Tres de cada cuatro españoles desaprueban que el Gobierno o el fiscal general del Estado filtren datos reservados de un particular, como ha ocurrido con las comunicaciones del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado investiga si el fiscal general del Estado ha cometido un delito de revelación de secretos, aunque el Gobierno sostiene que Álvaro García Ortiz se limitó a «desmentir un bulo» sobre el novio de Ayuso.
La sociedad española condena mayoritariamente la filtración. Sólo entre los votantes de Sumar y Podemos una mayoría (el 47%) considera lícito que el fiscal general del Estado vulnere los derechos de un particular, difundiendo sus datos reservados, por motivos políticos.
En cambio, consideran reprobable esta conducta el 95% de los votantes del PP, el 99% de los de Vox, el 62% de los partidos nacionalistas e independentistas y, en menor medida, el 46% de los votantes socialistas.
Otro 32,4% de quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones justifica la actuación de Álvaro García Ortiz. Por grupos de población, las mujeres (82%) y los jóvenes de hasta 35 años (90%) son los que se muestran más críticos con la actuación del fiscal general.
Siguiendo las instrucciones del juez Hurtado, la Guardia Civil registró el pasado 30 de octubre el despacho del fiscal general y clonó su teléfono móvil, algo que no había ocurrido hasta ahora en democracia.
En un primer informe remitido al juez, la UCO explicó que no había hallado ni un solo mensaje de WhatsApp en el móvil de García Ortiz, en el período analizado: entre el 8 y 14 de marzo de 2024, las fechas en las que se produjo la filtración de los datos del novio de Ayuso.
Sin embargo, la UCO ha confirmado ahora que el teléfono analizado no es el mismo que García Ortiz utilizaba en aquellas fechas: lo cambió el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el juez abriera una causa contra él por la presunta revelación de secretos.
El PP considera que, a este delito, Álvaro García Ortiz ha sumado otro de obstrucción a la Justicia, por destruir las pruebas de su teléfono móvil que le resultaban incriminatorias para él.
Por su parte, el ya exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, declaró voluntariamente ante el Supremo el pasado 29 de noviembre y permitió que la Guardia Civil clonara también su móvil.
El análisis de este terminal ha permitido constatar que varios altos cargos de la Moncloa conocían los correos electrónicos intercambiados por el abogado del novio de Ayuso con la Fiscalía, antes de que fueran publicados por los medios de comunicación.
Entre ellos, el entonces secretario de Comunicación de Presidencia del Gobierno, Francesc Valles, y su sucesor, Ion Antolín (que en aquel momento era jefe de prensa del PSOE), quien finalmente ha abandonado el cargo alegando motivos de salud.
También Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, a la sazón jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa y hoy ministro de Transformación Digital.
A primera hora del 14 de marzo, Sánchez Acera reenvió a Lobato una captura del email del abogado de González Amador y le instó a exhibirlo ante Ayuso en el debate de la Asamblea de Madrid que iba a celebrarse esa misma mañana.
También Francesc Vallés, Jon Antolín y Laura Sánchez Espada, directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presionaron a Lobato y a su equipo para que utilizaran contra Ayuso el email de su novio dirigido a la Fiscalía, antes de que apareciera publicado en ningún medio.
Finalmente, después de que el juez acordara investigar al fiscal general, Juan Lobato acudió a una notaría para dejar constancia de estos mensajes.
El PSOE ha forzado la dimisión de Lobato como secretario general de los socialistas madrileños, un cargo que ha asumido el ministro Óscar López, cuya mano derecha manejaba desde la Moncloa los correos electrónicos del novio de Ayuso.
Ficha técnica
Se han realizado 2.953 encuestas a españoles mayores de edad, extraídas de forma aleatoria de un panel representativo de la población española de n=10.000, entre los días 26 y 30 de diciembre de 2024, con equilibraje muestral según cuotas de sexo, edad y provincia de residencia. Posteriormente, se han reponderado los resultados nacionales por recuerdo de voto en las elecciones de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3% para un intervalo de confianza del 95%.
