núñez Feijóo no son originales con sus fórmulas para abordar la crisis habitacional y, aunque esta tiene una naturaleza diferente a la que detonó años atrás, apuestan por medidas que recuerdan a los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. «Necesitamos más suelo y lo pondremos a disposición porque la solución pasa por construir más vivienda», ha presentado el portavoz nacional del Partido Popular (PP), Borja Sémper. Esta posición es la que definirá la formación el fin de semana en Asturias, donde el presidente del PP y los barones territoriales se reunirán.
«En el encuentro de Asturias trataremos las reformas legislativas que son necesarias en el ámbito nacional y acordaremos las medidas que puedan ser aplicadas allí donde gobierna el PP», ha detallado Sémper. La principal medida que quieren impulsar los 11 Gobiernos autonómicos del PP es la cesión de suelo público a promotores privados para que los exploten durante 75 años a través de alquileres asequibles que les generen rentabilidad, aunque esta llegue por una compensación pública pagada por el dinero de todos los ciudadanos.
Qué es un alquiler asequible, los requisitos, el precio máximo y demás variables son los aspectos que no define el PP y que preocupan, dada la experiencia que se está viviendo en territorios como Madrid con los alquileres supuestamente “asequibles” del Plan Vive, que utiliza la fórmula de los 75 años. “La solución pasa por construir más viviendas y no por intervenir el mercado«, ha reiterado Sémper. Construcción a cargo de manos privadas, a cambio de regalo de suelo para su explotación durante el tiempo necesario para que el beneficio sea lo suficientemente jugoso como para aceptar el trato.
El PSOE de los anuncios grandilocuentes
Al otro lado de la verja la problemática de vivienda también se estudia. En seno del Gobierno existen discrepancias sobre las soluciones y aunque los socios más a la izquierda proponen un abordaje desde la regulación del mercado, el PSOE impone su fuerza parlamentaria y la colaboración público-privada. Ampliar el parque público de vivienda a través de acuerdos con el sector privado que no distan mucho de lo propuesto por el PP, pero que presumen de contar con un mayor control y supervisión pública.
No obstante, gran parte de los pisos prometidos a lo largo de estos años son aún una ilusión y organismos públicos que ya cuentan con viviendas construidas, como la Sareb, son señalados por las asociaciones y sindicatos vecinales por sus prácticas, homologables a las de un gran casero privado. La transformación del Sepes espera sumar más terrenos y viviendas que lanzar al mercado del alquiler, pero los pisos tangibles no parecen atisbarse en un futuro próximo y la pertenencia de las competencias de vivienda en manos de las CCAA -la mayoría del PP- dificultan la asunción de políticas estatales.
La ley de Vivienda, ignorada por todos los territorios gobernados por los conservadores, es ejemplo de ello. Mientras, los socialistas también apuestan por construir más, desde la colaboración público-privada o, como defiende su última propuesta, impulsando la vivienda cooperativa en cesión de uso. Este modelo, desarrollado en Quebec (Canadá), consiste en conformar una sociedad cooperativa que hace de promotora y adjudica los inmuebles a las personas socias a precio de coste de la construcción, lo que «asegura su asequibilidad y ausencia de lucro», aseguran los socialistas.
PNV y Junts tienen la última palabra
Independientemente del modelo, la crisis de la vivienda no parece que vaya a solucionarse pronto (menos con estas fórmulas) y sus impulsores, los principales partidos, ni siquiera tiene el poder suficiente para sacarlos adelante. El Congreso de los Diputados enfrenta a dos grandes bloques que, de por sí, no cuentan con una mayoría suficiente y requieren de apoyos externos volubles e interesados.
De un lado, la extrema derecha y los conservadores repartidos entre Partido Popular y Vox se enrocan contra el Gobierno y cualquier política impulsada con 170 escaños, más uno de Unión del Pueblo Navarro (UPN), a cinco de la mayoría absoluta. Del otro, el Ejecutivo se defiende con los 147 de PSOE y Sumar, más los habituales de la izquierda nacionalista (7 ERC, 6 EH Bildu y 1 BNG) y Podemos (4).
Dos grupos ideológico que aunque pueden sufrir discusiones internas suelen remar en la misma dirección. En el limbo quedan el escaño de Coalición Canaria (CCa) y José Luis Ábalos, insuficientes también por sí solos, pero necesarios en alguna variable aritmética. Así, todo termina dependiendo de los votos de los nacionalistas de derechas, socios habituales del Ejecutivo por contraposición al peso de Vox en el bloque del PP, pero alejados ideológicamente. 7 escaños de Junts y 5 del PNV que se aunaron recientemente a los conservadores para tumbar el impuesto a las energéticas y que Feijóo quiere retener.
