Yolanda Díaz ha conseguido persuadir a Pedro Sánchez para cambiar el rumbo de la legislatura. Hasta ahora, el ala socialista del Gobierno había apostado por resistir, tratando de minimizar daños y evitando derrotas parlamentarias. Un plan fuertemente criticado por la vicepresidenta segunda, que lleva meses pidiendo al presidente que presente las normas al Congreso de los Diputados a pesar de que no salgan las votaciones.
Ahora, en el equipo de Sánchez consideran que es ineludible moverse porque quieren evitar una imagen de pasividad en plena retahíla de causas judiciales que harán complicados los próximos meses. El ‘caso Koldo’ y la investigación a Begoña Gómez avanzarán, y en Ferraz se niegan a permanecer inmóviles.
Los dos partidos del Ejecutivo han decidido poner el foco en dos problemas: la inflación que atraviesa el alquiler de la vivienda y cerrar un acuerdo para distribuir por el resto de autonomías los menores no acompañados que llegan a Canarias.
Un escenario imprevisto
El PSOE hasta ahora había apostado por resistir. Con Presupuestos socialistas en vigor, consideraban secundario impulsar normas que sabían que iban a caer. La estrategia era clara: no más derrotas parlamentarias.
El Gobierno llegó a verano con más de treinta votaciones perdidas y solo tres ganadas. Un balance que no esperaban cuando comenzó la legislatura. En el Ejecutivo entendían que la ley de amnistía aplacaría a Junts, permitiría el apoyo de los independentistas y quedaría en el olvido para los electores aprobando una batería de medidas sociales durante el resto del mandato.
Pero la realidad ha resultado bien distinta. El partido del expresident Carles Puigdemont continúa tumbando iniciativas e incluso aliándose con el Partido Popular — y el PNV— para tumbar impuestos a las eléctricas y acordar la rebaja de tasas impositivas. Un escenario que no preveían en Moncloa hace un año.
Moverse o morir
Ante esta circunstancia, la parte socialista del Gobierno ha terminado cediendo a las peticiones de Díaz. Moverse, dar altavoz a las medidas y si después caen en el Congreso, situar la presión en el resto de formaciones que no han apoyado la iniciativa.
La ministra de Trabajo lleva muchas semanas presionando, en público y en privado, al líder del Ejecutivo. “Resistir no es gobernar”, llegó a afirmar contradiciendo a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
En la cúpula de Movimiento Sumar calculan que el desgaste de su formación y de los socialistas será mayor si ni siquiera intentar tramitar leyes sociales que afecten al día a día de los ciudadanos.
Pero el factor que ha terminado por convencer a los socialistas, además de los recientes pactos del PP con Junts y PNV, ha sido la retahíla de casos de corrupción. Cada paso del ‘caso Koldo’, cerca más la sospecha sobre el exministro y anterior secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, y ya asumen que la causa contra Begoña Gómez no se archivará pronto.
Con un futuro ligado al porvenir judicial, en Moncloa admiten que no pueden quedarse quietos sin manejar en absoluto la conversación pública. De ahí que ahora sí consideren preferible la estrategia de Sumar, antes que dejarse devorar por todos los avances judiciales.
Recuperar apoyo popular
Además de combatir los focos que acaparen las causas judiciales que afectan al Gobierno, en Moncloa también comparten que están perdiendo apoyo por no ser más atrevidos. Aunque las normas no salgan adelante, anunciarlas, explicarlas y llevarlas a la Cámara Baja daría, al menos, un altavoz que hasta ahora están desestimando.
La tramitación permitiría al Ejecutivo centrar los titulares en sus iniciativas, liderar la comunicación durante un periodo de tiempo y forzar a sus socios. Las negativas de Junts le están saliendo gratis a los de Puigdemont, según analizan en el PSOE y Sumar, y buscan que esa actitud se les vuelva en contra.
Tramitar los proyectos y proposiciones de ley permitiría retratar a los grupos y consideran que los independentistas serán más reacios a tumbar decenas de medidas progresistas que una sola, porque el electorado de Puigdemont advertiría que su partido está empujando hacia un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Vox.
Reparto de menas e intervenir el alquiler
El PSOE y Sumar han fijado dos objetivos: acordar el reparto de inmigrantes menores no acompañados y poner fin de una vez a la inflación que ha disparado el precio de los alquileres en las grandes urbes.
Para la primera buscará un acuerdo con Coalición Canaria, esquivando el PP tanto en el archipiélago como a nivel nacional, y tratarán de convencer a Junts. El Ejecutivo considera que este problema afecta al corazón del progresismo y enfrenta su proyecto con el mensaje conservador que está ganando la batalla en Europa.
En cuanto a la tendencia alcista del alquiler, Sumar también ha ganado la disputa porque ha convencido a la parte socialista de intervenir más el mercado. Hasta ahora, solo los territorios donde se aplica la ley de Vivienda tienen mayor intervencionismo, pero las regiones donde gobierna el PP —la mayoría— no están aplicando la norma.
