El PP se sacude cualquier responsabilidad por el bloqueo de un acuerdo migratorio y reclama al Gobierno dar pasos para limitar la llegada masiva de inmigrantes irregulares a costas españolas. Los populares insisten en que no aceptarán establecer por ley un reparto entre comunidades autónomas si no hay fondos asociados a este reparto, pero también si no hay medidas encaminadas a evitar un «coladero» en las fronteras del país, llamando a emular otros modelos europeos. Entre ellos, el de la italiana Giorgia Meloni, que desde su llegada al poder ha reducido un 60% el flujo migratorio irregular y cuya política migratoria fue objeto de alabanzas por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La falta de acuerdo en materia migratoria se ha convertido en un arma arrojadiza entre PP y PSOE, mientras el presidente canario, Fernando Clavijo, da señas de hartazgo después de que llegaran a Canarias más de 2.000 inmigrantes en la última semana del año y tras haber recibido en sus costas 46.000 personas en todo 2024. Un hartazgo que los socialistas han querido emplear para pedirle directamente al dirigente de Coalición Canaria que «expulse» al PP del Gobierno de coalición que comparten, señalando a los populares como «el enemigo», por haber rechazado en julio la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que automatizaba el reparto de menores migrantes.
En aquella ocasión el PP argumentó su rechazo a la reforma, que firmaron PSOE y Coalición Canaria, en que hacía falta dotar de fondos esos repartos. Más tarde, en septiembre, Feijóo firmó un acuerdo con el presidente de Canarias donde se reclamaba un paquete de políticas migratorias junto a esa reforma, que aliviaría la presión migratoria de las islas. Una propuesta respaldada por 14 gobiernos autonómicos del PP que enviaron al Gobierno, que la descalificó, y de la que, denuncian, no han recibido ni respuesta ni contrapropuesta alguna.
El PP ha acusado en las últimas horas a Pedro Sánchez de «utilizar» el asunto migratorio para desestabilizar y en último lugar «tumbar» la coalición que gobierna Canarias. «El Gobierno no tiene interés en resolverlo, sólo quiere enredar«, resumen fuentes populares, que admiten que en un primer momento consideraban que el rechazo del PSOE a abrir una negociación real provenía del Ministerio de Hacienda y respondía a «razones económicas», tras pedir que se asociaran fondos al reparto de migrantes. Sin embargo, ahora descartan que sea ese el motivo y apuntan única y exclusivamente a una «estrategia» del Consejo de Ministros para tratar de acabar con uno de los gobiernos autonómicos participados por el PP y así restarle poder territorial.
A esta estrategia atribuyen también el hecho de que el Gobierno haya situado al frente de la negociación migratoria a una figura como la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias hasta el año pasado y un dirigente que, critican en el PP, «no tiene competencias» sobre este asunto. El PP, sin embargo, no cierran la puerta a que la estrategia que atribuyen al Gobierno termine dando sus frutos. Preguntados sobre la posibilidad de una ruptura entre Coalición Canaria y populares, apelan al partido en las islas, sin exhibir convicción sobre el blindaje de la alianza en el ejecutivo canario.
Plan de acción
En el partido de Alberto Núñez Feijóo son conscientes de que «Clavijo quiere un acuerdo» sobre migración para aliviar de manera inmediata la situación extrema de Canarias, independientemente de quiénes formen parte de él.
El plan de acción conjunto firmado en septiembre entre Feijóo y el presidente canario constaba de nueve puntos que pasaban por la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes; la declaración de emergencia migratoria nacional y no solo en las islas y en Ceuta; y garantizar el control en fronteras con más controles policiales, un pasaporte de tránsito, más recursos en la Comisaría General de Extranjería, el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad en los países de origen, solicitar a la UE el despliegue de Frontex y aumentar el personal en la tramitación de expedientes de retorno. Ya sobre los menores migrantes no acompañados, el acuerdo planteaba fijar los criterios de reparto entre comunidades autónomas y el Gobierno central, garantizando que “ninguna comunidad quede exenta de la recepción”, después de que Cataluña se descolgase, y asegurando que “todos los trasladados son menores y no adultos”.
De esas peticiones, sólo ha visto la luz la convocatoria de la conferencia de presidentes que tuvo lugar hace diez días y que no fructificó en ningún acuerdo después de que, critican los populares, el Gobierno no pusiera sobre la mesa ninguna propuesta. La falta de avances llevó este lunes a Clavijo a cargar contra Gobierno y PP por ser «cómplices» del drama migratorio que viven en Canarias. Al primero le acusó de haber «dejado sola a Canarias» al no intervenir por la vía del real decreto, que hasta ahora ha sido descartada por Moncloa al no tener garantizados los apoyos. Y al segundo le reprochó que «se parapete en excusas para no dar el paso y llegar a un acuerdo que dé altura a un drama humanitario».
En el principal partido de oposición apelan estos días a las políticas migratorias de otros países de la UE que han «cerrado sus fronteras» para evitar la inmigración irregular frente al «coladero» de España, y acusan al Gobierno de «promover el efecto llamada» entre las mafias que operan en aguas españolas, al no implementar propuestas de control migratorio. Los populares avanzan las dificultades que encontrará el Gobierno para lograr el apoyo de las comunidades autónomas a una eventual reforma «si no hay certidumbre de que la sangría migratoria no se va a frenar«.
A nivel europeo, el socialista alemán Olaf Scholz lleva meses apostando por endurecer su política migratoria y firmó un acuerdo para combatir las mafias con el primer ministro británico, el también progresista Keir Starmer. La que más polémica suscita es sin duda la italiana Giorgia Meloni, que además de desembolsar cantidades muy importantes de dinero a países emisores para que colaboren, ha cerrado acuerdos bilaterales con vecinos como Albania para trasladar inmigrantes a ese Estado y, sobre todo, ha aplicado mano dura con oenegés multándolas y bloqueando sus barcos como ha ocurrido con Médicos Sin Fronteras tras salvar a cientos de personas en el Mediterráneo.
