Mientras este jueves, 9 de enero, prestará declaración testifical Ignacio Cosidó en la investigación sobre la guerra sucia emprendida durante el gobierno de Mariano Rajoy contra el partido Podemos para frustrar su posible ascenso al Gobierno, el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tiene, entre algunas diligencias pendientes de resolver, la citación del comisario Manuel López Vázquez, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en el periodo crucial de acciones de una virtual policía política, según definió el dictamen del Congreso de los Diputados.
Cosidó, director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, uno de los doce querellados, declarará, sin embargo, en calidad de testigo, de acuerdo con el informe del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, asumido por el juez Pedraz.
La del exdrector general de la Policía es la última de las testificales admitidas por el juez, aunque está pendiente de resolución, según se ha apuntado, la del comisario López Vázquez, jubilado en 2019. Y, también, la de una agente subordinada suya que viajó, en abril de 2016, a Nueva York en misión especial para recolectar información y que aportó a la causa un escrito con las operaciones llamadas Bolívar y Venus, internamente en la UDEF, contra dirigentes de Podemos.
La declaración de López Vázquez tendría relevancia porque es el comisario que se encargó de «vender» o «encomendar» el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) tanto al Tribunal de Cuentas como al Tribunal Supremo para que se abriera una investigación oficial sobre Podemos después de meses de trabajo de manera extraoficial de los servicios de información. O después de meses de guerra sucia en busca del Santo Grial o pruebas para abortar el posible ascenso de Podemos al Gobierno.
El informe PISA fue elaborado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO) a cargo del comisario Eugenio Pino, subordinado o numero dos del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y ha sido atribuido a una recopilación del comisario Andrés Gómez Gordo. El documento carecía de sello oficial y firma. Pero fue el jefe de la UDEF, López Vázquez, quien asumió la tarea de que aflorase bajo la forma de una investigación en toda regla.
El comisario se aseguró de que, especialmente, llegasen documentos al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en marzo de 2016. Entre ellos, copias de cheques presuntamente ordenados por el gobierno de Venezuela y con la firma del entonces presidente Hugo Chávez en favor del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la fundación predecesora de Podemos. López Vázquez mantuvo también contacto telefónico con magistrados de la citada Sala Segunda del Supremo.
«Marchena decidió que el material no podía ser utilizado contra Podemos, primero porque había que acreditar su veracidad, pero, también, entre otras cosas, porque se refería al CEPS. Y aunque sus directivos más tarde serían los que constituirían la cúpula de Podemos, no era lo mismo, su uso supondría una interpretación forzada», dijo una fuente judicial a EL PERIÓDICO. «Junto con esas razones había otra de naturaleza jurídica: los presuntos pagos eran de 2015, anteriores a la ley que introdujo el 1 de julio de aquel año el delito de financiación ilegal de los partidos políticos», añadió la fuente.
El hecho es que las gestiones de López Vázquez en la Sala Segunda del Supremo trascendieron ya que una fuente de la misma decidió que era necesario eliminar cualquier posibilidad de malentendido. El propio comisario admitió que esas gestiones en las que ofreció su disposición a ampliar información a la Sala Segunda sobre el informe PISA. El 13 de abril de 2016, la sala de la Sala Segunda del Supremo encargada de la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que había unido el informe PISA, reproducido por medios radiofónicos y digitales, a sus escritos, resolvió desestimarla.
Mas y Pujol
López Vázquez era un experto en combinar filtraciones periodísticas con la búsqueda posterior de cobertura judicial. Con ocasión de las elecciones al Parlament de Catalunya en noviembre de 2012 se filtró un informe que al igual que el de PISA carecía de firma. En dicho escrito se presentaban presuntas cuentas bancarias de Artur Mas, el president de la Generalitat, candidato a la presidencia, y del expresident Jordi Pujol, en el extranjero. Unas cuentas que nunca se acreditaron. El comisario jefe de la UDEF fue citado a declarar ante un juez en Barcelona, ante quien negó que fuese un documento de la UDEF.
En 2014, en una conversación entre José Manuel Villarejo y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado en la causa que investiga la guerra sucia contra Podemos, se mencionó, precisamente, la historia de dicho documento.
Dicho borrador fue filtrado al diario El Mundo, periódico al que Villarejo llamaba el ‘cañón Berta’ con el que solía disparar, una semana ante de las elecciones autonómicas de Catalunya del 25 de noviembre de 2012, en la cual los partidos independentistas sufrirían una merma considerable de apoyo ciudadano.
El mismo borrador fue objeto de una investigación por parte del fiscal Martín Rodríguez Sol, fiscal superior de Catalunya, y los jefes policiales, entre ellos el responsable de la UDEF, Manuel Vázquez, negó su existencia. Villarejo y Martínez recuerdan en el audio lo mal que lo pasaron aquellos días en una de las casas que el entonces comisario tiene en la madrileña localidad de Boadilla del Monte. «Paco, tú fuiste el responsable de que cambiara España. Eso [el borrador] fue el principio del fin de ellos [Pujol y Mas]».
Para salir de aquel atolladero, recuerda en este audio Villarejo, acudieron al Sindicato Unificado de la Policía (SUP), cuyo responsable, José Manuel Sánchez Fornet, convocó una rueda de prensa, en la que afirmó que tenían copia del documento que, en efecto, aseguró era de la UDEF.
Fue también el comisario López Vázquez quien dio cobertura judicial a la filtración -también a El Mundo– de la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, en Suiza, una operación que la Sala Segunda del Supremo desestimó investigar.
El comisario envió a la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que sostenía que dicha información había sido obtenida en Francia y que estaba redactada en un informe en lengua francesa. La realidad es que el comisario Enrique García Castaño, quien filtró la presunta cuenta bancaria, había pagado 25.000 euros a un agente de aduanas francés.
Volvamos a la guerra sucia contra Podemos. Uno de los grandes ausentes entre los querellados es, quién lo diría, el comisario José Manuel Villarejo. ¿Cómo es posible? Es que Villarejo era un sabueso que también estaba en la pista de Podemos. Así lo reconoció el 24 de junio 2017, su conversación con María Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP. «Tengo un tema de la hostia contra Podemos”, en referencia a la banda terrorista ETA, a lo que Cospedal contestó: «Es una bomba, yo eso sí lo quiero».
