La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) vuelve a cargar contra las aseguradoras de Muface. Habla de la «ofensiva chantajista» que «están consiguiendo que algunos sindicatos promuevan movilizaciones de protesta y que el Ministerio de Función Pública se avenga a negociar importantes incrementos en las primas».
«La voracidad y el afán de lucro de las aseguradoras es insaciable y está consiguiendo que el Ministerio de Función Pública vaya aceptando un aumento de la licitación, que ha pasado de un incremento del 17% a un 35%, cosa que no le basta a la aseguradora Adeslas, que pretende conseguir una subida del 47% (un 70% de incremento respecto a la situación actual)», denuncian.
También creen que resulta «especialmente rechazable» que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «pretenda hacer política pagando a las aseguradoras la diferencia en la financiación de la asistencia al personal funcionario». El pasado 26 de diciembre, la dirigente autonómica del Partido Popular aseguró que «si finalmente [los funcionarios de la región] son abandonados» por el Gobierno, el Ejecutivo autonómico se haría cargo, «dándoles la cobertura que merecen».
Pero la Federación considera que esta oferta no es propia de quien preside la comunidad autónoma «que tiene el menor gasto sanitario, y que ha cerrado centros de salud, servicios de urgencias, camas hospitalarias y sometido al personal sanitario a condiciones de precariedad». «No deja de ser chocante este posicionamiento en una presidenta, fiel seguidora de las políticas Trump y Milei, que quieren acabar con el funcionariado en Estados Unidos y Argentina», indican en un comunicado.
Mensaje a funcionarios y Gobierno
Asimismo, apuntan al personal funcionario (67% docente). Consideran que «debería pensárselo antes de apoyar a las aseguradoras privadas que tienen como objetivo alcanzar una posición monopolista dentro del sistema sanitario como en Estados Unidos». Afirman que si en España las aseguradoras están generando «un gran rechazo social» es precisamente por «sus políticas de recortes de derechos y prestaciones».
Por último, concluyen que «un gobierno que se denomina progresista no debería mantener un modelo asistencial obsoleto e ineficiente, que rompe la igualdad de la población y favorece a determinados colectivos y empresas privadas, las cuales hacen negocio con la salud».
En otras ocasiones, la Federación indicó que «si Muface desaparece, el sistema sanitario no colapsará, dado que supondría apenas un 2% la demanda. También han rechazado que ahorre gasto al sistema sanitario al atender, en su inmensa mayoría, a personas jóvenes «que tienen buena salud».
