La mayoría del Partido Popular en el Senado prometía guerra desde el minuto uno de la legislatura y así ha sucedido durante este primer año. Primero con la ley de amnistía, aunque los conservadores entregaron relativamente pronto la cuchara en este sentido. Después, con la reforma de una ley orgánica que aprobó el Congreso por unanimidad y que se descubrió que beneficiaba en cierto punto a los presos de ETA que cumplieron parte de su condena en el extranjero. Los populares calificaron de error aquel voto y en un intento por lavar su imagen, utilizaron la Cámara Alta para prestar batalla hasta el punto de que han elevado el asunto al Tribunal Constitucional, presentando el conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados por haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado el texto en cuestión.
El choque institucional entre las dos cámaras de las Cortes Generales llegó a su climax el pasado mes de noviembre, cuando se confirmó la maniobra que orquestó el PP en el Senado. La mesa de la Cámara Alta, presidida por Pedro Rollán, presentó ante el Constitucional la publicación por parte del Congreso del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que trataron de vetar sin efecto en octubre. La reforma se encuadraba en el cumplimiento de la directiva europea 2022/2523, y en un principio salió de la Cámara Baja con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluyendo los de la oposición.
Fue tras el aviso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, posterior a que la reforma saliera con el apoyo del Congreso y rumbo al Senado, cuando se puso de manifiesto que el cambio de normativa en la convalidación de penas, podía beneficiar a algunos de los condenados por terrorismo de la banda ETA. Aquellos que hubieran cumplido parte de su pena en el extranjero, verían reducida su condena, saliendo antes de lo previsto de prisión. Este fue el punto de inflexión que hizo que PP y Vox se trataran sin éxito de vetar la ley en su votación en el Senado, para tratar de enmendar lo que ellos mismos califican como un «error«.
Maniobras para enmendar el “error”
Desde que el asunto inundó los titulares de los principales medios de comunicación del país, el Partido Popular asumió el papel de indignado ante la modificación de la Ley Orgánica 7/2014. Un texto que salió de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados –también del Pleno- con el respaldo de todos y cada uno de los grupos que conforman el arco parlamentario, incluyendo a Vox y al propio PP. Sin embargo, la plácida tramitación parlamentaria se vería emborronada por las maniobras de los conservadores, que exprimieron el reglamento de las cámaras hasta la extenuación para acabar forzando otro choque de la Cámara Baja con el Senado.
Acusaciones a Moncloa de distorsionar el proceso legislativo mediante, el Partido Popular se guardaba en la recámara la bala de la mayoría absoluta en el Senado. La Cámara Alta tenía en sus manos la modificación y estaban dispuestos a torpedear al máximo su aprobación, aunque resultara absolutamente inocua, habida cuenta de que los populares no presentaron enmiendas durante el proceso pertinente y el plazo ya estaba cerrado cuando saltó la liebre de la polémica. Pero aquella barrera legal no frenó a la mayoría conservadora de la Cámara de representación autonómica, que se valió de un resquicio legal para frenar la aprobación del texto.
Cuando parecía que se quedaban sin opciones, el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), valiéndose de un informe de la letrada mayor, anunciaba que la Ley Orgánica deshacía el camino en dirección al Congreso de los Diputados. Según se desprendía de tal escrito, las conclusiones de los servicios jurídicos de la Cámara Alta daban por bueno el rechazo del Pleno para considerarse de facto un “veto”, a pesar de que no fuera registrado ni en tiempo ni en forma.
Así, Rollán trasladó su veredicto a la presidenta del Congreso de los Diputados un lunes por la tarde, complicando sobremanera la lectura y posterior análisis por parte de los letrados de la Cámara Baja. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Carrera de San Jerónimo trabajaron a contrarreloj para redactar una respuesta al escrito del presidente del Senado. Réplica que llegó al día siguiente, sin haber transcurrido siquiera 24 horas desde el envío de Rollán, y dejando la ley orgánica vista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por supuesto, contra el criterio del popular, que urgía a su homóloga a continuar con el trámite parlamentario y someter el veto del Senado a votación; que en cualquier caso hubiese sido aprobado por la mayoría del Pleno.
El Senado mantuvo el pulso al Congreso, incidiendo en la estrategia de desgaste que desplegaron los populares con la Ley de Amnistía, pero elevándola a la enésima potencia al elevar el conflicto al Tribunal Constitucional. Un paso al que jamás se llegó durante la tramitación de la Ley de Amnistía y que rompe cualquier tipo de molde desde la reinstauración de la democracia en España.
Primer fuego sofocado
No es la primera vez que el Partido Popular amaga con quemar todas las naves en el campo de batalla institucional. Ya ocurrió con la Ley de Amnistía, aunque se quedaron a medio camino. Los populares incendiaron el proceso de tramitación del mentado texto al no disponer de modo alguno de vetarlo en la Cámara Baja. Por ello, se valieron de su mayoría absoluta en el Senado para hacer que, como poco y en consonancia con sus modus operandi, la votación se retrasara y acusara un mayor desgaste tanto al Gobierno de coalición como a las fuerzas que componen el bloque de la investidura.
En este margen se movía el PP que antes de entregar la cuchara llegó a agitar la espada del Tribunal Constitucional con vehemencia. Los conservadores aprobaron en la Cámara de representación territorial un conflicto de competencias inédito en democracia para requerir formalmente a la institución presidida por Francina Armengol que retirara la proposición de ley de amnistía al considerar que era una reforma encubierta de la Constitución. Así, tras pasar por la Mesa del Senado, el conflicto siguió su curso hacia el Congreso, aunque el órgano competente –la Mesa- lo rechazaron, por lo que sólo quedaba la vía de la Justicia.
No obstante, pocas semanas después, los populares entregaron la cuchara por completo y utilizaron su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para claudicar ante Armengol y el PSOE. Los conservadores, para sorpresa de unos cuantos, aprobaron un escrito que dejaba sin efecto el choque institucional con el Congreso de los Diputados, descartando así elevar el caso al Tribunal Constitucional. No obstante, en el texto señalaban a la Cámara Baja, acusándola de “incumplimiento del presupuesto procesal”. En cualquier caso, los servicios jurídicos de la Carrera de San Jerónimo resaltaban la derrota conservadora al entender que el “Senado no puede intentar subvertirlas legítimamente ejercidas por el Congreso en el marco del procedimiento legislativo.
