Nicolás Maduro debe jurar el próximo viernes como presidente por tercera vez y con el declamado apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero antes de que tenga lugar la desteñida ceremonia en la Asamblea Nacional (AN), la capital venezolana volverá a funcionar como caja de resonancia del un conflicto político sin salida a la vista. El 9 de enero se movilizan el oficialismo y la oposición. Los primeros, para blindar a Maduro en una ciudad militarizada como Caracas. Los segundos en defensa de la legitimidad de la victoria en las urnas de Edmundo González Urrutia. Las facciones velan sus armas en medio de una pregunta sin respuesta sobre el cumplimiento de la promesa del excandidato de retornar a ese país con el propósito declarado de tomar posesión de un cargo ejecutivo que reclama al considerarse vencedor de las elecciones del 28 de julio.
Según el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien también maneja el Partido Socialista Unido (PSUV), González Urrutia, a quien calificó de exagente de la CIA, no se atreverá a pasar de la palabra a los hechos. En caso de que lo hiciera, «el pueblo de Venezuela está esperando porque es un mercenario que no quiere a este país».
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo que nueve exjefes de Estado latinoamericanos de orientación conservadora se subirán con González Urrutia a un avión que debe partir desde Panamá. Cabello dijo haber instalado una oficina en el aeropuerto de Caracas «para chequear los que van llegando; por algún lado tienen que llegar, y por donde lleguen los enemigos de este país serán capturados y sometidos a la justicia».
Las especulaciones sobre el eventual retorno de González Urrutia, seis meses después de partir al exilio español, quedan en un punto eclipsadas de cara a los acontecimientos de jueves. La oposición sorprendió al Gobierno al cambiar la fecha de su ocupación del espacio público, que estaba prevista para el mismo 10 de enero, lo que obligó al PSUV a desdoblar su esfuerzo en las calles. El madurismo pondrá en juego todo el aparato estatal y sus fidelidades a los efectos de demostrar una adhesión social mayoritaria. «Amargados no intenten nada. Habrá marcha el día 9 y arranca el congreso antifascista, con más de 100 países. El 10, acto de juramentación en la Asamblea Nacional. Vamos a tomar Caracas totalmente», advirtió el ministro del Interior. «¿A cuántos vamos a mover? Ya verán».
La agenda opositora
María Corina Machado se encuentra otra vez al frente de la protesta opositora. Por ahora se desconoce la hora y el lugar de la manifestación en favor del candidato que proclamaron ganador de los comicios. Machado destacó la importancia del respaldo de Biden a González Urrutia, a quien le dio el tratamiento de un «presidente electo». El encuentro, sostuvo la dirigente derechista «representa el reconocimiento a la soberanía popular expresada a través de los votos de millones de venezolanos y a la gesta épica de un pueblo que decidió ser libre».
El Palacio de Miraflores ha reaccionado airadamente a la reunión de la tarde del lunes. Washington endureció su postura hacia Caracas ante la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de mostrar las actas que acrediten el triunfo de Maduro. Sancionó a representantes de los dos organismos, así como militares y espías. A su vez, reconoció que González Urrutia había ganado la contienda. En este contexto, Biden y el exdiplomático se tomaron una foto ambos sonrientes en el Salón Oval. La imagen fue suficiente como para que el ministerio de Exteriores expresara su ira. «Resulta grotesco que un Gobierno de salida como hundido en el descrédito político y marcado por un legado de fracasos domésticos e internacionales, insista en respaldar un proyecto violento que ya fue derrotado por el voto popular y la democracia revolucionaria del pueblo venezolano». La Cancillería consideró que la recepción a González Urrutia representa » una flagrante violación del derecho internacional y un intento burdo por perpetuar la injerencia imperialista en América Latina».
Lo que más enervó al madurismo no fue la cita de González Urrutia con Biden sino la reunión que el opositor sostuvo con el próximo asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el exboina verde, Mike Waltz. La protesta del jueves estuvo en el centro de la conversación. Waltz estuvo acompañado de los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al salir de la reunión, González Urrutia dijo: «nos garantizó que los Estados Unidos y el mundo estarán alerta sobre lo que suceda en nuestro país«. La palabra «alerta» suscita por estas horas distintas interpretaciones. Waltz ha sido el impulsor de la llamada Ley Bolívar, una iniciativa bipartidista que prohíbe Estados Unidos contratar empresas que realicen operaciones comerciales con el madurismo. «Ley Basura» la llamó el actual presidente.
¿Historia repetida?
Maduro asumió su segunda presidencia el 10 de enero de 2019 con la presencia de representantes Rusia, China, Turquía e Irán. En esa oportunidad, 19 países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron «no reconocer la legitimidad» de su Gobierno. Nueve días más tarde, el diputado opositor Juan Guaidió se autoproclamó «presidente encargado» con el respaldo de Trump, parte de la UE y los principales países de la región. Esa estrategia no logró su cometido y Maduro se propone extender su gestión por otros seis años, después de unos comicios altamente cuestionados. La oposición sabe que la historia no puede repetirse y su confianza en salir esta vez airosa se pondrá a prueba en los próximos días en las calles y semanas después porque Trump reingresará a la Casa Blanca el 20 de enero y espera gestos elocuentes del magnate republicano.
La gran novedad respecto a 2019 es la existencia de un grupo de países latinoamericanos del llamado bloque progresista que decidió darle la espalda a los fastos del viernes, como el caso de Chile, o será representado solamente por los embajadores acreditados en Caracas. Venezuela rompió relaciones con Paraguay después de sumarse al grupo de países que lideran Estados Unidos y la Argentina de Javier Milei que consideran a González Urrutia el mandatario legítimo