“Ahora o nunca”. Las palabras del decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, aluden a la que se presume como última oportunidad de cerrar el caso Tous 42 años y tres meses después de la tragedia, con la condonación de los préstamos de la pantanada que en los últimos años ha venido reclamando el Instituto de Crédito Oficial (ICO), incluso en el caso de que se haya dictado ya sentencia. El requisito fundamental es que los damnificados acrediten una situación de vulnerabilidad, “aunque el criterio de vulnerabilidad va a ser bastante amplio”, adelanta Ferrer.
El Colegio de Abogados ha anunciado este viernes que el ICO ha aceptado negociar “soluciones extrajudiciales, independientemente de la fase procesal en la que se encuentren los casos”, al objeto de proporcionar una solución a aquellos damnificados “con menos recursos y en situaciones de mayor vulnerabilidad”.
Solución negociada en 2023
Se trata de una solución que el decano del colegio y otros abogados de damnificados que habían recibido reclamaciones de préstamos formalizados para rehacer sus vidas o negocios tras las inundaciones de octubre de 1982 ya habían negociado y, de hecho, se llegó a un acuerdo con el último conseller de Hacienda del Govern del Botànic, Arcadi España, para cerrar el último fleco pendiente del caso de Tous de la mano del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El cambio de Gobierno tras las autonómicas de mayo de 2023 frenó la solución pactada, que Arcadi España ha retomado como Secretario de Estado de Política Territorial y con el exdirector del IVF, Manuel Illueca, al frente del ICO.
No más de 30 casos
Agustín Ferrer estima que se trata de no más de treinta procedimientos que, según los datos barajados en su día, pueden representar en conjunto entre 400.000 y 500.000 euros. El decano del colegio advierte que la mayoría de procedimientos se encuentran en fase de ejecución -algunos han derivado en embargos- después de que se hayan resuelto en la Audiencia en contra de los intereses de los damnificados de Tous. “Pendientes de sentencia quedan muy pocos”, comenta Ferrer.
Plazo hasta el 17 de enero
El Colegio de Abogados está solicitando documentación para que los afectados puedan acreditar la situación de vulnerabilidad, “concepto legal que permitirá en su caso, la condonación del capital principal, los intereses y las costas judiciales”. En este sentido, ha emplazado a los afectados que no hayan recibido ninguna comunicación a contactar con su abogado o el colegio ya que se ha fijado el 17 de enero como fecha límite para presentar la documentación requerida.
«Es el momento de hacer justicia y cerrar este tema”
“Animamos a colaborar estrechamente con los representantes del ICO para evaluar conjuntamente la viabilidad de esta alternativa. Estamos convencidos de que, trabajando juntos y explorando todas las vías posibles, podremos ofrecer una solución definitiva para todos los damnificados”, señala el colegio.
Las reclamaciones de préstamos formalizados entre 1982 y 1983 que los damnificados creían condonados o liquidados -en algunos casos la demanda la han recibido las viudas o herederos de las personas que pidieron el crédito y que carecían de información– provocaron en su momento la indignación de afectados y autoridades, que reclamaron una solución política que parecía haberse conseguido a las puertas de las elecciones de 2023. En algunos casos, los afectados habían conseguido una resolución judicial favorable en primera instancia, aunque la Audiencia reconoció en la mayoría de casos el derecho del ICO a reclamar la deuda.
El Colegio de Abogados señala que la búsqueda de una solución se ha intensificado tras la dana del pasado 29 de octubre “haciendo aún más urgente la necesidad de resolver esta cuestión”. Agustín Ferrer ha señalado que “es el momento de hacer justicia y cerrar este tema”.