Edmundo González Urrutia, a quien Estados Unidos consideró «presidente electo» de Venezuela, tiene previsto reunirse este lunes en Washington con Joe Biden. Antes de aterrizar en territorio norteamericano, Caracas lanzó una nueva advertencia al candidato opositor que se atribuye la victoria en las urnas el pasado 28 de julio. La principal autoridad parlamentaria, Jorge Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional que respalde una orden de detención policial, en caso de que intente retornar al país el 10 de enero, cuando debe iniciar formalmente su tercer y cuestionado período de Gobierno Nicolás Maduro. «Mi intención es ir a Venezuela a tomar posesión», dijo González Urrutia el pasado sábado en Buenos Aires. «Estamos obligados a contribuir con la Fiscalía (…). Cada diputada y cada diputado que defiende la paz solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de Venezuela, el arresto inmediato por usurpación de funciones, por traición a la patria, por lavado de dinero», respondió Rodríguez, un dirigente que forma parte del entorno más cercano de Maduro.
Rodríguez no hizo más que recordar que los poderes del Estado responden a un mismo mando en Venezuela. La Policía Judicial ya había puesto precio por la cabeza de González Urrutia: 100.000 dólares a quien informara sobre su paradero. Desde que abandonó Madrid, el «paradero» final del exdiplomático es incierto. No se sabe si, más allá de sus declaraciones, desafiará al madurismo de cuerpo presente o su decisión de «juramentar» será extraterritorial y de carácter simbólico.
Por lo pronto, González Urrutia, quien el fin de semana recibió el trato de «presidente electo» de los mandatarios de Argentina y Uruguay, Javier Milei y Luis Lacalle Pou, respectivamente, tiene, además de su cita con Biden, una reunión con Rick Scott, un senador republicano ligado al halcón y futuro secretario de Estado, Marco Rubio, el hombre que Donald Trump designó con la mira puesta especialmente en América Latina. Scott dijo estar «ansioso» por verse cara a cara con González Urrutia. «Espero con ansias su justa toma de posesión como líder de Venezuela este 10 de enero», añadió antes de asegurar, en lo que puede ser un anticipo de la política de Estados Unidos hacia Venezuela a partir del 20 de enero: «Nuestra única discusión con este régimen tiránico es sobre cuándo y cómo se irán».
La Asamblea Nacional (AN) que comanda Rodríguez también se prepara para declarar un «acto de invasión» la presencia en Caracas de los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, así como otros dirigentes de la región que se quieren sumar a las manifestaciones opositoras que se realizarán el jueves en la capital en rechazo a la toma de posesión de Maduro, 24 horas después. Un «extranjero», remarcó Rodríguez, no puede ingresar a Venezuela «sin la debida autorización de las instituciones calificadas».
Militarización
La antesala del 10 de enero será de todo menos apacible. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, consideró «normal» el fuerte despliegue de seguridad en la capital de los organismos del Estado, en especial la AN, donde tendrá lugar la toma de posesión el próximo viernes. Caracas vuelve a estar prácticamente militarizada. Según Cabello, los opositores están «nerviosos» debido a las medidas de seguridad. «Hacemos este despliegue porque conocemos la oposición que tenemos, ante las amenazas que tenemos y que hacen contra el pueblo», dijo a la televisión oficial.
La líder del antimadurismo, María Corina Machado, había convocado a movilizarse en las calles el mismo 10 de enero. Por razones no explicadas, la protesta se realizará un día antes. «Esta es la señal. Este es el día», dijo sobre la jornada. «Yo voy contigo. Este 9 de enero, todos a las calles, en Venezuela y el mundo», reza el mensaje lanzado a través de las redes sociales. «Salimos con los colores de nuestra bandera. No importa cuánto la hayan querido diluir. Nosotros la vamos a unir (…) aquí nadie se queda atrás».
Una ceremonia sin lustre
Maduro tendrá una juramentación mucho más desteñida que la de 2019. A la hostilidad manifiesta de Milei, Lacalle Pou, y sus colegas de Paraguay y Perú, Santiago Peña y Dina Boluarte, se suma la indiferencia del chileno Gabriel Boric, conocido crítico de lo que ocurre en Venezuela, y el muy bajo perfil de Luiz Inacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, los presidentes de Brasil, Colombia y México que estarán representados en la ceremonia por los embajadores acreditados en Caracas. Las relaciones de Venezuela con los gobiernos progresistas de la región se deterioraron debido a la reticencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de mostrar las actas que validen la victoria de Maduro el 28 de julio pasado.
Colombia por primera vez integrará el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Petro expresó su orgullo por la participación de su país y dijo que fijará en ese foro una postura «precisa y contundente» sobre «la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina». También «velará» por la libertad del presidente peruano Pedro Castillo, arrestado desde su destitución, en diciembre de 2022. Además, «buscaremos un acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos y libertades de su ciudadanía». Los analistas no saben si con estas palabras Petro ofrece una fórmula retórica de compromiso, un anhelo sin fundamentos o Petro cree verdaderamente que existe aún un resquicio para explorar una solución negociada a un conflicto político interno de más de 10 años.
