En 1995 se incorporó al Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos, pero desde entonces, su uso está en tela de juicio. Los colectivos ultra Abogados Cristianos y Hazte Oír han sido los últimos en utilizarlo en su campaña de acoso contra Lalachus por mostrar una estampita del Sagrado Corazón con la cara de la vaquilla del Gran Prix durante la emisión de las Campanadas. La aplicación del artículo 525, sin embargo, suele ser más efectivo para colarse entre los titulares de prensa que en los tribunales, pues en 30 años, apenas ha cosechado una condena en firme y otra que aún está pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional. De hecho, el Gobierno ha insistido en su compromiso para reformar el Código Penal y eliminar este tipo en el marco del Plan de Regeneración Democrática.
De hecho, el único caso que ha supuesto una condena en firme por la aplicación del delito contra los sentimientos religiosos, fue a un joven que fue denunciado por una cofradía. Finalmente, el tribunal en cuestión le multó con 480 euros por publicar en Instagram un fotomontaje que sustituía la cara de Cristo por la suya propia. Aceptó la pena, habida cuenta de que la cuantía solicitada inicialmente por la Fiscalía ascendía a 2.160 euros. Un caso que acaparó todo tipo de titulares en los medios de comunicación y es el paradigma de la utilización de este delito más como herramienta mediática y propagandista que para sancionar comentarios o actos ofensivos hacia algunos grupos religiosos.
El otro de los casos aún activos permanece en los vericuetos del Tribunal Constitucional, pendiente de ser revisado. Elisa Mandillo fue condenada en 2018 a pagar 2.700 euros por mostrar una figura de una vagina de plástico engalanada como una virgen durante la manifestación del Día de la Mujer en Madrid. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ya trajo polémica, pues entendió que la acción tenía la “evidente intención de ridiculizar y burlarse de forma gratuita de una tradición católica fuertemente enraizada”. La condena, que fue recibida entre críticas de diversos sectores al considerarla como un atentado contra la libertad de expresión, está pendiente de ser revisada por la Corte de Garantías, que será el órgano que decida si se ajusta o no al derecho fundamental.
Herramienta de propaganda
Con estas dos excepciones sobre la mesa y buceando por el historial de denuncias que se han recabado a lo largo de los años bajo esta premisa, se presenta un porcentaje ridículo de aquellas querellas que acabañen condena. No han sido pocas las ocasiones en las que se ha denunciado a una persona por ofensa a los sentimientos religiosos. De hecho, artistas de la talla del desaparecido cantautor Javier Krahe, han sufrido la ira de Dios pero han resistido a la judicial. Quien integrara junto a Joaquín Sabina el grupo La Mandrágora tuvo que acudir a los tribunales por la publicación de un vídeo en el extinto programa Lo+ Plus sobre su receta de Cristo al horno. El Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro entendió que atentaba contra el espíritu del artículo 525 del Código Penal y lo llevó a juicio, aunque se cerró sin consecuencias legales para el músico.
Las organizaciones ultracatólicas, como en el caso de Lalachus, se han valido de este tipo penal para ganar publicidad y generar titulares, sabedores de que en la mayoría de los episodios, como en el de Krahe, quedan en nada. Lo mismo ocurrió con el artista Abel Azcona, quien construyó la palabra “pederastia” con hostias consagradas. O con el escritor Íñigo Ramírez de Haro, que fue denunciado por su obra Me cago en Dios. Otro caso llamativo y que quedó en agua de borrajas fue el del actor y cómico italiano Leo Bassi, que se disfrazó de Papa durante una de sus actuaciones, y tuvo que hacer frente a episodios de amenazas de muerte, incluyendo una bomba de fabricación casera bajo una butaca del teatro.
El mundo de la televisión o la radio es el campo de batalla predilecto de asociaciones como Abogados Cristianos. Humoristas como Quequé, El Gran Wyoming o Dani Mateo han seguido los pasos de Lalachus. Estos últimos fueron denunciados por algo parecido a lo que hizo Bassi en su momento: disfrazarse de sacerdotes y versionar el Juntos como hermanos. Esta misma entidad también se ha querellado contra el conductor de Hora Veintipico de la Cadena SER por hacer un chiste sobre el Valle de los Caídos. Casos muy recientes que aún están judicializados, pero que probablemente no lleguen a ningún lado.
¿Reforma del Código Penal?
El caso de Lalachus ha provocado ríos de tinta virtual tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, con comentarios mayoritarios en favor de la cómica. Pero también ha elevado el caso al debate público, sobre todo por las intenciones del Gobierno de reformar el artículo 525 del Código Penal con el objetivo de eliminar el delito contra los sentimientos religiosos. Un movimiento que ya se verbalizó el pasado verano, en el marco del Plan de Regeneración Democrática. Tras la polvareda de las Campanadas, el Ejecutivo se ha reafirmado en su compromiso para que en este nuevo 2025 se extirpe esta infracción del Código Penal.
Lo expuso el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. A través de su perfil en X – antes Twitter -, expresó su apoyo tanto a Lalachus como a David Broncano frente a los “ultras” y aseguró que el Ejecutivo reformará el Código Penal para suprimir el delito. De esta manera, según exponen desde la órbita de Moncloa, se pretende ajustar la redacción del artículo 525 del Código Penal para que sea equiparable a los estándares de la Unión Europea y atienda a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derchos Humanos en el marco de las difamaciones y el encaje legal de las ofensas a las creencias religiosas.
En definitiva, aunque los casos de condenas por delito contra los sentimientos religiosos son limitados, la polémica y las denuncias continúan siendo frecuentes, lo que pone de manifiesto el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a las creencias religiosas en la sociedad española. La reforma del Código Penal que se promete podría abrir una nueva etapa en este debate, ajustando las leyes a los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos.
